En esta entrevista, resalta que los tribunales pongan en el banquillo de los acusados a una compañía poderosa por haber incumplido la ley francesa de Deber de Vigilancia.

 

Cataratas Murchison es un parque nacional protegido en Uganda cuya biodiversidad corre serio peligro debido a un megaproyecto petrolero encabezado por la mayor empresa de Francia, Total, que planea perforar más de 400 pozos para extraer cerca de 200.000 barriles de crudo por día. El oleoducto asociado tendrá una extensión de 1.445 kilómetros. No solo la flora y fauna están en riesgo, también las comunidades.

Esta situación llevó en 2019 a cuatro organizaciones sociales de Uganda (AFIEGO, CRED, NAPE /Amigos de la Tierra Uganda y NAVODA) y dos de Francia (Amigos de la Tierra Francia y Survie) a demandar a Total ante los tribunales franceses por no haber elaborado y ejecutado un plan de vigilancia ambiental y de derechos humanos correspondiente a nuevas exigencias legales francesas. Hay mucha expectativa porque es el primer procedimiento judicial de este tipo desde que en 2017 entró en vigor la ley francesa de Deber de Vigilancia para sancionar delitos cometidos por grandes empresas.

“Los impactos sociales y ambientales son de tal gravedad que entablamos esta demanda ante un juzgado de aplicación urgente ya que Total ha negado los cargos y continúa violando los derechos humanos en Uganda”, denunció Juliette Renaud, responsable de la campaña sobre Regulación de las transnacionales de Amigos de la Tierra Francia, en una entrevista con Canal Abierto.
 

¿Cómo han logrado que las violaciones a los derechos humanos y ambientales de la empresa Total en Uganda lleguen a los tribunales franceses?

-Se pudo gracias a una nueva ley por la cual peleamos durante varios años en Francia con otras organizaciones y sindicatos, que al final se promulgó en 2017. A pesar de sus defectos, sigue siendo la más avanzada e innovadora a nivel mundial, ya que reconoce de manera vinculante la responsabilidad de las casas matrices en Francia sobre las actividades de sus subsidiarias, contratistas y proveedoras en el mundo entero. Es para grandes empresas y multinacionales que ahora tienen la obligación legal de prevenir las violaciones a los derechos humanos, los daños ambientales que pueden existir por causa de sus propias actividades y de las actividades de las empresas en sus cadenas de valor tanto en Francia como en el extranjero. Nuestro juicio contra Total por sus actividades en Uganda es la primera acción que se hace con esta ley.

¿Cómo está el proceso judicial hoy?

-Por la situación grave en Uganda usamos un procedimiento de emergencia para que la decisión judicial no lleve años. Fuimos a la corte en octubre, en diciembre tuvimos la audiencia judicial y el 30 de enero el tribunal dará su decisión. Es un mecanismo preventivo para evitar nuevas violaciones a los derechos humanos y ambientales, ya que muchos miembros de la comunidad ya fueron expulsados de su tierra con intimidaciones y sin recibir una compensación previa y justa. Con este proceso judicial buscamos proteger a las decenas de miles de personas que están amenazadas por este megaproyecto petrolero, y evitar un desastre ambiental, ya que la fase de producción todavía no empezó.

En el caso de ser favorable generaría un precedente muy importante. Por ejemplo, el caso de Chevron en Ecuador donde observamos cómo las compañías transnacionales se escudan en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) para tener inmunidad/impunidad.

-Exacto. De hecho, Total inició un arbitraje contra Uganda por temas fiscales para este proyecto. Es un accionar común de las trasnacionales petroleras. Hay mucha presión alrededor de este caso, porque es el primero con esta ley y puede sentar precedente. Aunque Total trate de minimizar la situación hay que destacar que el tribunal se toma en serio esto al dar una audiencia más larga de lo habitual, y con un panel de tres jueces en lugar de uno.

¿Diría que las prácticas coloniales históricas en África, antes cometidas por las potencias europeas, son perpetradas ahora por sus trasnacionales?

–Total es la mayor empresa francesa, no solo la mayor petrolera, y se fusionó con ELF. La historia de ELF está ligada a las colonias y a las dictaduras en África. Una política que denunciamos como neocolonialista, neoimperialista. El Estado francés usa de la diplomacia económica para hacer lobby por las empresas francesas en mercados y países africanos. Total se está extendiendo fuera de los países que tradicionalmente estaban bajo influencia francesa. Ahora también investigamos a la empresa por su proyecto gasífero en Mozambique.
 

Señalaba que miembros de la comunidad de las cataratas Murchison y el lago Albert están siendo asediados.

–Son 5.000 los que ya fueron desplazados y decenas de miles de otros ahora amenazados. En diciembre de 2019, vinieron a Francia dos testigos, miembros de la comunidad, a denunciar las violaciones a los derechos por la expropiación de sus tierras. Total les prohibió su uso, incluso antes de pagar las compensaciones. Los testimonios hablan de hambre, pérdida de acceso a la salud y la educación. Estos dos testigos son víctimas de intimidación desde hace años. Uno de ellos se rehusó a firmar la cesión de su tierra y el otro es uno de los líderes que representa a las comunidades para negociar con Total y el gobierno. Luego de participar en el juicio, en el retorno a su país, uno de ellos, Jelousy Mugisha, fue detenido por nueve horas en el aeropuerto de Kampala en Uganda con la excusa de problemas con su pasaporte, pero todo el interrogatorio fue sobre el juicio contra Total. Cuando volvió a su pueblito, el otro testigo, Fred Mwesigwa, fue atacado en su casa por desconocidos, intentaron violar su domicilio de noche el 23 de diciembre y durante la Navidad. Ahora no están en sus casas por seguridad. Hay presiones sobre las organizaciones ugandesas y una aparente connivencia entre el estado ugandés y Total.

¿Cree que hay un debate internacional más consciente sobre el medio ambiente?

-Sí, ahora tenemos más apoyo y visibilidad en los medios en Francia. Hace más de un año se incrementaron las marchas por el clima, hay más conciencia social, y por lo tanto esos temas llegan a la agenda política y electoral. El problema es que los partidos se pintan de verde pero para la gran mayoría es solo una pose, no hay un cuestionamiento al modelo económico que es responsable de las crisis actuales.

Fuente: Canal Abierto