El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promulgó este martes la ley que privatiza la estatal Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de América Latina, con algunos vetos que permiten eliminar una protección social por un año para los trabajadores que sean despedidos, que había sido aprobada por el Congreso.
Por Pablo Giuliano
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promulgó este martes la ley que privatiza la estatal Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de América Latina, con algunos vetos que permiten eliminar una protección social por un año para los trabajadores que sean despedidos, que había sido aprobada por el Congreso.
La sanción de la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Unión y los 14 vetos aplicados por Bolsonaro configuran un mensaje hacia el mercado financiero, que reclamaba por una mayor reducción de exigencias a los futuros nuevos accionistas de Eletrobras.
Entidades de consumidores consideraron que con la privatización el costo de la energía será un 15% más caro
Entidades de consumidores consideraron que el costo de la energía eléctrica será un 15% mas caro que el actual con la privatización, a raíz de que el oficialismo en el Congreso, con ayuda de liberales derechistas opositores, han retirado medidas de control de impacto de precios.
El Gobierno, en cambio, indicó que la tarifa se puede reducir en hasta 7,36%, aunque la privatización ocurre en un duro momento de la energía hidroeléctrica de Brasil, su principal fuente, a raíz de la peor sequía de los últimos 91 años en las cuencas del sur y sudeste del país, incluida la del Río Paraná.
Qué dice la ley
La ley determina que la privatización será por venta de acciones de la empresa, que tiene capital abierto y cotiza en la Bolsa de San Pablo, aún siendo estatal: el plan es que Eletrobras deje de tener el 60% del paquete accionario y lo reduzca al 45%.
Bolsonaro, con la promulgación de la ley, retiró toda la cobertura social por despidos que generará la privatización que había articulado el Congreso, incluso su base oficialista, en un contundente mensaje al mercado financiero en medio de la peor popularidad de su mandato y con proyecciones de no ser reelecto el año que viene frente a expresidente Lula da Silva.
El presidente prohibió que los futuros despedidos puedan adquirir acciones de la empresa con descuento como parte de su indemnización y también eliminó la cláusula que permitía que los futuros despedidos pudieran ser empleados por otras empresas u órganos del sector público vinculado a la energía por “aumentar costos”.
También Bolsonaro vetó que el Senado deba evaluar a los directores del Operador Nacional del Sistema Eléctrico, el responsable por la coordinación de toda la red de generación y transmisión del país.
La venta de Eletrobras se concreta mediante paquete accionario, como ocurrió también con la gigante de las estaciones de servicios de la petrolera Petrobras, llamada BR Distribuidora, hoy en manos de fondos de inversión que poseen la mayoría accionaria.
Antecedentes
El primer intento de privatización de Eletrobras había sido entre 2016 y 2018 durante la gestión de Michel Temer, cuya agenda de venta del patrimonio público se profundizó con la llegada de Bolsonaro con su ministro de Economía, Paulo Guedes, un ultraliberal de la escuela de Economía de la Universidad de Chicago que reivindica a Ronald Reagan, Margareth Thatcher y Augusto Pinochet, para quien trabajó en Chile en los años ochenta.
Bolsonaro va por más
El Gobierno planea que el Congreso apruebe a fin de año la venta de la estatal Correios, la empresa de logística más grande de América Latina, fundada hace más de tres siglos por el Reino de Portugal, mediante una subasta, en un negocio en el que oficialmente los funcionarios admiten interés de la multinacional argentina Mercado Libre y la estadounidense Amazon, además de los players locales brasileños.
La presidenta del opositor Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, había dicho que en caso de que gane las elecciones de 2022 el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva se iban a revisar medidas como la venta de las empresas públicas.