La medida restrictiva, que había sido adoptada por el presidente Piñera el pasado viernes 18 como respuesta a las manifestaciones populares que se iniciaron aquel día, dejó como saldo un reguero de personas muertas, heridas de diversa consideración, personas detenidas por centenas, y una estela de atropellos a las libertades democráticas.

Las razones esgrimidas por los gobernantes para declarar los estados de excepción, recurrir a los uniformados en la calle e instalar el toque de queda, nunca tuvieron un fundamento real y no tuvieron un efecto específico en lo que el gobierno decía perseguir. El rol real que perseguía esta presencia uniformada y armada en las calles era reprimir al pueblo movilizado, amedrentar a la población, doblegar su voluntad de rebelión ante el actual estado de cosas; sin embargo, la brutal represión militar no logró su objetivo de arredrar la determinación de lucha de la población. Lamentablemente, como era de prever, la población pagó un elevado costo en vidas humanas que esta tardía retirada de los uniformados no logrará subsanar, y ninguna medida de castigo que se aplique a los responsables, por muy necesarias que sean, lograran reparar el daño causado.

El otro objetivo primario que perseguían estas medidas restrictivas con los militares en la calle era proteger los bienes y propiedades del gran empresariado y de los grandes intereses comerciales. Seguramente ese propósito lo deben haber conseguido, pues nunca estuvo en riesgo la destrucción o apropiación de esas propiedades por parte de la población movilizada. Las instalaciones que han resultado quemadas o destruidas no fueron propiamente producto de las movilizaciones ciudadanas sino de acciones que será labor de los tribunales dilucidar, pero que dejaron de producirse luego de la multitudinaria manifestación social de este viernes.

Lo cierto es que la señalada manifestación del viernes 25 fue la que mandó de regreso los milicos a sus cuarteles, más allá de que por la típica arrogancia de los gobernantes, Piñera haya postergado hasta horas recientes un anuncio que era evidente.

Solo que este gobierno no da ninguna garantía de que, ante cualquier incapacidad o ineptitud para solucionar las demandas de la población no vuelva a recurrir al uso de los militares como fuerza represiva. Estas medidas restrictivas no pueden ser aceptadas por la población ni adoptadas por los gobernantes, ni siquiera cuando ya se haya retirado de Chile la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que arriba al país el día de mañana.
 

Resumen Latinoamericano