Mar 11 de febrero de 2020 Mundo

Barreras a la participación política de los pueblos indígenas

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Los resultados de las elecciones congresales extraordinarias 2020, siguen generando muchas preguntas, la sorpresa para el Perú oficial y los desorientados medios de comunicación, no preveían un resultado donde el Frente Agrícola Popular del Perú (FREPAP) y Unidos por el Perú (UPP), tengan tan importante presencia dentro de un fragmentado Congreso para este periodo 2020-2021.

 

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Barreras a la participación política de los pueblos indígenas

Los caminos sinuosos que traza el Perú no oficial, son desconocidos y marginales para esa realidad limacentrista, y claro, las propuestas que se esbozan, suelen estar aún lejos de abordar esa complejidad social, un reflejo más de nuestra débil democracia.

 

Lo cierto es que esa fractura social la podemos corroborar, si hacemos una breve revisión sobre las barreras que ha enfrentado la participación política de los pueblos indígenas u originarios en las elecciones 2020.

 

Barreras institucionales

 

El Convenio 169 de la OIT es para los pueblos indígenas uno de los principales tratados internacionales que protege sus derechos colectivos, ratificado por el Perú desde 1995 aún sigue siendo un reto implementarlo. Por tanto, existe una vulneración constante y sistemática a este tratado, que en un proceso electoral como analizado salta rápidamente a la vista.

 

Perú fue una de los últimos países adheridos al Convenio 169 en introducir una pregunta de identificación étnica en los censos nacionales, en el 2017 por primera vez se elabora la pregunta, a pesar de ser una pregunta racializada la que se hizo, dio como resultado que el 25.6% de los peruanos y peruanas, cerca de 6 millones de ciudadanos, se identifique como parte de un pueblo indígena u originario. Es decir, hoy contamos con cifras disgregadas en todas las regiones del país que no fueron utilizadas para el proceso electoral.

 

En ese sentido, no se informó que regiones del país cuenta con mayor cantidad de población indígena, no se preguntó a las y los candidatos si pertenecían a uno de los 55 grupos indígenas o hablan una de las 48 lenguas; menos aún se pudo conocer las propuestas de cada candidato (1). Si bien no existe ninguna ley explicita que obligue a dar esa información, si hay normas de gestión pública que buscan transversalizar el enfoque intercultural.

 

El Jurado Nacional de Elecciones- JNE, en el proceso electoral 2020 no visibilizo la problemática indígena, simplemente lo redujo a enviar una nota de prensa exhortando a los partidos políticos a asegurar la participación de los pueblos indígenas (2) y un saludo en idioma indígena en un spot publicitario.

 

Por su parte, el ente rector en materia de derechos de pueblos indígenas, Ministerio de Cultura conjuntamente con el JNE, organizaron un diálogo denominado “Una nueva política con igualdad” (3) donde además participaron grupo LGTBI y otras minorías, ese fue el único acto que informe y visibilice la problemática de los pueblos indígenas.

 

En general hubo muy pocos espacios de discusión sobre la agenda indígena, uno de ellos fue la organizada por la Confederación Nacional Agraria-CNA (4) en donde se invitó a candidatos de los veintiún partidos y solo asistieron cinco: Frente Amplio, Juntos por el Perú, Perú Nación, RUNA y Perú Libre; dejando en evidencia el poco interés por parte de la mayoría de partidos políticos en esta temática.

 

Barreras sociales: Discriminación y racismo

 

Como sabemos el Estado peruano no tiene ninguna norma que promueva que ciudadanos indígenas sean candidatos para elecciones legislativas, los partidos políticos tienen total discrecionalidad en incluirlos o no. Sin embargo en los procesos electorales regionales y municipales desde el 2002 se incluyó una “cuota indígena” modificando la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipalidades, que obligaba incluir a ciudadanos indígenas en las listas partidarias. En la práctica este mecanismo fue utilizado residualmente para acumular las categorías de mujer indígena joven y desnaturalizar el espíritu de la norma.

