Fri 31 de May de 2019 Salud

La industria farmacéutica ha tomado al asalto las instituciones europeas poniendo en riesgo la salud pública

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Por Simon Gouin para movimientopoliticoderesistencia.

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La industria farmacéutica ha tomado al asalto las instituciones europeas poniendo en riesgo la salud pública

Medicamentos a precios excesivos que ponen en peligro los sistemas de seguridad social: es la contatación que llevó al Consejo Europeo en 2016 a pedir una revisión de la regulación del mercado europeo de medicamentos. Pero, como ocurre con demasiada frecuencia con las instituciones europeas, estos intentos de reforma se encontraron rápidamente con los poderosos grupos de presión de la industria farmacéutica. Un nuevo informe de la ONG de Bruselas CEO describe meticulosamente las estrategias de influencia de los grandes laboratorios para defender sus beneficios.

Reuniones con los Comisarios europeos, envío de cartas a los responsables de la toma de decisiones, una campaña para el público en general, científicos vinculados a las empresas... Un informe del Director General de las ONG de Bruselas CEO, publicado el pasado 10 de mayo (1), documenta meticulosamente el cabildeo de la industria farmacéutica ante las instituciones europeas. No busque grandes revelaciones: los métodos son clásicos, multisectoriales, a veces complejos... y eficaces.

A nivel de los recursos desplegados por las empresas farmacéuticas para garantizar sus enormes beneficios: las 10 mayores empresas farmacéuticas han gastado más de dos millones de euros más desde 2015, en comparación con su presupuesto anterior. 16,3 millones de euros al año para intentar defender sus intereses a escala europea (2), además de los medios de influencia desarrollados a escala nacional (3).

La industria farmacéutica está bajo el fuego de las críticas. Con la llegada de nuevos medicamentos muy caros, especialmente contra el cáncer (4), muchos países ricos están cuestionando su capacidad para proporcionar tratamientos eficaces al mayor número posible de personas; hasta ahora, los países del sur han sido las principales víctimas del costo de ciertos medicamentos. Ante esta situación, la Unión Europea se preguntó finalmente si no habría que revisar las reglas del juego. En particular, se hace hincapié en la concesión abusiva de patentes y otros mecanismos de protección de la propiedad intelectual a las empresas farmacéuticas. Pero también los procedimientos nacionales de evaluación de nuevos fármacos, que permiten a los laboratorios comercializar tratamientos nuevos y cada vez más caros que no aportan necesariamente beneficios terapéuticos reales en comparación con los existentes.

Esto fue reconocido oficialmente por el Consejo Europeo en 2016. La institución ha pedido formalmente a la Comisión Europea que revise el reglamento del sector farmacéutico para garantizar que todo el mundo tenga acceso a medicamentos eficaces. Las conclusiones del Consejo Europeo no fueron del agrado de la industria farmacéutica, que desencadenó un “ataque de los grupos de presión”. Bajo la presión de las empresas farmacéuticas, por ejemplo, los miembros del Consejo Europeo rechazaron una enmienda que pedía la salvaguardia de los ensayos clínicos. Éstos permiten probar la seguridad y eficacia de los nuevos medicamentos, pero los laboratorios quieren acelerar los procedimientos de comercialización de sus medicamentos y buscan prescindir de estas pruebas. La movilización de los grupos de presión aumentó especialmente en los meses siguientes a esta declaración del Consejo Europeo.

La industria farmacéutica luchó primero en una batalla de comunicación”, dice CEO. Así pues, puso en marcha una gran campaña de comunicación, realizada en Francia, para dotarse de un “rostro humano”. “Al centrarse en lo emocional, [la industria farmacéutica] trata de desviar la atención del modelo de beneficio para los accionistas, lo que de hecho impide que muchos pacientes obtengan medicamentos prohibitivamente caros”, analizan los autores del informe de CEO. La EFPIA, el principal cabildo de las empresas farmacéuticas, también organizó una exposición en el Parlamento Europeo titulada “Desbloquear la cura del mañana“ (5) en mayo de 2018. Este evento fue patrocinado por la diputada europea de los republicanos, Françoise Grossetête. El evento incluyó una reunión “con empresas como Novartis y Pfizer sobre temas como asegurar que la industria farmacéutica cuente con el marco regulatorio necesario”. En octubre de 2017, la EFPIA también pagó por anuncios en el periódico europeo Euractiv (6), que está dirigido principalmente a los responsables de la toma de decisiones en Europa.

Pero el cabildeo de la industria farmacéutica también se hace por debajo de la mesa. La EFPIA ha incrementado sus reuniones con los miembros de la Comisión Europea. Este grupo de presión está formado por ocho grupos consultivos de la Comisión, que se encargan de producir conocimientos especializados sobre cuestiones políticas específicas. De hecho, los representantes de la industria están muy presentes en los distintos niveles europeos en los que se preparan y adoptan las decisiones, desde la Comisión hasta el Parlamento. Las 10 mayores empresas farmacéuticas celebraron 112 reuniones importantes con la Comisión Juncker y 60 tuvieron acceso al Parlamento durante el último mandato.

