El ministro Álvaro López Miera y la brigada especial nacional han sido designados bajo la Ley Global Magnitsky, según el sitio web del Tesoro.
El presidente de EEUU, Joe Biden, declaró que las últimas sanciones son "solo el comienzo" de un conjunto de medidas que la administración Biden realiza contra individuos y entidades responsables de oprimir al pueblo cubano.
"Hoy, mi administración está imponiendo nuevas sanciones contra elementos del régimen cubano responsables de esta represión - el jefe de las fuerzas armadas cubanas y la división del Ministerio del Interior que impulsa la represión - para hacerlos responsables de sus acciones. Esto es solo el comienzo: EEUU seguirá sancionando a los responsables de la opresión del pueblo cubano", afirmó Biden.
 

El mandatario añadió que que su Gobierno está revisando la política de remesas de EEUU con respecto a Cuba para determinar la mejor manera de apoyar al pueblo de ese país.
"Estamos revisando nuestra política de remesas para determinar cómo podemos maximizar el apoyo al pueblo cubano", dijo Biden en un comunicado.
En un comunicado emitido el 22 de julio por el Departamento del Tesoro de EEUU, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a un individuo cubano y a una entidad cubana de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en e implementa la Ley de Responsabilidad de Derechos Humanos Global Magnitsky y se dirige a los perpetradores de graves abusos contra los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.
 

La ley Global Magnitski sobre Responsabilidad de Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act o Ley Magnitsky Act) es una legislación aprobada en EEUU en 2012 que persigue unilateralmente a ciudadanos extranjeros acusados de supuestos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, y fue dirigida inicialmente contra el Gobierno de la Federación de Rusia, después de la muerte del ciudadano Serguéi Magnitski, ocurrida en 2009.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó de "infundadas y calumniosas" las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de EEUU contra el ministro de las Fuerzas Armadas, general Álvaro López Miera, y la Brigada Especial Nacional de la policía, por la supuesta represión contra manifestantes opositores durante protestas que tuvieron lugar el 11 de julio.
 

El 21 de julio, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que EEUU confía en que tiene más margen para emitir sanciones contra el Gobierno cubano en el contexto de su respuesta a las protestas que han tenido lugar en la isla.
El 11 de julio tuvo lugar en Cuba una manifestación popular en el occidental municipio de San Antonio de los Baños, detonada por la crisis económica y el incremento de los casos de COVID-19, la cual fue replicada luego en otras localidades del país.
Las protestas, sin precedentes desde el triunfo en 1959 de una Revolución liderada por Fidel Castro, derivaron en choques con fuerzas del orden y simpatizantes del Gobierno, llamados por el presidente Miguel Díaz-Canel a defender las calles.
En ese escenario se registraron disturbios y actos vandálicos que motivaron una serie de arrestos en el país, y al menos una persona murió en circunstancias no especificadas en un choque con la Policía en La Habana.
 

Díaz-Canel admitió que existen razones para el malestar social, pero las achacó fundamentalmente al bloqueo económico, financiero y comercial que EEUU mantiene contra Cuba hace más de seis décadas.
Las autoridades cubanas acusan a EEUU de estar detrás de los disturbios que tuvieron como resultado la muerte de una persona, decenas de heridos y cientos de manifestantes arrestados.
 

Fuente: Sputnik