Por Orlando Milesi
Una explosión de campamentos irregulares, tanto en carpas como en viviendas precarias, se ha producido en Chile por el fracaso de la política de vivienda y de los subsidios oficiales para el sector, agravado por el incremento de la pobreza, la pandemia de covid-19 y la masiva llegada de migrantes.
“Hace tres años nos iban a desalojar y mis hijos se iban al colegio sin saber si al regresar su casita iba a estar. Una mañana íbamos al colegio y venían llegando los carabineros (policías armados). Muchas veces me tuve que devolver del trabajo. Fue caótico, difícil y angustiante”, contó Melanni Salas a IPS durante una visita al lugar.
Salas, de 33 años, preside Senda 23, uno de los cinco campamentos que reúnen a 300 familias que ocuparon terrenos públicos en Cerro 18, en la comuna (municipio) de Lo Barnechea, en el este de Santiago. Allí han ido levantando viviendas con maderas y otros materiales a su alcance, que poco a poco tratan de mejorar.
La amenaza de desalojo cesó al iniciarse la pandemia de covid, pero la espada pende sobre sus viviendas pues desde la Municipalidad (alcaldía) “nos construyeron una fosa séptica y nos dan regalos para Navidad, pero de la cuestión habitacional nada”, detalló.
Antes, esta dirigente vecinal vivió 19 años como allegada, el nombre que se da en Chile a las personas o núcleos familiares que comparten una vivienda de parientes o no, donde viven hacinados. El 2016 ocupó el terreno donde construyó -junto a su esposo Jorge- la precaria vivienda donde habita ahora con sus tres hijos de 15, 13 y 5 años.
“Esto era un basural y ahora está limpio y hay casas. A la mía entra un poco de lluvia porque es de madera y por el fuerte viento. Pero tengo agua potable, luz y alcantarillado gracias a mi suegra que vive más arriba. La familia vecina no tiene agua ni alcantarillado. Es una pareja con tres hijos y uno de ellos, Colomba, nació hace una semana”, relató Salas.
Explica que sus vecinos “van al baño donde su hermano que vive cerca, pero durante el embarazo ella regresó a casa de su mamá”.
“Cada día más de 10 familias llegan a vivir a un campamento en Chile”, sostiene la Fundación Techo, una organización social dedicada a luchar contra la exclusión habitacional en las ciudades de este país sudamericano y andino.
El problema aparece también en las avenidas y parques donde cientos de hombres y mujeres instalan carpas para dormir, cocinar, lavarse y convivir delante de transeúntes ya habituados a la escena.
En los últimos dos años aumentó a 81 643 el número de familias que sobreviven en 969 de estos campamentos con casi nulo acceso a agua, energía y servicios sanitarios, reveló un Catastro de la Fundación.
En Chile han pasado a llamarse campamentos también a las antiguas callampas, los asentamientos tugurizados e informales como el de Salas, que se levantan en terrenos ocupados con viviendas de materiales ligeros, aunque después puedan irse consolidando, pero que siguen careciendo de servicios básicos.
Están principalmente en Santiago y Valparaíso, a 120 kilómetros al norte de la capital, en el centro de Chile. Pero también se extienden por las norteñas ciudades de Arica y Parinacota y en la sureña de Araucanía. En ellos viven 57 384 niños y niñas menores de 14 años y unos 25 000 migrantes, en su mayoría colombianos, venezolanos y haitianos.“Hoy viven allí familias que hace seis meses o dos años vivían allegados, en hacinamiento, arriendo informal, precario o abusivo. Eso es lo que se entiende como déficit habitacional”, indicó a IPS el director ejecutivo de Techo Chile, Sebastián Bowen.
“Las 81 000 familias que viven en campamentos son la parte visible del problema, pero el déficit habitacional, con todas las familias que no acceden a viviendas dignas, supera las 600 000 viviendas”, detalló.
El Estado entrega anualmente unas 20 000 soluciones habitacionales mínimas de carácter social, una cifra altamente insuficiente para cubrir las necesidades del sector.
Según Bowen, “si queremos solucionar la problemática de los campamentos, debemos cambiar estructuralmente nuestra política habitacional para garantizar el acceso a vivienda digna especialmente para aquellas familias con mayor vulnerabilidad”.
Esta explosión coincidió con las protestas sociales iniciadas en octubre del 2019 y con la llegada al país del coronavirus, en marzo del 2020.
La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), establece que actualmente 10,8 % de los chilenos viven en pobreza, lo que significa más de dos millones de personas, aunque es un porcentaje considerado muy inferior al real por las organizaciones sociales.
Chile, con una población de 19 millones de habitantes, es considerado uno de los países más desiguales del mundo, lo que se expresa en que 10 % de los hogares con mayores ingresos recaudan 251,3 veces más que el mismo porcentaje de menor renta.
Benito Baranda, fundador de Techo, una organización que ahora opera en varios países latinoamericanos, cree que la política de viviendas fracasó porque es “una de erradicación basada en el mercado, formando guetos habitacionales en terrenos donde las personas siguen viviendo de manera segregada”.