¿Explica esta proximidad por qué la Comisión Europea eligió a la consultora Copenhagen Economics para realizar el estudio sobre el funcionamiento europeo del mercado de las drogas, exigido por el Consejo Europeo? Copenhagen Economics trabaja regularmente con la industria farmacéutica. En particular, ha sido contratado por la EFPIA y empresas farmacéuticas como Novo Nordisk, Lundbeck y Leo Pharma para elaborar informes sobre los beneficios del acuerdo de libre comercio TTIP (entre la Unión Europea y Estados Unidos) para la industria farmacéutica. “Para decirlo sin rodeos, Copenhagen Economics trabaja regularmente para los clientes de las grandes farmacéuticas, produce materiales abiertamente en consonancia con los intereses económicos de la industria y las estrategias de cabildeo y están destinados a ser utilizados directamente en el cabildeo de los gobiernos de sus clientes farmacéuticos”, dice CEO.

Por lo tanto, no es sorprendente que este estudio sea fuertemente criticado por las organizaciones de la sociedad civil. No hay transparencia en la lista de entrevistados, citas no asignadas y vagas, una presencia muy fuerte de la industria entre los entrevistados y un comité de expertos para supervisar el estudio con muchos vínculos con organizaciones responsables de la defensa de los intereses de la industria farmacéutica. Consecuencias sobre el contenido del informe: recomienda que no se modifique el período de protección de las patentes europeas de medicamentos, “una reducción del período de protección efectiva afectará negativamente a las inversiones europeas en investigación y desarrollo”.

Es este argumento de un riesgo de pérdida de competitividad en comparación con otras partes del mundo el que se ha presentado para defender las extensiones de patentes llamadas SPC (certificados complementarios de protección). Este mecanismo, que permite ampliar la duración de una patente de un medicamento, se ha concedido, por ejemplo, a Truvada, un medicamento contra el sida, lo que supondría un coste adicional de 815 millones de euros para el sistema de seguridad social francés, según la organización Aides. Médicos Sin Fronteras (MSF), por su parte, destaca que “al ampliar los monopolios, las SPC conducen a precios inasequibles de los medicamentos que siguen siendo inasequibles durante largos períodos de tiempo, lo que amenaza la sostenibilidad de los sistemas sanitarios nacionales y retrasa el acceso de los pacientes”.

A este respecto, la batalla de los grupos de presión es feroz. Por ejemplo, la EFPIA envió una carta a la Comisaria Europea Elzbieta Beinkowska en febrero de 2018. Según el cabildo farmacéutico, el fin de estas extensiones de patentes conduciría a “una balanza comercial negativa de la UE”. Para apoyar sus afirmaciones, la EFPIA está avanzando varios estudios financiados o comisionados, “sin excepción”, por la industria farmacéutica.

Por último, el informe CEO señala otra batalla que se está librando en torno a la evaluación de la tecnología sanitaria (HTA), una forma de evaluar el valor añadido de un nuevo medicamento que está saliendo al mercado. Sobre la base de este asesoramiento científico, los sistemas nacionales de salud pueden tomar decisiones sobre el precio y la tasa de reembolso de un medicamento. En enero de 2018 la Comisión Europea propuso un reglamento europeo de HTA. Esto impediría que cada país llevara a cabo revisiones separadas de los nuevos tratamientos y negociaciones de precios con los laboratorios. Y también contrarrestaría la complacencia de la Agencia Europea de Medicamentos (AEM), que es responsable de autorizar la comercialización de medicamentos y a la que se critica regularmente por sus estrechos vínculos con la industria.

Pero las empresas farmacéuticas han logrado desafiar esta revisión del proceso de evaluación científica de los aportes de los nuevos tratamientos e interferir en este proceso para jugar un papel más importante. La batalla continúa y los futuros miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión tendrán la capacidad de influir en las políticas de drogas de una forma u otra.

“Ha llegado el momento de centrarse en las alternativas”, afirma el director ejecutivo. Y la oportunidad de hacerlo no debe perderse simplemente porque la Comisión no se tome en serio los conflictos de intereses o la influencia de la industria. El proceso iniciado por las conclusiones del Consejo de 2016 no debe dejarse de lado por los esfuerzos de los grupos de presión y de relaciones públicas de las grandes empresas farmacéuticas; los procesos de desarrollo de políticas deben preservarse para garantizar que sirven al interés público. “Desde limitar la expansión de las patentes a la de la influencia de la industria farmacéutica, hasta desarrollar un verdadero mecanismo europeo e independiente para evaluar nuevos medicamentos, la ONG enumera cinco propuestas concretas de nuevos parlamentarios y comisarios europeos.

Por Simon Gouin para movimientopoliticoderesistencia.

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