La policía nacional y el ejército, portan desde los años 70 y 80 métodos coactivos que venden “seguridad” a cambio de aliviar el miedo en la sociedad debido al elevado índice de violencia.  A esto se suman las empresas de seguridad privada y la acumulación de armas en la población civil. Basta observar las largas filas todos los días de ciudadanos para registrar sus armas de fuego en la Dirección General de Armas y Municiones. Todo esto transcurre sin discutir las estructuras corruptas, conservadoras y mafiosas enquistadas en el sistema político y económico guatemalteco que han hecho del miedo un negocio. 

Un acuerdo entre Guatemala y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias, como figura en la página de internet de la DIGECAM, desde 1978 se llevan tratados para legalizar armas en el país. Indica la Digecam en una publicación de el periódico, que registró 72 armas por día durante 2018, sin embargo hay un promedio anual de 4800 armas incautadas, y para dar una muestra solo en el 2017, 1406 personas fueron sindicadas de portación ilegal y desde el 2008, entre el 70 % y el 80 %, de muertes violentas están vinculadas a un arma de fuego, según datos de la Policía Nacional Civil analizadas por la Asociación Diálogos.

Estudios de las Naciones Unidas apuntan que Guatemala tiene unos de los niveles más altos de criminalidad en Latinoamérica y uno de los 3 países del mundo con más asesinatos a menores de edad. En un comunicado de prensa de UNICEF titulado: ¡Basta! menciona que cada día mueren a causa de la violencia 2 niños y niñas y  en promedio 40 quedan huérfanos a causa de la muerte violenta de alguno de sus padres. 

 Encima de todo el terror se sigue sembrando con prácticas militares que muchas familias de víctimas, sin una memoria dignificada por el estado, quisieran olvidar.  El expresidente Jimmy Morales decretó estado de sitio en varios municipios el año pasado para “combatir” el narcotráfico, justo en departamentos ricos en recursos naturales. Los aparatos de fuerza armada se sigue utilizando para defender intereses de sectores poderosos. Cuenta el diputado de Winaq  (partido de izquierda) Amilcar Pop, para prensa comunitaria que “El estado de sitio es claramente un mecanismo para proteger los capitales y los intereses de las multinacionales».

A pesar del problema de la violencia, una de las primeras iniciativas del actual presidente Alejandro Giammattei, ultraconservador, quien ya estuvo en prisión por ejecuciones extrajudiciales, es hacer reformas al artículo 24 del código penal para que se usen las armas en “legitima” defensa.

El tejido social en la población quedó herido y fueron miles de personas indígenas desplazadas de las áreas rurales donde el ejército a mando del estado mayor arrasó con masacres brutales durante el “conflicto armado interno” entre 1960 y 1996.  Esto provocó desde ahí oleadas migratorias internas a la capital del país para buscar oportunidades de trabajo y de subsistencia, por lo cual muchas personas recurren a un trabajo donde no les exijan alguna experiencia previa y tampoco un nivel elevado de educación. 

Hay que caminar pocas cuadras para ver policías privados en su mayoría indígenas con grandes escopetas y una cadena de municiones en la cintura, afuera de alguna tienda de ropa, centro comercial, Mcdonalds, Burguer King, bancos,  pequeñas tiendas, autos repartidores de productos y hasta colegios privados. Muchos lejos de sus familias y sin ningún entrenamiento profesional. Se estima que hay entre 100.000 y 150.000 policías privados en el país, tal cifra cuadruplica a los policías nacionales, según  especialistas, indica una nota de la BBC.

Según un estudio de Plaza Pública en Guatemala, entre 1996  y 2018 se importaron más de 415 millones de municiones (415,519,458 con exactitud), según registros de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, bajo jurisdicción del Ministerio de la Defensa Nacional. Y uno de cada 25 guatemaltecos tiene un arma de fuego, mientras que según el Ministerio de educación para el 2018 habían 134,000 maestros para todos los niveles, lo que quiere decir que Guatemala tiene más armas que maestros y más balas que población. 

Si hacemos hincapié en la presencia militarizada del estado en relación con la ausencia de un derecho humano fundamental como es la educación, podemos ver con datos obtenidos del Mineduc en un censo del 2017,  que 141 mil 337 menores no asisten a la escuela y del mismo año CONALFA apuntaba que un millón 241 mil 32 guatemaltecos mayores de 15 años no saben leer ni escribir y los indices mas altos de analfabetismo están más altos en  la región del altiplano occidental. 

La falta de oportunidades y de políticas que garanticen el resarcimiento a las víctimas de las dictaduras militares y la falta de condiciones  básicas para acceder a una vida digna, con vivienda, alimentación y salud, hace que personas que podrían vivir de la agricultura por ejemplo, tengan que migrar a la capital, con un estado ausente que tampoco garantiza la educación pública y deja al pueblo a merced del ¡Sálvese quien pueda!

Joel López Muñoz​ para Resumen Latinoamericano