Jair Bolsonaro emitió el lunes un decreto que conlleva la cancelación de las tareas de identificación de los restos de los desaparecidos a manos de la última dictadura militar en el país (1964-1985), que llevaban a cabo varios equipos forenses en el Cementerio de Perus, situado en la zona oeste de la ciudad brasileña de Sao Paulo.

El colectivo de antropólogos forenses analizaba, desde 2014, unas 1047 cajas con restos óseos extraídos de fosas comunes, hallados enterrados en el citado cementerio como ‘NN’ (nomen nescio: ‘nombre desconocido’). El trabajo se había iniciado por orden de la Justicia Federal y del Ministerio Público, con el apoyo del entonces Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016).

El “decreto ómnibus” 9759, firmado el pasado 11 de abril, que pone fin a consejos y comisiones dependientes del Estado, deja sin efecto las pesquisas relativas a los cuerpos sin nombre del Cementerio de Perus.

Quitar de raíz todo rastro de la dictadura guarda coherencia con la obsesión bolsonarista por convencer a los brasileños de que jamás vivieron bajo un gobierno de excepción. “No fue una dictadura”, aseguró en marzo el mandatario brasileño, quien se ha declarado un admirador de la dictadura militar que derrocó al presidente João Goulart y gobernó el país hasta 1985.

Además de negar por completo la existencia de la dictadura militar, Bolsonaro ordenó “conmemorar” en los cuarteles el 55.º aniversario del golpe de Estado de 1964, con el que se inició la era dictatorial que duró más de dos décadas.

La decisión del presidente brasileño provocó una serie de protestas en las ciudades de Brasilia (capital), Sao Paulo y Río de Janeiro bajo el lema “Dictadura nunca más”. Los capitalinos exigieron la dimisión de Bolsonaro por sus políticas a favor de los exdictadores y su preferencia a incorporar en su Gabinete a varios militares.

Fuente: Hispantv