El espionaje consiste en el intento de un Estado de obtener información confidencial o estratégica de otro Estado, ya sea de ámbito militar, económico u otros. Paradójicamente, esta práctica nunca ha estado regulada por un tratado internacional. De hecho, la única mención de importancia al respecto en un texto legal de ámbito internacional apareció, en el contexto de la Guerra Fría, con el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra sobre la protección de víctimas de conflictos armados, de 1977. Este protocolo establece que los espías capturados por el enemigo no tienen derecho a ser tratados como prisioneros de guerra ni gozar de los privilegios de ese reconocimiento.
 

Existen posturas enfrentadas al respecto de la legalidad del espionaje a nivel internacional. Algunos académicos mantienen que, en la medida en que no existe ningún texto legal que prohíba el espionaje y dado que se lleva practicando desde hace siglos, se trata de una práctica legítima y legal. Por el contrario, otros defienden que, aunque el espionaje no está prohibido explícitamente por el derecho internacional, constituye una violación de la soberanía de los Estados y una intromisión en sus asuntos internos, por lo que debe ser considerado ilegal.  En la práctica, el espionaje está en un limbo legal que las potencias no tienen demasiado interés en regular bajo el pretexto de que hacerlo podría obstaculizar medidas impuestas para beneficio de su seguridad nacional.

Por otra parte, el espionaje ha ido haciéndose más sofisticado en los últimos años. Hoy en día, el medio más común por el que los Estados llevan a cabo esta práctica, y el más difícil de controlar, es el ciberespacio. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, el espionaje sobre el terreno ha perdido relevancia en favor de la recopilación de datos, vigilancia e intercepción de información digital. Este cambio de tendencia se puso de manifiesto después de que el exagente de la CIA Edward Snowden llevara a cabo una de las mayores filtraciones de secretos de Estado de la historia en 2013. El escándalo Snowden reabrió el debate sobre hasta dónde podía llegar el espionaje, aunque todavía no se ha alcanzado una regulación específica con respecto al espionaje internacional.

Sin embargo, algo que sí está regulado en el derecho internacional —recogido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— es el derecho a la privacidad y a la no injerencia en la vida privada. Sobre esta base legal, Alemania y Brasil lanzaron en 2013 una propuesta a la Asamblea General de la ONU para impulsar una resolución reafirmando el derecho a la privacidad y en contra de las prácticas de espionaje internacional que violan este derecho. Aunque esta resolución no es vinculante, su aprobación dejó constancia de la preocupación de la comunidad internacional ante la falta de control con respecto estas prácticas. En dicha resolución, las Naciones Unidas instan a los Estados a examinar su legislación sobre interceptación de comunicaciones y vigilancia de datos personales, expresando especial preocupación en torno al uso de estas prácticas de manera extraterritorial, además de recordar que el derecho a la privacidad de las personas también debe estar protegido en los medios digitales.

Fuente: El Orden Mundial