A través de un decreto firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti, el Ejecutivo puso fin al régimen diferencial por zonas del país, con un recorte de hasta 53 por ciento en los montos de las asignaciones familiares. Además, subió el piso y bajó el techo de ingresos para acceder, lo que dejará fuera del beneficio a miles de trabajadores.

El decreto del presidente Mauricio Macri que recorta las asignaciones familiares y elimina el plus de las zonas desfavorables, desató la rebelión de los radicales patagónicos y hace crujir a la alianza oficialista Cambiemos. Diputados nacionales de la UCR de Chubut, Santa Cruz, Río Negro y La Pampa presentarán esta semana en la Cámara baja un proyecto para reclamar que se restituya el beneficio que afecta a miles de trabajadores de la Patagonia y a la que podrían sumarse correligionarios de otras provincias. El decreto presidencial 702 del viernes pasado ya había provocado el fuerte rechazo de los legisladores del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV-PJ) y también del peronismo federal de la Patagonia y el norte del país, zonas afectadas por el recorte que –sostienen– viene de la mano del acuerdo con el Fondo monetario Internacional (FMI). El gobernador chubutense Mariano Arcioni presentará hoy un amparo judicial contra el recorte de las asignaciones y en Bariloche habrá otro colectivo, al tiempo que las centrales sindicales promueven marchas de rechazo ante las oficinas de la Anses en distintas ciudades patagónicas. 

El decreto presidencial sacudió la Patagonia y el temblor llegó hasta los propios socios de la alianza oficialista, en la que el radicalismo no comparte la decisión del Gobierno nacional de dar de baja los beneficios para la región en las asignaciones familiares. Los diputados nacionales de la UCR Gustavo Menna (Chubut), Nadia Ricci y Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro) y Daniel Kroneberger (La Pampa), presentarán un proyecto propio con el que presionarán para dar marcha atrás con la decisión.

El decreto del presidente Mauricio Macri que recorta las asignaciones familiares y elimina el plus de las zonas desfavorables, desató la rebelión de los radicales patagónicos y hace crujir a la alianza oficialista Cambiemos. Diputados nacionales de la UCR de Chubut, Santa Cruz, Río Negro y La Pampa presentarán esta semana en la Cámara baja un proyecto para reclamar que se restituya el beneficio que afecta a miles de trabajadores de la Patagonia y a la que podrían sumarse correligionarios de otras provincias. El decreto presidencial 702 del viernes pasado ya había provocado el fuerte rechazo de los legisladores del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV-PJ) y también del peronismo federal de la Patagonia y el norte del país, zonas afectadas por el recorte que –sostienen– viene de la mano del acuerdo con el Fondo monetario Internacional (FMI). El gobernador chubutense Mariano Arcioni presentará hoy un amparo judicial contra el recorte de las asignaciones y en Bariloche habrá otro colectivo, al tiempo que las centrales sindicales promueven marchas de rechazo ante las oficinas de la Anses en distintas ciudades patagónicas. 

El decreto presidencial sacudió la Patagonia y el temblor llegó hasta los propios socios de la alianza oficialista, en la que el radicalismo no comparte la decisión del Gobierno nacional de dar de baja los beneficios para la región en las asignaciones familiares. Los diputados nacionales de la UCR Gustavo Menna (Chubut), Nadia Ricci y Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro) y Daniel Kroneberger (La Pampa), presentarán un proyecto propio con el que presionarán para dar marcha atrás con la decisión.

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Entre los radicales consideran que en caso de mantenerse la medida la alianza oficialista corre peligro de extinción en las provincias patagónicas. Por eso, los diputados de la UCR plasmaron su bronca en busca de provocar un cimbronazo en Cambiemos. La iniciativa se plasmará en un proyecto de declaración para pedirle al Ejecutivo que “restituya” los montos diferenciales para la zona de las asignaciones familiares que suprime el decreto 702/18. De todas maneras, los radicales patagónicos buscarán a lo largo de la semana el apoyo de sus correligionarios de todo el país.     

“No voy a avalar ninguna política que signifique la pérdida del poder adquisitivo para las familias rionegrinas”, dijo la rionegrina Matzen que difundió la iniciativa en las redes sociales. Fue más lejos todavía en sus declaraciones: “Este decreto es un avasallamiento a un derecho constitucional y no representa el espíritu de mi partido, así como tampoco representa a la coalición a la cual pertenezco. Nosotros trabajamos todos los días para que, respetando las particularidades y necesidades, haya cada vez más equidad”.

