"La CIDH condena de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos. (...) Estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas", dijo el organismo en un reporte.

El reporte, de carácter preliminar y publicado por varios diarios, recoge observaciones y conclusiones de una comisión especial encabezada por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, quien visitó cuatro ciudades de Bolivia en noviembre, inmediatamente después de los sucesos denunciados.

Sacaba (centro) y Senkata, en la ciudad de El Alto (oeste), vecina a La Paz, fueron lugares donde manifestaciones de rechazo al gobierno de facto de Jeanine Áñez autoproclamado el 12 de noviembre fueron reprimidas por fuerzas policiales y militares, dejando al menos 10 y 9 muertos respectivamente.

En el primer caso, la protesta disuelta fue una marcha de productores de coca que pretendía llegar a la ciudad de Cochabamba, en tanto que en Senkata la operación policial-militar fue contra grupos de vecinos que bloqueaban los accesos a una planta de distribución de combustibles.

Según la CIDH, "los patrones de las lesiones que se han registrado (entre los muertos y heridos en Sacaba y Senkata) ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial".

El gobierno de facto, que se basa en el informe de un instituto forense estatal para negar que las muertes hayan sido causadas por armas militares, reconoce por ahora solo 29 fallecidos y 30 heridos, en tanto que la Defensoría del Pueblo manejaba hasta la semana pasada la cifra de 34 muertos.

El recuento, que refiere inicialmente la polarización política y los brotes de racismo y discriminación surgidos desde antes de las elecciones del 20 de octubre, se concentra en las cinco semanas siguientes a los comicios, durante las cuales el presidente Evo Morales resultó forzado a renunciar y fue sucedido por Áñez.

"En el contexto de la violencia sociopolítica generalizada que se desencadenó en los períodos previo y posterior a las elecciones (...) se ha registrado una serie de graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias, mucho más allá del contexto de la protesta social", señaló la CIDH.

El reporte planteó que un "Grupo Internacional de Expertos Independientes" haga "una investigación internacional independiente e imparcial sobre estos hechos".

Esa investigación externa es necesaria porque "no es claro que la institucionalidad nacional esté en condiciones o en capacidad de cumplir con la obligación estatal internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables", sostuvo la CIDH.

El informe reiteró el rechazo de la CIDH al decreto 4078 por el cual el Gobierno de Áñez eximió de responsabilidad penal a los militares que participaron en la represión.

Advirtió que ese decreto viola normas internacionales y, por lo tanto, "los actos de violencia que se hayan cometido durante los días en que estuvo vigente no pueden quedar amparados por ningún tipo de amnistía o exención de responsabilidad para los agentes del Estado".

El reporte añadió que la delegación de la CIDH recogió múltiples testimonios de personas que denunciaron persecución a causa de sus ideas o por el simple hecho de haber sido funcionarios del gobierno pasado.

"El clima de persecución judicial y extrajudicial de opositores ha resultado en renuncias masivas y en cadena de servidores públicos a todo nivel", señaló.

Agregó que esta situación afecta también a los exmiembros de los tribunales electorales, con aparente violación de su derecho a procesos justos.

Fuente: Sputnik