 

Es entonces que solo podemos identificar a un candidato o candidata indígena si el partido tiene en bien considerarlo, pero además no hay obligatoriedad para registrar dicha información. En estas elecciones congresales fueron principalmente partidos progresistas los que incluyeron en sus listas, es el caso del Frente Amplio que llevó a Ketty Marcelo por Junín y Denis Pashanase por Loreto, Juntos por el Perú a Gahela Cari por Lima, RUNA a Isabel Lopez por Lima, Perú Libre a Jhirely Diaz Oliva por Lambayeque, Democracia Directa a Rosa Palomino por Puno, además de dos partidos conservadores como Vamos Perú que llevó a Teddy Sinacay por Junín y Podemos Perú a Robert Guimaraes por Ucayali (5).

 

Como no se tiene información sobre la identidad étnica de los candidatos es complicado hacer el seguimiento, pero se ha podido identificar que principalmente son las mujeres indígenas las que sufrieron diversos ataques de racismo y discriminación, es el caso de la candidata Rosa Palomino de la región de Puno, auto-identificada como aymara, de la misma manera la candidata Ketty Marcelo, asháninca de la región Junín y Gahela Cari, trans-indígena candidata por Lima, quien recibió diversos ataques racistas y transfóbicos.

 

A esta problemática durante el proceso electoral, hay que sumarle la reacción eminentemente racista y discriminatoria ante los resultados del partido político FREPAP, que lograra colocar 16 representantes en el Congreso y cuyos virtuales congresistas si bien no se autoidentifican como miembros de pueblos indígenas, su ideario político, tiene referencias a ser un partido tawantisuyano.

 

Lo cierto es que sigue siendo la identificación étnica en el Perú una problemática de la cual no se quiere tratar abiertamente como una cuestión Estatal, lo que lleva a no poder abordar de manera clara y definida los ataques racistas, a esa situación hay que agregarle que los medios de comunicación abierta suelen reproducen y trasmitir impunemente el racismo y discriminación hacia los pueblos indígenas.

 

Barreras normativas

 

La implementación de la norma de cuotas indígenas en la lista de partidos políticos, ha sido un fracaso, es por tanto una urgencia que el actual Congreso retome el debate de las reformas políticas necesarias para llegar al 2021 con un marco jurídico que promuevan la participación directa de los pueblos indígenas en el Congreso.

 

Recordemos que la Comisión Tuesta, elaboró 12 proyectos de reforma, uno de ellos abordaba de manera tímida y desproporcional la participación política, proponiendo la introducción de un distrito electoral indígena y asignándole un escaño. Ante ello las organizaciones indígenas aprovecharon la oportunidad para presentaron el proyecto de ley N° 4542/2018-PE[6], introduciendo cambios sustanciales, donde en base a los resultados del censo nacional del 2017 se aplicase la proporcionalidad en la representación política otorgándoles 32 escaños reservados para los pueblos indígenas.

 

Además la manera de elegir a los representantes indígenas respetase los usos y costumbres en de pueblos indígenas, puesto que el mecanismo de partidos políticos no es el idóneo. El proyecto de ley actualmente está en la Comisión de Constitución y tiene que ser discutido cuando se instale el nuevo Congreso.

 

Es urgente una reforma política que ponga sobre la mesa la problemática que significa tener excluidos a las comunidades y pueblos indígenas de las decisiones del actual Estado, al no otorgar ninguna cuota de poder político a pueblos y comunidades poseedores y propietarias de más del 40% del territorio nacional y que cada mes constituyen más del 70% de conflictos sociales que reporta la Defensoría del Pueblo.

 

Hay por tanto una situación de asimetría de poder en la actual organización política, que no visibiliza el control verdadero de los territorios indígenas y que una vez instalado el conflicto obliga al Estado a enfrentarlo con violencia en lugar de canalizar parte de las demandas por vía democrática y que mejor que hacerla de manera directa, a través de la participación política de los pueblos indígenas.

Fuente: Alainet

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