Manal Tamimi es activista en los grupos de resistencia popular (pacífica) contra la ocupación israelí en Nabi Saleh, una aldea de 600 habitantes cercana a Ramallah. “Están asesinando a niños a sangre fría en Gaza”, constata. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) informa que, desde el comienzo de la “Gran Marcha del Retorno” el pasado 30 de marzo, 217 palestinos han muerto por el fuego israelí en Gaza, de los que 40 son menores; asimismo, cerca de 2.000 niños resultaron heridos y después hospitalizados. El pasado 29 de septiembre se oficiaron los funerales por dos menores de 14 y 12 años de edad, víctimas mortales a causa de disparos en el pecho y la cabeza. 

“Israel también asesina a periodistas”, denuncia Manal Tamimi en un acto organizado por la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) del País Valenciano y el BDS. Un informe del Comité de Apoyo a Periodistas (JSC, por las siglas en inglés) del que se hizo eco Middle East Monitor señala que desde enero las fuerzas de ocupación israelíes finiquitaron en Gaza a dos periodistas palestinos e hirieron a otros 254; en la Cisjordania ocupada arrestaron a 88. Los fotoperiodistas Yaser Murtaja, de 30 años, y Ahmad Abú Husein, de 24, fueron asesinados mientras cubrían las movilizaciones de la “Gran Marcha del Retorno” y contra la ocupación, en la frontera de Gaza. En el momento de los disparos, los reporteros llevaban los identificativos que les acreditaban como informadores. 

A Manal Tamimi la detuvo el 27 de diciembre el ejército de Israel cuando participaba en una manifestación frente a la prisión de Ofer, cerca de Ramallah; estuvo en la cárcel y fue puesta en libertad el tres de enero; “es una de las peores experiencias que he pasado, continuo sufriendo física y emocionalmente”, compartió en las redes sociales. Otro arrestado en la misma movilización fue Jamil Al-Barghouti, también activista en los grupos de resistencia popular. Los dos protestaban por la captura el día anterior –durante una manifestación en Belén- del defensor de los derechos humanos Munther Amira y para reivindicar la libertad de la joven palestina Ahed Tamimi (un tribunal militar la condenó tras la difusión de un vídeo en el que aparecía enfrentándose a soldados israelíes; tras cumplir una pena de ocho meses, salió de la cárcel el pasado 29 de julio). 

Durante una incursión en Nabi Saleh (Cisjordania ocupada), las fuerzas de seguridad israelíes apresaron en febrero a una decena de miembros de la familia Tamimi, de los que al menos seis eran menores. Entre los capturados ese día estaba Mohammed Tamimi, de 15 años, quien dos meses antes resultó herido de carácter grave por el impacto de una bala de goma. En Nabi Saleh se pueden rastrear, desde hace al menos una década, episodios de represión militar y resistencia pacífica; por ejemplo, contra la usurpación del manantial y las tierras a manos de los colonos judíos del asentamiento Halamish. Además, desde 2009 el ejército de Israel “ha matado a tres habitantes de Nabi Saleh, y muchos otros han resultado heridos por disparos con munición real, balas metálicas recubiertas de goma y gas lacrimógeno”, informa Amnistía Internacional. 

En el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de Valencia, Manal Tamimi ha denunciado que continúa la expansión de los asentamientos y las nuevas edificaciones. A finales de mayo el Gobierno de Israel aprobó la construcción de 2.000 nuevas viviendas en la Cisjordania ocupada, según denunció la ONG israelí Peace Now. “A mediados de octubre autorizaron 31 casas para colonos judíos en Hebrón”, añade Manal Tamimi. La agencia palestina Wafa informó hace un mes que comenzaba la construcción de 310 viviendas “ilegales” en Jerusalén. Estas actuaciones tienen su reverso. Según Naciones Unidas, el Estado de Israel destruyó o se incautó de 349 construcciones y viviendas de palestinos entre enero y octubre de 2018 en la zona C (área de Cisjordania bajo control militar y administrativo israelí) y Jerusalén Este (capital de un Estado palestino independiente); 373 personas tuvieron que desplazarse como consecuencia de estas demoliciones, que afectaron a cerca de 6.000 palestinos. 

