La política de Colombo de quemar a todas las víctimas de COVID-19 fallecidas ha tenido un impacto desproporcionado en la comunidad musulmana que ha sufrido más de 100 muertes y cuya religión requiere el entierro.

En respuesta, el MCB ha creado un grupo de trabajo encabezado por la Subsecretaria General, Zara Mohammed, que consta de órganos representativos de Sri Lanka con sede en el Reino Unido, abogados, expertos médicos y líderes superiores de la comunidad, según informó Islamic Bridge.

El grupo de trabajo ha escrito al Secretario de Relaciones Exteriores y al Alto Comisionado de Sri Lanka para solicitar una revocación inmediata de la política de cremación forzada y para destacar su impacto en las comunidades musulmana y cristiana.

Tayab Ali, socio del bufete de abogados líder en Londres Bindmans LLP, dijo: “Las cremaciones forzadas de cuerpos musulmanes en Sri Lanka son una grave violación de la libertad religiosa de un grupo minoritario”.

Además, la rápida e injustificada desestimación por parte del Tribunal Supremo de Sri Lanka de la solicitud presentada por los familiares del fallecido no deja ningún recurso interno para lo que algunos han descrito como persecución en curso de la minoría musulmana en Sri Lanka.

Ahora nos estamos preparando para llevar este asunto a la atención urgente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para su resolución”.

El MCB agregó que la política de cremación forzada es inconstitucional y continúa devastando a las familias de los fallecidos.

AIN