El presidente argentino, Mauricio Macri, y su principal socio regional, el golpista brasilero Michel Temer, han implementado un mismo modelo neoliberal (con características particulares en cada proceso, pero con más similitudes que diferencias).

Un aspecto clave e inevitable de este tipo de modelo es la relación inversamente proporcional que existe entre los recursos que se invierten para la inclusión social de los sectores más vulnerables y los que se gastan en la compra de armas y el incremento de las Fuerzas de Seguridad, a las que también se les garantiza (con medidas concretas y con gestos políticos) un accionar impune.

Dicho en otras palabras, a la vez que el Estado se retira de la contención social, se ve obligado a crecer en su rol represivo. Como lo han señalado varios especialistas, “este es un modelo que sin represión no cierra”.

Ya a fines de los años noventa el sociólogo francés Loïc Wacquant denunció en su libro Las cárceles de la miseria que “el objetivo de la penalidad punitiva made in USA es menos combatir el delito que librar una batalla sin cuartel contra los pobres y marginados del nuevo orden económico neoliberal”.

Como bien refiere Wacquant, en palabras del criminólogo Adam Crawford, cuando un gobierno habla de “tolerancia cero” en realidad está hablando de “intolerancia selectiva” hacia los sectores más vulnerables de cada sociedad.

Wacquant remarca que “ante el debilitamiento del Estado social” hay un “fortalecimiento y una glorificación del Estado penal”. Con ello aumenta los hechos de violencia policial, torturas en comisarías y otros actos de violencia institucional.

La política militarista en Brasil y Argentina

Tras los constantes recortes de recursos a los sectores más vulnerables y ante la creciente indignación social, Macri y el golpista Temer han seguido esa lógica.

Desde el primer día de gobierno de Cambiemos, la represión fue la respuesta que el Estado dio al descontento social. La represión a los trabajadores despedidos en el Municipio de La Plata, los desalojos violentos de las protestas en la autopista Panamericana, la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado en medio de una represión de la Gendarmería encabezada por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafal Nahuel, la brutal represión ante la masiva protesta contra la reforma jubilatoria y el asesinato por la espalda a un ladrón realizado por el policía Luis Chocobar, fueron rápidamente apañados y justificados públicamente por el presiente Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Con la excusa del supuesto combate al terrorismo y al narcotráfico, el gobierno de Macri autorizó la instalación de un grupo de la DEA en la provincia de Misiones y anunció la creación de una Fuerza de Despliegue Rápido integrada por miembros de las tres Fuerzas Armadas, lo que violaría la Ley de Defensa y la de Seguridad Interior, y realizó por decreto una compra directa de armamento si dar explicaciones de qué material se había comprado, a qué precio y para qué fines.

Entre las últimas medidas represivas que ha tomado el golpista Temer, caben destacar la intervención militar de Rio de Janeiro y designación de un general al frente del Ministerio de Defensa, una medida que no se tomaba desde la última dictadura.

El Ejército de Brasil intervino Río de Janeiro. ¿Por qué?

En diálogo con Contexto, el dirigente político Carlos Raimundi aseguró “esta es una cuestión conceptual e histórica a la vez. En los países periféricos, a mayor condición liberal del Estado, que se retira del modelo planificador, de su rol social y de ser un estímulo al proceso productivo, se generan consecuencias de desigualdad social que requieren que se fortalezca el aspecto represivo del Estado. Al contrario, cuando hay un Estado que trabaja sobre los desequilibrios sociales, al parte represiva queda relegada, y esto es fácilmente demostrable”.

“Estos dos tipos de Estados, obviamente, tiene un marco ideológico. En los países periféricos no hay modelos de Estado social que a la vez sean imperialistas. Los Estados cipayos, proimperialistas, son los que fomentan la desigualdad social, porque trabajan en favor de los intereses corporativos y no de los intereses sociales”, señaló.

Por último, Raimundi sostuvo que “el crecimiento del aparato represivo tiene que ver con un modelo de inserción internacional del Estado dentro de un esquema de compra de armas, de adiestramiento militar y de ocupación del territorio. En general, el Estado que desiguala socialmente es proimperialista”.