La comunidad beduina de Abu Nuwar, de 600 habitantes y cercana a Jerusalén Este, fue una de las poblaciones agredidas; la ONG B’Tselem denunció a primeros de julio la entrada en la aldea de la policía israelí escoltando a los buldócers, con la consecuencia de nueve casas y tres edificios agrícolas destruidos (60 personas se quedaron sin vivienda); en febrero las máquinas ya derribaron dos aulas de la escuela de Abu Nuwar. Este verano el ejército de Israel y las excavadoras actuaron en la comunidad beduina de Jabal al-Baba, donde destruyeron una guardería para 28 menores y un centro de mujeres. Entre otros sectores dañados, Naciones Unidas señala Al Isawiya, en Jerusalén Este (la ONU informó de que en enero el Estado de Israel demolió 12 “estructuras” comerciales y granjas en este barrio). En la conferencia organizada por CEAR y el BDS, Manal Tamimi subraya la hostilidad que se vive en el entorno de los asentamientos. Sucedió a mediados de octubre: “Una madre palestina, Aisha al-Rawbi, de 48 años, murió cerca de Nablus después que colonos judíos apedrearan el automóvil en el que viajaba; ella y su familia volvían de una boda”. 

La activista aborda otra consecuencia de la ocupación, la situación de los presos. Según la Asociación de Apoyo a los Presos y de Derechos Humanos (ADDAMEER), 5.640 prisioneros políticos palestinos están hoy encerrados en las cárceles de Israel (538 condenados a cadena perpetua y 270 menores, de los que 50 tienen menos de 16 años). “No se trata de un número, sino de familias, recuerdos, sueños, proyectos de vida y esperanza; detrás de la estadística hay seres humanos”, afirma Manal Tamimi; tal vez por ello la asociación incluya en su página Web “perfiles”, además de información, documentación y cifras. Entre otros el de Khalida Jarrar, diputada en el parlamento palestino, exdirectora de Addameer y víctima de una “detención administrativa” -en julio de 2017- renovada por las autoridades israelíes en cuatro ocasiones (la última, hace dos días, informó la agencia Ma’an); otro miembro del Consejo Legislativo que sufrió la “detención administrativa” es Nasser Abd al-Jawad: denunció torturas durante los interrogatorios y está a la espera de juicio (el parlamentario ya pasó 15 años en las cárceles israelíes). O también el caso de Ola Marshoud, estudiante de periodismo y condenada este verano a siete meses de cárcel por un tribunal militar. 

Como consecuencia de la Guerra de los Seis Días, en 1967, Israel ocupó entre otros territorios Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Desde ese año, 217 prisioneros palestinos han muerto bajo custodia de las autoridades de Israel, afirma Addameer; la asociación detalla las causas: 78 asesinados, siete por efecto de las heridas de bala cuando se hallaban en prisión, 59 por negligencia médica y 73 después de sufrir torturas. Estos números adquirieron rostro el pasado 18 de septiembre, cuando el joven Muhammad Zaghloul Al-Khatib A-Rimawi murió después que soldados israelíes le golpearan de manera brutal en su domicilio y se lo llevaran detenido. 

El pasado 12 de octubre se agregaba otra víctima mortal. La Asociación de presos Palestinos (APP) dio cuenta del fallecimiento de Wissam Abdul Majid Nayef Shalalda, de 28 años, prisionero en la cárcel de Ramleh; “la ocupación es la verdadera responsable del fallecimiento”, según la denuncia de la APP de la que se hizo eco Middle East Monitor. El periódico agregó que se trataba del cuarto preso palestino que perdió la vida en una cárcel israelí durante 2018. No difiere demasiado el trato a la infancia bajo la ocupación. El citado medio digital informa de un estudio realizado por Military Court Watch, en el que se apunta que casi dos tercios de los menores palestinos apresados en 2017 por las fuerzas israelíes sufrió abusos durante su detención.

Fuente: Rebelion