Imagen de portada: Natalia Tealdi

En Pergamino, núcleo sojero de la provincia de Buenos Aires, allí donde el gigante mundial Monsanto tiene sus campos de experimentación transgénica, ocurre lo que no pasa en ningún otro lado: una cautelar que extiende las distancias de fumigación para no afectar el ejido urbano; un municipio obligado a repartir bidones de agua en barrios con presencia de agrotóxicos; tres productores procesados por “contaminar” el ambiente; y las detenciones, históricas, del dueño de un campo, un ingeniero agrónomo y un aplicador por pulverizar a menos de cien metros de dos escuelas. “Luchamos para expandir estas conquistas a todas las localidades de la Argentina”, avisan los vecinos que, con sus denuncias, enfrentan el costado más cruel del agronegocio.

El miércoles pasado, por orden del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, fueron detenidos Marcelo Daniel Acerbo, dueño de un campo ubicado en el paraje Juan A. de la Peña, en el partido de Pergamino; José Luis Grattone, ingeniero agrónomo y arrendatario del predio; y Cristian Gabriel Taboada, empleado que maniobraba el “mosquito”, acusados de “violar las medidas precautorias dispuestas por la justicia” al fumigar con agrotóxicos a 90 metros de la Escuela N° 19 y del Jardín de Infantes N° 920. Luego de negarse a declarar, los tres fueron liberados, aunque continuarán vinculados al proceso.

Acerbo, además, fue acusado de amenazar al delegado municipal de Juan A. de la Peña, Luis Alberto Monteau, con la intención de que dejara de denunciarlo. “La circunstancia apuntada se enmarca en un acontecimiento de hostigamiento o amenaza a testigo o víctima, que a la luz de los hechos relatados entorpece la averiguación de la verdad y denota fuertes indicios acerca del comportamiento de los imputados, dato este último que oportunamente habrá de valorarse en el transcurso del proceso y en la etapa respectiva”, detalló Villafuerte Ruzo en la resolución que ordenó la detención de Acerbo.

“Hubo muchas denuncias previas. Por ejemplo, el vecino que denunció a Acerbo por fumigar donde estaba prohibido también fue amenazado y está con mucho miedo. Hay videos y fotos donde se ve que el productor contrató a la policía provincial para que custodie la fumigación. Una locura”, se queja Sabrina Ortiz, la vecina que viene denunciando desde 2011 las fumigaciones que causan problemas de salud en niños y adultos.

Ortiz –hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino y querellante en la causa– ya sufrió dos ACV isquémicos, perdió un embarazo y tiene en el cuerpo niveles de glifosato y lambdacialotrina (un insecticida de la marca Syngenta) en una cantidad 58 veces más alta de lo tolerable. Los valores de contaminación en la sangre de sus dos hijos también son alarmantes.

“En Pergamino igual son pocos los que apoyan lo resuelto por la Justicia. Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Agrónomos ya se pronunció en defensa del detenido. Ellos sostienen que no es para tanto que se haya pasado diez metros de la ordenanza”, remarca Ortiz (ver recuadro).

Villafuerte Ruzo ya había ordenado suspender la aplicación de agrotóxicos en tres barrios de Pergamino, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara que las muestras de agua estaban contaminadas con 18 agroquímicos, casi la mitad de los cuales son considerados cancerígenos. Además, procesó a tres productores por encontrarlos “prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación ambiental en general, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos”.

“Lo que sucede en Pergamino es ni más ni menos que la aplicación de la Ley de Residuos Peligrosos en el marco de la Justicia federal a partir de que se acreditó la contaminación del agua. Se tuvieron que alinear los planetas para que esto ocurriera en el centro del agronegocio”, dice el abogado ambientalista Fernando Cabaleiro.

Tan en serio se tomaron la causa en Pergamino que el jueves pasado la Justicia allanó el Hospital Regional San José y el Centro de Atención Primaria de Villa Alicia, luego de que las autoridades no enviaran las historias clínicas y constancias médicas solicitadas.

“Hubo más de 20 testimonios de vecinos que debieron ser atendidos por los efectos de las fumigaciones –explica Cabaleiro–. Si no se dejó constancia de eso quiere decir que hay un ocultamiento. La Justicia también le pidió al Senasa los estudios científicos presentados por las empresas, pero tampoco respondieron. Esto tiene que llegar al fondo, hasta el Senasa y hasta Monsanto, y no sólo contra el municipio y los productores“.

“Se está demonizando una práctica productiva”

Herrera, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA), está preocupado. “Creemos que lo que sucedió en Pergamino (en referencia a la detención del ingeniero agrónomo José Luis Grattone) es peligroso. Tomar al agroquímico como un demonio, porque en definitiva lo que se está haciendo es demonizar una práctica productiva, es dejarse llevar por el miedo, y entonces se deja de razonar y se actúa por impulso”.

Si bien la solidaridad con Grattone es absoluta, Herrera reconoce que “la sociedad no acepta la laxitud en la aplicación de agroquímicos; quiere un control mayor que le garantice más eficiencia y la mínima contaminación. Obviamente, como colegio nuestro objetivo es el cuidado del ambiente y la salud humana, y recién después el resultado productivo”.

“No existen –concluye Herrera– los controles necesarios de parte del Estado en las aplicaciones, y lamentablemente, la producción de alimentos hoy necesita de agroquímicos”.

*Por Gastón Rodríguez para Tiempo Argentino.

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