La investigación, realizada por el grupo europeo Coordinación Europea de Comités y Asociaciones para Palestina (ECCP).

“Los fondos de investigación de la UE han sido una fuente de financiación muy importante para académicos, corporaciones e instituciones estatales israelíes, entre ellos una serie de compañías militares y los involucrados en asentamientos israelíes ilegales”, declaró el ECCP en un comunicado de prensa que lanzó ‘UE e Israel: Caso de complicidad’.

“Durante muchos años, la sociedad civil europea y palestina y las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el dinero de los contribuyentes europeos que se canaliza a empresas e instituciones israelíes acusadas de crímenes de guerra e involucradas en violaciones del derecho internacional y los derechos humanos”.

Según el ECCP, incluso al mismo tiempo que la UE ha estado criticando las acciones israelíes a lo largo de los años en el territorio palestino ocupado, el organismo también ha estado “financiando a las mismas compañías que sostienen estas actividades ilegales”.

Por lo tanto, los defensores de los derechos humanos agregan, “cuando se trata de Israel, la UE continúa violando sus propias directivas y compromisos con el derecho internacional al financiar entidades cómplices israelíes a expensas de los palestinos”.

En un ejemplo citado en la investigación, como parte del último ciclo de financiación conocido como “Horizonte 2020”, dos de las compañías militares más grandes de Israel, Elbit Systems e Israel Aerospace Industry, recibieron casi 10 millones de euros de dinero de los contribuyentes europeos.

Aunque Israel no es un país de la UE, los solicitantes israelíes han podido acceder a los fondos de investigación de la UE sobre la misma base que los estados miembros desde 1995 a través del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel.

“Si bien Israel, como potencia ocupante, tiene la responsabilidad principal de garantizar el respeto del derecho internacional y los derechos humanos de la población palestina ocupada”, declara ECCP, “terceros estados que no son parte en el conflicto, como la UE y sus estados miembros, también tienen la obligación de no ayudar, asistir o reconocer organismos que violen el derecho internacional”.

Fuente: MEMO