El chubutense Menna cuantificó a los afectados patagónico por el recorte: “afectará a 68 mil beneficiarios”. “Compartimos el objetivo de sanear las finanzas públicas y reducir el déficit, pero debe hallarse otro camino que contemple a los sectores más vulnerables y el desigual desarrollo geográfico de nuestro país”, sumó Menna en sintonía con el documento que dio a conocer la conducción de la UCR en su provincia. 

En el mismo sentido se pronunció la santacruceña Reyes: “Esta decisión significa desconocer las diferencias que sobrellevan quienes habitan las provincias patagónicas donde el costo de vida es más alto y la calidad de vida es adversa por factores climáticos y geográficos”. 

El senador radical y empresario Eduardo Costa estuvo entre los primeros en salir al cruce del decreto. “No podemos permitir que el ajuste sea realizado sobre los sectores más vulnerables y sin contemplar las desigualdades provinciales de nuestro país. Por eso pedimos al Gobierno Nacional que revise y deje sin efecto lo resuelto”, dijo Costa frente a la poda presidencial que podría echar por tierra su aspiración de llegar a la gobernación de Santa Cruz. Decisiones que hacen crujir Cambiemos en la Patagonia.

La región está convulsionada. Los opositores al Gobierno nacional fueron los primeros en cuestionar la decisión de Macri. Las críticas repercutieron en el Congreso, donde el peronismo “dialoguista” prometió “trabajar” para derogar el decreto. “Con esta decisión falsamente igualitaria, el gobierno del presidente Mauricio Macri demuestra tener una visión centralista y exclusivamente metropolitana en lo que hace a la distribución de los recursos. Esta medida es contraria a todo idea de equidad”, sostuvieron en un comunicado el rionegrino Miguel Pichetto y el fueguino José Ojeda. 

“Hay una tremenda hipocresía de los funcionarios de Cambiemos que hablan de la pobreza en el Conurbano para justificar este manotazo a los bolsillos de los patagónicos, al mismo tiempo que reducen retenciones a la soja y fomentan la bicicleta financiera y la fuga de divisas sin control”, sumó otro peronista federal, el chubutense Mario Pais, quien advirtió que los gobernadores no se quedarán de brazos cruzados.

El mandatario de Chubut recurrió a la justicia contra los recortes. “En estos momentos estamos presentado ante la justicia la inconstitucionalidad en los aumentos del gas y mañana presentaremos una acción de amparo con respecto a las Asignaciones Familiares”, remarcó ayer Arcioni en Trelew. “Según el informe que hemos pedido, son más de 100 mil chicos que van a estar afectados y justamente para la provincia del Chubut va a implicar una pérdida de 190 millones y, por ejemplo, en la ciudad de Trelew una pérdida de 12 millones de pesos mensuales, es una liquidez que no sólo afecta al bolsillo de cada una de las familia sino también a toda la economía”, explicó el gobernador.

Pero esta no será la única presentación judicial. La asociación especializada en temas de niñez y adolescencia Construyendo Proyectos Barriales (Conprobar) de Bariloche que preside Adriana Haurie, presentará hoy un recurso de amparo colectivo y una medida cautelar con el propósito de dejar sin efecto el decreto presidencial 720/18 que recorta las asignaciones familiares de los trabajadores de la Patagonia y otros puntos del país. “Atenta contra las niñas y niños rionegrinos hijos de trabajadores y significa un ajuste a todas luces ilegal e inaceptable”,  sostuvieron el diputado Martín Doñate (FpV-PJ) y la concejal local Ana Marks que respaldan la acción judicial.

Los sindicatos patagónicos, en tanto, decidieron salir a la calle. Hoy por la mañana distintos gremios y organizaciones sociales se concentrarán en las puertas de la sede Anses en Comodoro Rivadavia para reclamar contra el decreto que recorta el 53 por ciento a las asignaciones familiares en la Patagonia. “La presencia fuera de Anses es simbólica, tratamos que el mensaje de rechazo llegué al gobierno nacional. Esta convocatoria la hicimos junto a otras organizaciones y allí se definirá como desarrollar el acto”, dijo el dirigente de Atech –docentes chubutenses– Daniel Murphy.  Lo mismos sucederá en la santacruceña Caleta Olivia, donde la CGT local llamó a movilizarse frente a la Anses contra “el ajuste patagónico” bajo el lema “nos defendemos entre todos”.

La creciente rebeldía patagónica amenaza también con extenderse al norte argentino, también perjudicado por el decreto presidencial. “El gobierno de Cambiemos, siguiendo instrucciones del FMI, pretende recortar asignaciones familiares en zonas del interior de la Argentina periférica llevando más angustia y sufrimiento a los argentinos”, sostuvo el diputado del peronismo federal jujeño José Luis Martiarena que llamó a “promover la derogación del decretazo de Macri”.

Fuente: Página 12