Los rohingyas que llevan siglos establecidos en el estado birmano de Rakhine no son reconocidos como ciudadanos por las autoridades y son mantenidos en un extraño status de inmigrantes, obligados a vivir en ghetos y en campos cuasi de concentración, sin ningún tipo de derecho ciudadano. En estos últimos seis meses, una nueva campaña ordenada por el gobierno en las sombras de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, busca la “solución final al problema rohingyas”.

Con un número indeterminado de muertos (entre los que se incluyen a cientos de niños), torturados y desaparecidos, los rohingyashan sido expulsados de sus aldeas, y más allá de formalismos técnicos, no tienen derecho a retornar ya que sus tierras y sus pueblos han sido devastados por el Tatmadaw, el ejército birmano, junto a unidades paramilitares, compuestas por fundamentalistas budistas del grupo 969 y el ultranacionalista e islamofóbico Ma Ba Tha, (asociación patriótica de Myanmar).

La actual crisis, que remite a otras anteriores como la de 2012, no consigue que la comunidad internacional resuelva soluciones de una vez y para siempre la compleja situación, declaraciones de circunstancia, asemeja a ese pueblo a los palestinos, los kurdos, los saharauis o los tuareg.

En procura de ocultar en lo que se pueda el genocidio, que se encuentra en pleno desarrollo, las autoridades de Naipyidó, están llevando a cabo una rigurosa censura a la prensa, de la que no se libran siquiera representantes de medios occidentales. Además de haber negado autorización para llegar al lugar del conflicto a periodistas, la veda se extiende también a diferentes ONGs, funcionarios de las Naciones Unidas, grupos de ayuda y enviados de gobiernos extranjeros.

Tras ser arrestados el 12 de diciembre último, se acaba de conocer que la fiscalía birmana ha presentado cargos contra los periodistas de la agencia británica Reuters, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, por el incumplimiento de una ley de secretos oficiales, por lo que le podría caber hasta catorce años de prisión. Ambos periodistas fueron detenidos tras asistir a una cena, a la que fueron invitados por miembros de la policía, en las cercanías de Rangún, la antigua capital del país. En la acusación se hace constar que los hombres de Reuters tenían documentos “secretos”, posiblemente entregados por alguna fuente policial, en la que se detallaban algunas de las acciones del Tatmadaw, contra la minoría musulmana.

La profundización de la represión en Birmania está llevando a algunos sectores de la comunidad rohingyas, tanto a los que ya viven en el exilio -no solo en Bangladesh, sino en otros países musulmanes- como a que los que todavía permanecen en Birmania a optar por una respuesta armada.

Si bien ya se habían registrado algunos ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (Arsa), conocido también como Harakah al-Yaqin (Movimiento de la Fe), fundado en 2012 y acusado de haber asesinado en octubre pasado a nueve policías birmanos, este nunca ha tenido una fuerte presencia en la comunidad rohingyas. Y hasta ahora ha carecido de medios para equiparse y montar operaciones de relevancia contra un ejército como el birmano y un estado en sí mismo con gravitante peso político, altamente preparado y armado, que, por lo demás, desde hace décadas afronta varios conflictos internos con diferentes guerrillas separatistas, marxistas y pro chinas.

La represión iniciada en agosto pasado, tuvo como excusa castigar ataques contra algunos puestos policiales por elementos supuestamente vinculados al Arsa. No sería extraño que dichos ataques se hayan enmascarado, para justificar las acciones posteriores del Tatmadaw. Ahora existen indicios ciertos que la emboscada a una patrulla del ejército en la mañana del viernes 5 de enero, próximo al pueblo de Tarein, en el distrito de  Maungdaw, contra un móvil militar, si ha sido ejecutada por el Arsa.

Unos 10 milicianos hicieron denotar de manera remota, varios explosivos de fabricación casera, al pasó de la unidad militar en la que viajaban un oficial y media docena de soldados. El grupo atacante cubrió su retirada con ráfagas de ametralladoras, hiriendo a varios soldados. Es importante consignar que en esa misma provincia actúa uno de los tantos grupos insurgentes de Birmania, conocido como Ejército de Independencia de Kachin (KIA) que se desplaza por toda la región noroeste del país.

