Organizaciones pro derechos de los Rohingya han expresado su gran preocupación por propaganda que el Ejército de Myanmar ha fomentado en su contra en Rajine.
Una casa totalmente quemada de los Rohingya en la aldea de Gawdu Tharya, cerca de Maungdaw, en el estado de Rajine, Myanmar, 7 de septiembre de 2017.
Mediante una declaración conjunta emitida este domingo, 29 defensores de los derechos de esta minoría étnica musulmana han advertido de las crecientes tensiones entre los Rohingya y los residentes del estado oriental de Rajine, en su mayoría budista, y han acusado al Ejército de Myanmar (Birmania) de intensificar una “guerra propagandística” en la zona.
“La Tatmadaw [Ejército birmano] está tratando de instigar más conflictos entre los Rohingya y otros residentes de Rajine, y destruir su coexistencia pacífica en este estado”, reza el comunicado.
Los defensores han alertado que la muestra de solidaridad entre las dos comunidades “está poniendo nerviosa” a la Tatmadaw, razón por la cual, está tratando de suscitar discordias entre las mismas.
Al respecto, han afirmado que los acontecimientos inquietantes que se derivan de tal instigación, confirmados por múltiples fuentes confiables, ponen en grave peligro la vida de los 600 000 Rohingya que se encuentran en el estado de Rajine, así como de toda la gente que vive allí.
El estado de Rajine es epicentro de una fuerte violencia contra los Rohingya, iniciada en agosto de 2017. En ese entonces, el Ejército birmano lanzó una brutal campaña militar contra la población Rohingya. Mató a mujeres, hombres y niños, violó a mujeres y niñas, y arrastró a hombres y niños a lugares de detención y los torturó. Los abusos fueron tales que más de 700 000 personas huyeron cruzando la frontera rumbo a Bangladés.
En las primeras confesiones de dos de los militares involucrados en los crímenes cometidos contra los Rohingya, los uniformados narraron cómo sus superiores les ordenaron matar y violar a niñas y mujeres, en lo que ha sido catalogado por grupos de derechos humanos como crímenes de lesa humanidad.
Los militares y el Gobierno de Myanmar se enfrentan a una acusación de genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, un caso que podría dilatarse en el tiempo hasta que se llegue a un veredicto. Y, mientras, los refugiados de la minoría musulmana se preguntan cuándo les ofrecerán garantías para que puedan volver a sus hogares.