Ontiñena, un pueblo de paisaje semidesértico de Los Monegros, se la conoce porque quiso ser Las Vegas. Sobre esas tierras áridas y de ovejas, en las inmediaciones de una localidad de apenas 602 habitantes, se habló de levantar un despropósito hace casi diez años: 32 casinos, 70 hoteles y cinco parques temáticos. Un macrocomplejo megalómano donde reinaría el juego, aunque las luces fluorescentes nunca se llegaron a encender.

Jamás hubo desfase. Todo siguió igual, salvo las leyes que el Gobierno de Aragón hizo a la carta para los promotores extranjeros de traje y chaqueta que se esfumaron sin colocar una piedra. Pero de Ontiñena, tan desapercibida y ajena, se vuelve a hablar para entender otras noticias.

En 2015, llegó lo que se teme que se convierta en otro negocio: el del agua en tiempos de sequía. Los regantes del pueblo optaron por que una compañía privada gestionara el agua que baña sus 3.400 hectáreas de regadío.

El amor fue fugaz: al año y poco los agricultores no le renovaron el contrato al ver que las facturas se habían encarecido. “No resultó buena idea”, resume con ligereza Enrique Isabal, presidente de la Comunidad de Regantes Acequia de Ontiñena, una entidad de Derecho público.

Pero las multinacionales no le quitan el ojo al campo. Últimamente se pasean por las tierras secas de Murcia, donde se baraja construir una macrodesaladora que los titulares ya llaman "la más grande del mundo".

I. Los dueños del agua

El agua en España tiene dueños con las manos sucias. Durante la crisis, con la excusa de unas arcas ahogadas, se hizo más común concederle llevar al sector privado, durante máximo 25 años, el ciclo urbano del agua. La fórmula extendida es que el agua sigue siendo pública pero se adjudica su abastecimiento y saneamiento a una compañía privada. Con ese modelo, abrir el grifo cuesta más.

scoció saber que un buen número de concesiones se dieron bajo la sospecha de que a algunos políticos se les había regalado entradas para partidos de la Champions, viajes a Nueva York y jamones. Más cuando, según datos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) de 2014, cada año se corta por impago el suministro a unas 300.000 personas que no pueden permitirse ese lujo llamado beber, ducharse y fregar.

A facturas de agua más cara se da la paradoja de que la privatización del agua de pueblos y ciudadanos se pudo hacer debido a sobornos: relojes de 6.000 euros y viajes lujosos pagados a políticos.

“En España existe un auténtico oligopolio. El 90% de la gestión privada del agua la controlan dos multinacionales: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Aguas de Barcelona (AgBar), que pertenece a Suez.”, explica a PlayGround Luis Babiano, de Aeopas.

FCC opera en Estados Unidos, México y Chile entre otros países. Suez, en Francia, Canadá, EEUU, México o Colombia.

En España, ambas arrastran trayectorias turbias. Al expresidente de FCC Construcción, Miguel Jurado, se le arrestó en 2016 junto a otros empresarios por participar presuntamente en la trama de Acuamed, que implica un desvío total de más de 20 millones de euros de los fondos públicos. Podrían haberse inflado los precios de lo que costaba descontaminar el embalse de Flix, entre otras operaciones. Jurado, tras abonar una fianza de 50.000 euros, salió de prisión y la compañía anunció que lo colocaba en su dirección de cobros y reclamaciones.

A Suez, si se habla de AgBar, le pesa el caso Pokemon. Porque Cofely, su filial dedicada a la eficiencia energética, acarrea la sombra de la operación Púnica en la que pudo urdir un “plan criminal” para lograr contratos de la mano de Francisco Granados, exsecretario general del PP-Madrid.

Pero Pokemon, que se llamó así por querer hacerse con todos, consistió en sobornos a alcaldes de municipios de Galicia, Asturias y Cantabria a cambio de las adjudicaciones de la gestión del agua urbana. La lupa alcanzó a Murcia y Alicante. El dinero sacado de los recibos de agua de los ciudadanos de estas provincias podría haber terminado en donaciones para la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), en relación por la trama del 3%.

A través de sus filiales, AgBar habría donado dinero al partido político para asegurarse licitaciones en Cataluña, una comunidad que solo desde 2008 a 2015 ha visto incrementar la factura del agua en un 78,8%. De ahí que a los agricultores de Murcia, o de cualquier parte, les preocupe que las multinacionales pretendan pegar su salto al campo.

El bautizo en los campos aragoneses, en la Las Vegas fracasada, tuvo el nombre de Aqualogy. Uno de los múltiples que usa Agbar - Aquagest, Hidraqua, Hisdrobal, Canaragua, Asturagua, Aquarbe, Aquara, Hidrogea, Hidralia, Aquanex, Viaqua- tras estallar los casos de corrupción.

II. Una desaladora murciana al lado de otra desaladora

“Desconfianza tenemos. Hace unos días vino Federico Ramos, el que fue Secretario de Estado de Medio Ambiente y ha fichado ahora, en octubre, por Suez (AgBar)”, dice José Luís Muñoz, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Murcia.

“Primero porque el agua debería ser totalmente pública. Si aumentan las tarifas, los pocos pequeños agricultores que quedan están perdidos. Segundo, porque no queremos que una compañía privada sepa cuántas tierras tenemos, dónde están, cuál es su valor. Aquí con el pelotazo urbanístico se expropiaron muchos campos. Es ilegal vender nuestros datos patrimoniales, pero es que ni siquiera queremos correr el riesgo”, sopesa.

"Desconfianza tenemos. Si aumentan las tarifas, los pocos pequeños agricultores que quedan están perdidos".

A Murcia no solo se la tiene en boca por la posible gestión privada de caudales. Sobre la mesa está emplazar una macrodesaladora que sacaría 352 hectómetros anuales. Se dice que completaría al esquilmado trasvase Tajo-Segura que se hizo para regar y que se construiría en el Valle de Escombreras, donde amarran buques petrolíferos y justo al lado de donde ya hay una.

La desalinizadora existente entra dentro de la investigación de una trama corrupta, presuntamente ideada por el expresidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel y su exconsejero Antonio Cerdá, para cubrir la demanda de más de 180 millones de m² de suelo recalificadados sobre los que se quiso construir 250.000 viviendas. La sospecha, para el abogado que se querelló, pasa porque para regar “harían falta 43 hectómetros y esa planta nunca ha dado ni la mitad”, declaró.

Con las cifras de lo que se necesita, Ecologistas en Acción se preguntan para qué tanta ambición con la nueva. Si no sería mejor un modelo más pequeño y, por supuesto, de gestión pública "para que no solo se venda agua al que la pueda comprar". “Las desalinizadoras nos parecen mejor opción que trasvases y embalses. Pero una faraónica no saldará las demandas, hará brotar más regadíos en esta zona seca y el riesgo de corrupción", dice Julia Martínez, de la organización ecologista.

El agua puede ser un negocio cuando falten las lluvias, y con el agua ya se ha jugado demasiado en el país.

Fuente: PlayGround