Wed 07 de August de 2019 Salud

Reclaman justicia a cinco años del derrame tóxico que "destruyó vidas" en México

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Por Eliana Gilet para Sputnik.

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Reclaman justicia a cinco años del derrame tóxico que "destruyó vidas" en México

© Sputnik / Eliana Gilet
 

Buscan justicia por los daños ocasionados tras el derrame tóxico de una mina de la corporación Grupo México que "destruyó las vidas" de los habitantes de siete municipios del norte de México.

 

Las comunidades afectadas por el derrame del desecho tóxico de la mina Buenavista del Cobre —que vertió 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi (en el estado de Sonora) en 2014— buscan que la Suprema Corte de Justicia mexicana haga responsable al Fideicomiso Río Sonora, por haber malversado fondos dispuestos para la reparación de los daños.

Este contrato privado entre la empresa Grupo México (responsable del desastre) y el Gobierno mexicano (entonces en manos de Enrique Peña Nieto) ha sido una herramienta para evitar hacerse cargo de los daños ocasionados, dicen los afectados. 

Oscar Encinas, un campesino de la zona rural de Ures (Sonora) y representante legal de los Comités de cuenca del río Sonora, explicó a Sputnik cómo “vino a destruir las vidas” de los pequeños productores rurales que como él, viven a 200 kilómetros de donde la empresa vertió el desecho.

"Nuestra economía ha decrecido en un 70% como consecuencia del derrame, dijo Encinas a este medio. Nadie quiere comprar ya las pocas cosechas de calabazatrigo y alfalfa que producía y sostenían la vida de su familia y la de sus vecinos.

Mitin frente a la Suprema Corte de la Nación de comunidades afectadas en los ríos Sonora y Bacanuchi por lixiviados de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, el 6 de agosto del 2014
© SPUTNIK / ELIANA GILET
Mitin frente a la Suprema Corte de la Nación de comunidades afectadas en los ríos Sonora y Bacanuchi por lixiviados de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, el 6 de agosto del 2014
 
 

"Sembramos alfalfa y no crecen, por las aguas contaminadas. Sembramos trigo y tampoco, se manchonea. De calabaza, yo levantaba 20 o 30 toneladas y ahora levanté seis por hectárea. Un 60 o 70% bajaron las producciones en las cosechas", explicó. 

"La minería empobrece a las comunidades pero se enriquece él (uno de sus dueños es el magnate mexicano Germán Larrea). Es algo que la madre tierra nos está regalando y ellos se están haciendo ricos con la tierra, con nuestro ríos", graficó.

Junto a los afectados de Sonora se manifestaron representantes de Ixtacamaxtitlán, que pelean contra la instalación de una minera canadiense que amenaza con dejar sin agua a más de una centena de comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla. 

En julio de 2019, la Procuraduría Ambiental denunció que otra de las instalaciones de Grupo México en Guaymas (Sonora) derramó ácido sulfúrico al Mar de Cortés durante el trasvase del tóxico a un buque. 

"Dicen que en Guaymas no pasó nada ahora con la contaminación, que los pescaditos que se murieron allí, se murieron ahogados", ironizó Encinas.

Manifestantes en el mitin frente a la Suprema Corte de la Nación de comunidades afectadas en los ríos Sonora y Bacanuchi por lixiviados de la mina Buenavista del Cobre del Grupo México, el 6 de agosto del 2014
© SPUTNIK / ELIANA GILET
Manifestantes en el mitin frente a la Suprema Corte de la Nación de comunidades afectadas en los ríos Sonora y Bacanuchi por lixiviados de la mina Buenavista del Cobre del Grupo México, el 6 de agosto del 2014
 
 
 

¿Por qué el Fideicomiso debe ser responsable?

La empresa y el Gobierno acordaron resolver esta crisis a través de un mecanismo privado (para el que firmaron un contrato) que excluyó desde el primer momento a los afectados en las poblaciones locales. Al Fideicomiso Río Sonora se le entregaron 2.000 millones de pesos mexicanos (100 millones de dólares) para atender la crisis en siete municipios con comunidades afectadas.

"No se conoce el destino final de esos fondos. No construyeron las plantas potabilizadoras de agua comprometidas ni han realizado la vigilancia epidemiológica en las comunidades afectadas, ya que la unidad de monitoreo cerró", explicó María Colin, abogada de Greenpeace, una de las organizaciones acompañantes del proceso.