El grupo Arsa, liderado por Ataullah abu Ammar Junjuni o Ata Ullah, nacido en Karachi, Pakistán y educado en la ciudad de La Meca, Arabia Saudita, ha reiterado que no está vinculado a ninguna organización fundamentalista, al estilo del Daesh o al-Qaeda, y que su objetivo es resistir a los constantes ataque del ejércitos birmano, aunque existen sospechas que está recibiendo financiación de parte del reino saudita.

Más allá de las negativas del poderoso general Min Aung Hlaing, quizás el verdadero poder de Birmania, de que el ejército ha cometido las atrocidades de lo que se lo acusan, esta misma semana fuentes oficiales del Tatmadaw han reconocido que al menos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad han sido responsables de la muerte de unos diez rohingyas en el pueblo Inn Din, próximo a Maungdaw.  Se estima que solo en el primer mes de represión, se produjeron unos 6500 muertos, de ellos 730 menores.

Las acusaciones de Birmania contra los rohingyas posiblemente se deba al intento de debilitar sus posturas ya que el próximo día  23 comenzaran las discusiones para establecer un organigrama de retorno a los rohingyas hoy refugiados en Bangladesh.

Un cierto tufillo a petróleo

No es necesario escarbar demasiado para descubrir que el pueblo rohingya ha quedado prisionero de una disputa internacional que excede a ellos por mucho y que la crisis que hoy sufre, ha sido manipulada desde lugares muy lejanos a sus aldeas.

En 2004, se descubrió un enorme yacimiento de gas natural en la Bahía de Bengala, frente a las costas de Rakhine, al que el general Than Shew, presidente del país entre 1992 y 2011, denominó “Shwe”.  En 2009, la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) comenzó la construcción de dos oleoductos terrestres, uno de gas y otro de petróleo, de unos 1200 kilómetros, que cruza tierras el estado de Rakhine hasta la provincia China de Yunnan. Fueron terminados en una primera fase en 2014 y se espera para este año finalizarlo en su totalidad.  Los intereses chinos en esos oleoductos son claves, de ello las tibias respuestas frente al genocidio rohingya.

Por su parte, Estados Unidos y Arabia Saudita siguen operando en contra de este proyecto. No es casual que Riad haya dispuesto la construcción de casi unas 600 mezquitas y madrassas wahabitas en Bangladesh, con una inversión que supera los mil millones de dólares, lo que sin duda, tal como ha sucedido en Afganistán, Pakistán o Nigeria, se convertirán en fábricas de jóvenes fundamentalistas, listos a tomar las armas en nombre de Allah. Se ha conocido que el magnate George Soros está presionando a las empresas hindúes, que también son parte de proyecto, para que lo abandonen.

La irrupción del fundamentalismo islámico en Birmania retrasaría en mucho los planes de Beijing, que necesita de manera desesperada, de una vez por todas, resolver su cuestión energética, para entonces arrebatar de manera palmaría el liderazgo económico a los Estados Unidos. Sin la seguridad de un flujo constante de petróleo y el gas, vital para sus planes industriales, ese destino es inalcanzable.

 Estados Unidos y su socio saudita lo saben y pugnarán por impedirlo, y si el costo es enviar al pueblo rohingyas a una lucha, para ellos absolutamente genuina y vital, lo harán, aunque el resultado sea el holocausto definitivo.  

Estados Unidos está intentado detener la cada vez más influyente presencia china en el sudeste asiático y, para ello, presiona al gobierno de Aung San Suu Kyi, cuya carrera política la hizo al amparo de Washington y Londres, tal como lo hizo con el presidente filipino Rodrigo Duterte. Cuando éste se estaba acercando a Rusia y China para escapar del control norteamericano, prácticamente de la nada estalló el largo y desgastante conflicto de la toma de fuerzas vinculadas al Daesh, de la ciudad de Marawi, una batalla que duró más de 150 días.

Nada de todo este complejo entramado político, financiero y militar que disputan las naciones más poderosas del mundo, evita que cada días cientos de miles de rohingyas, refugiados en Bangladesh, deban batirse en solitario, contra el hambre, las enfermedades, el miedo y la desesperación, sabiendo que ya es demasiado tarde para todo.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.

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