En los meses anteriores a la felonía, diversos movimientos estudiantiles venían exigiendo que el Colegio del Estado fuera transformado en universidad autónoma; también demandaban un incremento del subsidio oficial al plantel y la destitución del rector impuesto por el gobernador. Junto a los estudiantes hubo organizaciones de extracción popular que manifestaron su oposición al despotismo y corrupción del gobierno, entre aquellas agrupaciones, la de índole campesino liderada por el célebre Genaro Vázquez, quien a la postre iba a radicalizar su lucha y se convertiría en guerrillero. La autoridad del estado, encabezada por Raúl Caballero Aburto, un general egresado de la Escuela Superior de Guerra, respondió con mano dura a las demandas populares, lo que, en el caso específico de los estudiantes, hizo que endurecieran su postura, convocaran a la huelga y tomaran las instalaciones de su alma máter. El ejército, por órdenes de la administración estatal, fue enviado a la institución para sitiarla. Corría el mes de octubre.

La rebeldía estudiantil, la represión oficial…, caldearon los sentimientos de los guerrerenses, por lo que nacieron reacciones populares y se reavivaron otras antes apaciguadas. Las demandas de los grupos alzados eran de peso, como la disolución de los poderes del estado. El 10 de noviembre se sucede una suma de fuerzas de la que se desprende la Coalición de Organizaciones Populares (COP), cuyo pliego petitorio incluye, además de la mencionada desaparición de poderes, el enjuiciamiento de Caballero Aburto y la proscripción de los latifundios. En el aniversario de la Revolución, decenas de miles de personas (tal vez 10 mil como manejó el periódico La Prensa) se congregaron para manifestar su apoyo a la asociación popular de reciente creación.

De la COP vinieron acciones contundentes como la toma de ayuntamientos. Para el día de la tragedia eran ya 17 los tomados. De acuerdo al testimonio de un líder estudiantil y popular, en el ayuntamiento de Iguala fue volado un automóvil.

La tragedia acaeció un viernes cuando recién rebosaba el mediodía; sin saberse el porqué un soldado disparó y dio muerte a Enrique Flores, un electricista que participaba en la manifestación y apoyaba colgando mantas y conectando equipos de sonido. Como es de esperarse, la mala nueva se propagó rápidamente, al cabo, una indignada muchedumbre se congregó en la alameda Granados Maldonado. El ejército —más específicamente una sección del XXIV Batallón de Infantería — acudió sin dilaciones al lugar. El colectivo opuso resistencia. Inusitadamente, sin saberse el porqué como en el primer asesinato, los militares abrieron fuego contra los civiles… Cerca de 19 ciudadanos fueron asesinados por balas pagadas con las contribuciones de la misma ciudadanía.

A menos de una semana de consumado el crimen, el Senado ejerció una de sus máximas facultades y ordenó la extinción de los poderes del estado de Guerrero y designó a los interinos. La nueva administración, Arturo Martínez Adame a la vanguardia, efectuó acciones determinadas para aliviar las tensiones en el estado, clave fue la liberación de los estudiantes y demás civiles apresados en el asalto. Para seguir cebando la conciliación destituyó al rector y permitió la formación de un consejo que, a la postre, daría los primeros pasos en pos de la cimentación de la que años adelante sería la Universidad Autónoma de Guerrero.

A casi 60 años de la matanza, la UAG padece, igual que muchas de sus hermanas en los diferentes estados, de intromisiones políticas, aunque por ley debieran ser impermeables a esas mareas (no por nada sus apellidos indican autonomía). Esas intervenciones afectan la educación de millones de estudiantes quienes son, al menos por antonomasia, el «futuro de México».

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