No existe tampoco un plan de reactivación de la producción agrícola en la región —como lo atestiguó Encinas— ni se construyó en su pueblo (Ures) la clínica que iba a atender la salud de la población y monitorear (con exámenes de sangre y orina) la aparición de enfermedades raras vinculadas al contacto con metales pesados. Nada de eso se ha cumplido. La empresa sólo envió unos tinacos (tanques) para almacenar la misma agua que contaminaron, sin alternativas de acceso a un agua sana para el consumo de la población.

El problema es que, como el Fideicomiso surgió de un contrato privado y no involucra a ninguna institución o sujeto con personalidad jurídica, es imposible hacerlo responsable ante la Justicia por las (in)acciones que lleva adelante. 

Encinas dijo a Sputnik que Rodolfo Lacy Tamayo, el antiguo presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora, un exfuncionario de la Secretaría de Medio Ambiente federal (Semarnat), jamás se presentó siquiera en la zona del crimen. 

"Nunca jamás fue Lacy Tamayo a la zona ni jamás tuvimos contacto con nadie de Semarnat", sostuvo Encinas. El Fideicomiso fue cerrado en febrero de 2017, sin rendir cuentas públicas de su accionar.

Manifestantes en el mitin frente a la Suprema Corte de la Nación de comunidades afectadas en los ríos Sonora y Bacanuchi por lixiviados de la mina Buenavista del Cobre del Grupo México, el 6 de agosto del 2014
© SPUTNIK / ELIANA GILET
Manifestantes en el mitin frente a la Suprema Corte de la Nación de comunidades afectadas en los ríos Sonora y Bacanuchi por lixiviados de la mina Buenavista del Cobre del Grupo México, el 6 de agosto del 2014
 
 

¿Cuál es la pelea actual?

A partir del 7 de agosto de este año, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia sesionará para decidir si el Fideicomiso operó correctamente. El amparo interpuesto por los comités de cuenca de los que Encinas es parte "exige a la Corte que ese Fideicomiso sea considerado como una autoridad responsable, lo reabra y lo obligue a reparar completamente los daños, con nuestra participación", sostuvo la fuente.

Un año antes, en 2018, estas comunidades sonorenses lograron un fallo histórico de la Suprema Corte mexicana que reconoció su derecho a participar en temas ambientales, aunque no sean poblaciones originarias, como tienen derecho los pueblos indígenas gracias al Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Durante los cuatro años anteriores, los representantes de los comités de cuenca han recorrido todas las instancias de los tribunales colegiados, así como los locales, en Agua Prieta y Hermosillo.

Encinas recordó cómo se enteró que la mina había intoxicado al río, que pasa a 500 metros de su casa: "Lo vi como cinco días después, nadie había dicho nada y como al día 10 u 11 (de agosto de 2014) anunciaron las autoridades que venía esa contaminación. Ya te vas al río y ves las aguas amarillas, de otro color. Tiene que cambiar a fuerza, ni modo que no, traen los metales pesados", recordó en diálogo con Sputnik.

 Mitin frente a la Suprema Corte de la Nación de comunidades afectadas en los ríos Sonora y Bacanuchi por lixiviados de la mina Buenavista del Cobre del Grupo México, el 6 de agosto del 2014
© SPUTNIK / ELIANA GILET
 
Mitin frente a la Suprema Corte de la Nación de comunidades afectadas en los ríos Sonora y Bacanuchi por lixiviados de la mina Buenavista del Cobre del Grupo México, el 6 de agosto del 2014
 
 
 

Su preocupación es qué ha pasado con todo ese material contaminante. "Nuestro río es un río subterráneo, partes el agua sale y en partes se pierde. ¿A dónde quedaron esos metales pesados? Están en el subsuelo, ¿verdad?", se preguntó. 

"Soy un luchador social de 70 años. Nosotros ahí nos criamos, pero los niños que vienen ¿cuál futuro van a tener?", concluyó. 

El 6 de agosto de 2014 la mina Buenavista del Cobre ubicada en Cananea (Sonora) derramó parte del residuo (lixiviado) de la extracción química del cobre que extrae para exportación. La empresa fue sancionada con una multa de 23 millones de pesos mexicanos, monto que representa el 0,00016% de sus ingresos anuales. 

Tras un nuevo derrame químico al Mar de Cortés de este año, el nuevo Secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, afirmó que Grupo México tiene 22 investigacionesabiertas por crímenes ambientales. Ninguna de sus concesiones ha sido cancelada hasta la fecha.

Por Eliana Gilet para Sputnik.

 

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