La denuncia fue firmada además por María Eva Koutsovitis, por Unidad Popular CABA; Lucila González, por el Movimiento Popular La Dignidad CABA; Pablo Spataro, por CTA-A Capital; Franco Armando, por el Frente Territorial Salvador Herrera; y Ana Rameri, por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

Dicha acusación se realizó por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y por administración fraudulenta contra la Administración Pública. Quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11, hasta hoy a cargo del Juez Claudio Bonadio, quien falleció durante la mañana de este martes, bajo el Expediente N° 428/2020.

A través de decretos presidenciales, decisiones administrativas y convenios con la AABE, Mauricio Macri autorizó la venta de más de 150 inmuebles nacionales, de los cuales 80 estaban ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Gran parte de estos fueron vendidos sin previa autorización del Congreso. Esto está establecido en la Constitución Nacional, y allí radica el primer fundamento de esta denuncia.

Por otra parte, entre el 11 y el 13 de noviembre del año pasado, se firmaron dos convenios entre Nación y Ciudad por los cuales se transfirieron 18 inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Al hacer esto, se violó el artículo 15 bis de la ley 25.917 que en los últimos dos trimestres del año de fin de mandato presidencial está prohibida cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos.

Otro de los puntos en los que se fundamenta esta imputación es en la violación del artículo 18 de la ley 27.098 que asegura el derecho a la propiedad para los clubes de barrio cuyas sedes estén construidas sobre terrenos fiscales. A través del decreto 355/2018 se transfirieron parcelas donde actualmente se encuentra emplazado el Darling Tennis Club.

Finalmente, el 9 de diciembre de 2019, a sólo un día de dejar su cargo, el ex titular de AABE, Ramón Lanús, firmó el contrato de concesión del Paseo de la Infanta por el término de 10 años en favor de la firma Estación Rosedal S.A., incumpliendo así con varios alcances del Decreto 202/2017 del Ejecutivo Nacional.

Lanús había solicitado un dictamen a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), luego de que un oferente informara, en el marco del proceso licitatorio, un supuesto conflicto de intereses con el ex responsable de AABE, con quien había mantenido una disputa judicial. La SIGEN había ratificado la existencia del conflicto a través de un dictamen técnico interno, señalando que el funcionario no estaba habilitado para poder firmar la adjudicación. Sin embargo, y a contramano del resultado de esa consulta, el proceso avanzó y Lanús no esperó la respuesta de la SIGEN.

Fuente: Canal Abierto