Esta política se basa además en una estructura de subsidios “nacida en dictadura y que ha permanecido porque este no es un derecho reconocido en la Constitución”, afirmó a IPS el ahora miembro de la Convención Constitucional que redacta una nueva ley fundamental, que finalmente sustituya a la heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
“Se traspasó al mercado la decisión de dónde van a vivir las personas.
No solamente la construcción de la vivienda. Y los terrenos se comenzaron a agotar y los disponibles y baratos eran los guetos”, explicó.
Baranda criticó la política de “erradicaciones”, “que armó guetos y generó un daño mucho mayor a las personas”, en referencia a las expulsiones forzadas de los pobladores de asentamientos precarios y su traslado a viviendas sociales construidas en los extramuros de la ciudad, una política iniciadas durante la dictadura de Pinochet y que cristalizó la segregación social en la capital.
Según Baranda, “en los cuatro últimos gobiernos se tuvo la menor construcción de viviendas para las familias de los niveles de mayor pobreza”.
Baranda resultó elegido como constituyente en unos comicios especiales en mayo y propone “generar una mecánica que reduzca progresivamente los tiempos de espera por una vivienda que hoy pueden llegar a 20 años”.
Isabel Serra, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, cree que “el tema de la vivienda en Chile particularmente se soluciona de alguna manera por las redes familiares…Acá hay mucho problema de hacinamiento y pequeñas familias se van adosando a la familia nuclear”, comentó a IPS.
Según Serra, la explosión de campamentos “claramente tiene que ver con el flujo de migrantes y eso ha crecido sobre todo en ciudades que también son polos funcionales o productivos o extractivistas”.
La académica criticó la política de subsidios porque estos “se traspasan al sector privado y lo que hacen es más bien ir subiendo los precios de las viviendas… y la mayoría no se logran ejecutar porque no van acorde al precio del suelo y de las viviendas”.
“Un mercado privado muy financiarizado ha hecho de la vivienda una herramienta de especulación económica…los inversores han decidido poner sus fondos en el mercado inmobiliario”, reveló.
El problema ya llegó a la Convención Constitucional, con 155 integrantes, que funciona desde al 4 de julio y tiene un plazo de 12 meses para redactar la ley fundamental, que luego deberá ser ratificada en un plebiscito.
En septiembre Melanni Salas y representantes de ocho organizaciones se reunieron con Elisa Loncón, presidenta de la Convención, para entregarle el libro “Constitución y pobreza” que incluye propuestas para garantizar el derecho a la vivienda.
“Ojalá que incluyan esto en la nueva Constitución. Las propuestas se levantaron por 25 000 personas excluidas…este documento busca que no nos dejen al margen como siempre”, detalló la dirigente vecinal.
Derecho humano
Baranda explicó que “estamos trabajando en la constituyente para que esto quede consagrado como un derecho y que el Estado asuma un rol protagónico, no en la construcción misma pero sí en la determinación de dónde van a vivir las personas y se genere el banco de suelos que hace mucho tiempo que se viene pidiendo”.
“Requerimos que la política, disponiendo de terrenos y expropiando los que no son de propiedad del Estado pueda generar proyectos habitacionales en lugares donde hay inclusión social”, destacó.
La académica Serra coincide que “cuando se discuta el tema de la vivienda en la Constitucional tiene que ver cómo el Estado compra y vende suelos”.
“La vivienda es un derecho humano básico y debería estar consagrado en la Constitución y con todos los parámetros que se establecen para una vivienda digna”, sostuvo.
Serra demandó también “modernizar los instrumentos y la institucionalidad que se dedica a la provisión de viviendas” porque, adujo, “actualmente el rol de la provisión de viviendas lo tiene netamente el mercado”.
Advirtió que se requerirá “mucha voluntad política porque los de suelo en general son temas políticos, muy difíciles de implementar porque hay muchos intereses económicos”.
Celia Durán, conocida como Charito, vive en el campamento Mesana, en el cerro Mariposas de la ciudad portuaria de Valparaíso, junto a otras 165 familias, que siguen aumentando.
La Municipalidad entrega allí con camiones aljibes 3000 litros semanales de agua a cada casa.
Durán advierte, empero, que la prioridad es el acceso “porque si no hay camino quedamos aislados de todo: de bomberos, de agua, de ambulancias”.
En Mesana no hay alcantarillado, que se reemplaza por “pozos negros, baños sépticos y tuberías donde las personas tiran todo a la quebrada”, contó a IPS por teléfono.
En este cerro el viento es muy fuerte y por eso cada invierno vuelan las techumbres y se llueven las casas.
Ella, de 56 años, vive allí desde los 37 y confía en que del proceso constituyente salga una solución para el déficit de viviendas sociales, después de participar en reuniones con Jaime Bassa, vicepresidente de la Convención Constitucional.
“Tenemos la esperanza y expectativa de que el derecho a la vivienda sea estipulado. Así, si mañana no se cumple, uno puede ir a las autoridades con derecho a patalear”, aseveró.
“Queremos ser parte de la ciudad y que no nos segreguen lejos y nos obliguen a volver a los campamentos”, concluyó Durán.