Jue 26 de diciembre de 2019 Curiosidades

Las redes vecinales madrileñas acogieron a casi 50 solicitantes de asilo sin plaza en menos de un mes

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Por Jairo Vargas para Público.es

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Las redes vecinales madrileñas acogieron a casi 50 solicitantes de asilo sin plaza en menos de un mes

Solicitantes de asilo que esperan un recurso de acogida frente a las puertas del Samur Social de Madrid. EFE/Javier Lizón.

“Cuando desaparecéis de la puerta del Samur Social, esto vuelve a pasar”, aseguran a los medios de comunicación las redes vecinales de apoyo y acogida para los solicitantes de protección internacional que llegan a Madrid sin recursos para alojarse.

 

A pesar de la denuncia mediática y vecinal, el problema continúa sin una solución firme, ni por parte del Ayuntamiento de Madrid —encargado de las situaciones de emergencia de la ciudad— ni del Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social —con las competencias del sistema de acogida de refugiados—. Tres semanas después de la reunión entre ambas instituciones, el pasado 29 de noviembre, a la que también acudieron representantes de la Comunidad de Madrid, de UNICEF, el ACNUR, Save the Children y Aldeas Infantiles; la escena en las rejas del Samur se mantiene sin cambios, apuntan desde la Red de Solidad Popular (RSP) y la Red Solidaria de Acogida (RSA).

En lo que va diciembre, 48 personas solicitantes de protección internacional se han quedado sin plaza en los albergues para personas sin hogar y centros de acogida del Ayuntamiento de Madrid tras una larga espera a las puertas de la sede del Samur Social. La mayoría de ellas fueron alojadas por vecinos y organizaciones, según han ido informando a diario los voluntarios que les acompañan en este duro trance. Unas veces, corrieron con los gastos de un hostal y, otras, pusieron sus propias casas ante la escasez de soluciones por parte de las administraciones, que siguen sin contar con plazas suficientes para la afluencia de solicitantes de asilo.

“En ocasiones, han sido los propios trabajadores del Samur Social los que nos han pedido directamente que nos hagamos cargo de alguna familia para la que no había sitio. La pasada semana, por ejemplo, alojamos a una familia de Ucrania con dos niños pequeños cuando nos dijeron que no tenían plaza”, explica una voluntaria de la RSP Latina-Carabanchel. “Estamos como estábamos hace tres semanas y como hace dos meses”, sentencia esta activista, que recuerda que los empleados del Samur están desbordados. De hecho, este viernes, los trabajadores convocaron dos horas de paros en protesta por la falta de acuerdo para mejorar sus condiciones laborales. Ya hicieron una huelga hace semanas contra la empresa adjudicataria del servicio, Grupo 35, pero continúan sin avances, explican fuentes sindicales del Samur Social.

 

Más de 650 personas derivadas a plazas del Ministerio

En lo que va de diciembre, el Ministerio ha derivado al programa de primera acogida de solicitantes de asilo a 664 personas, informa la Secretaría de Estado de Migraciones. Son 4.021 personas derivadas a plazas del Ministerio desde el 1 de julio, añaden las mismas fuentes. De ellas, 2.166 procedían de recursos de emergencia del Consistorio.

 

El Ministerio insiste en que necesita espacios con urgencia en los que se pueda alojar de inmediato a estas personas sin recursos a los que el Gobierno debe cubrir las necesidades básicas mientras se tramita su solicitud de asilo, pero las opciones que se han puesto hasta ahora sobre la mesa siguen en punto muerto. De las más de mil plazas anunciadas hace meses por al Ayuntamiento, solo funcionan 130 en una residencia de Cercedilla. El resto de espacios siguen sin acometer las obras de acondicionamiento necesarias para albergar a personas, y ni Ayuntamiento ni Ministerio han informado sobre novedades pese a las preguntas de Público.

 

La pasada semana, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid anunciaron que próximamente se habilitarán entre 200 y 300 nuevas plazas en módulos prefabricados, pero a día de hoy siguen sin precisar cuándo y dónde estarán disponibles. “Tememos que sigan haciendo anuncios pero que no se concrete nada, que es lo que hacen todas las instituciones para calmar los ánimos”, lamenta la RSP.

 

Por otra parte, el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, Pepe Aniorte, insistió la pasada semana durante el pleno municipal en que la responsabilidad en esta materia recae exclusivamente en el Gobierno central, al que acusa de dejación de funciones.

146 millones para reforzar el sistema de asilo

Desde el Gobierno responden que el Consejo de Ministros de la pasada semana aprobó destinar 146,5 millones de euros a reforzar la capacidad del sistema de protección internacional y asilo, que atiende a casi el doble de personas que el año pasado. También puso sobre la mesa una cuantía adicional de 25 millones euros de financiación suplementaria, procedentes de fondos europeos, precisó el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Mientras tanto, el Ministerio de Interior se centra en “agilizar” la resolución de los expedientes de protección internacional que llevaban años acumulándose en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR). Según este departamento, en 2019 se han resulto 62.641 solicitudes de protección internacional, “casi cinco veces más que el año pasado”, cuando fueron algo menos de 19.000. Hasta noviembre, se presentaron en España 107.542 solicitudes, una “cifra histórica”, destaca el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska, que recuerda que el pasado año se recibieron 55.749 solicitudes, mientras que en años anteriores, como en 2012, la cifra no superó las 3.000.

Un aumento para el que el sistema no estaba preparado, sobre todo en Madrid, que ha recibido 49.323 peticiones, la mitad aproximadamente. Interior precisa que, de las más de 62.500 solicitudes resueltas, sólo se les ha concedido protección internacional a 3.155, mientras que casi 40.000 han obtenido una autorización de estancia o residencia temporal por razones humanitarias. La inmensa mayoría son ciudadanos procedentes de Venezuela, la nacionalidad que más solicitudes de asilo ha registrado en España durante los últimos tres años.

 

Por Jairo Vargas para Público.es

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