Fri 22 de May de 2020 Medio Ambiente

Brasil: Grandes fincas invaden más de 480,000 hectáreas de tierras indígenas en Mato Grosso

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Por Caio de Freitas Paes para De Olho Nos Ruralistas y traducido por Resumen Latinoamericano.

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Brasil: Grandes fincas invaden más de 480,000 hectáreas de tierras indígenas en Mato Grosso

La Asamblea Legislativa discute el borrador «gemelo» de las regulaciones de Funai que autorizan el registro de la propiedad dentro de las reservas; contando solo superposiciones de más de 400 hectáreas, el área total es mayor que tres veces el municipio de São Paulo

 

La reciente ofensiva en tierras indígenas en el país está comenzando a tomar forma y nombre. Todo comenzó cuando la Fundação Nacional do Índio (Funai) cambió sus directrices sobre el reconocimiento de los límites de reserva en la demarcación, el 22 de abril. En menos de un mes, como lo muestra la Agencia Pública , un poco más de setenta granjas que invaden territorios indígenas han sido certificadas por el gobierno. Una parte considerable de ellos se encuentran en Mato Grosso.

De Olho Nos Ruralistas, tuvo acceso a datos que revelan quién posee grandes propiedades que se superponen a las tierras indígenas (TI), registradas en el Registro Ambiental Rural (CAR) en Mato Grosso. Estas son granjas que invaden 400 hectáreas o más de las áreas demarcadas. En conjunto, las superposiciones superan las 486 mil hectáreas, más del triple que las del municipio de São Paulo.

La mayoría de las invasiones ocurren al norte de la meseta de Parecis, donde se encuentran las cuencas hidrográficas del Amazonas, Tocantins y Platina. Hay municipios como Campos de Júlio, Campo Novo dos Parecis, Juara, Juína y Sapezal, un centro para la expansión de algodón, maíz, soja y ganado en el estado. Lo más destacado es Brasnorte, donde se encuentran los Manoki, de Irantxe , y Menkü, de Myky . En total, suman 249 mil hectáreas invadidas por propiedades registradas en el estado CAR. Es más del doble que la ciudad de Río de Janeiro.

«El caso Myky es inaceptable y aterrador, porque el proceso de ocupación de la tierra pasó por alto», dice Andreia Fanzeres, coordinadora del Programa de Derechos Indígenas de la Operación Amazon Native (Opan). «Ellos arrasaron pueblos enteros, literalmente». Hoy, los Myky están luchando por la demarcación de más de 146 mil hectáreas en Brasnorte. Los Irantxe reclaman otras 206,000 hectáreas en el municipio.

La tierra indígena de Menkü se encuentra entre las amenazadas por las invasiones. (Foto: Henrique Santian / Opan)

Otro territorio vulnerable a las invasiones es la Tierra Indígena Piripkura. Ubicado entre Colniza y Rondolândia, en el extremo noroeste, es el hogar de pueblos aislados en este borde de la Amazonía. Mutum Farm, que invade la reserva, es controlada por la familia Penco, con varios otros negocios agrícolas en Mato Grosso. El latifundio con más de 24 mil hectáreas avanza sobre la reserva en un contexto delicado.

A fines de abril, la coordinación del contacto con personas aisladas en Brasilia cambió a la persona responsable de esta reserva: fue el primer cambio desde que Ricardo Lopes Dias asumió el cargo en la superintendencia. Este jueves (21), su nombramiento fue suspendido por el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF1), según lo decidido por el juez federal Souza Prudente, a solicitud del Ministerio Público Federal. Según el periódico O Globo , un juez identificó «conflicto de intereses».

Dias está vinculado al grupo evangélico Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB), dedicado a la conversión de los pueblos indígenas a la fe cristiana en la Amazonía, y nombró un servidor objetivo para las investigaciones internas en Funai . Aprenda más sobre estos misioneros aquí: » Muertes, esclavitud y abuso sexual: el legado de las misiones dirigidas por el padre de un antropólogo encarcelado por Ibama «.

MILLONES DE INVERSORES AMENAZAN LAS RESERVAS

La nueva directriz de Funai es un verdadero punto de inflexión en la lucha indígena por la tierra. La instrucción normativa No. 9 cambia el reconocimiento de territorios en los sistemas del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). Además de las reservas y tierras de las comunidades indígenas, solo las tierras indígenas aprobadas por decreto presidencial serán reconocidas en el Sistema de Administración de Tierras.

La pluma de Marcelo Xavier, presidente de Funai, fue pagada por Nabhan García , ex presidente de la Unión Democrática Rural (UDR) y secretario especial de Asuntos de Tierras del gobierno de Bolsonaro. Comprenda más sobre Nabhan y sus conexiones con la región: » El suegro de Nabhan García compró 67,000 hectáreas de tierras indígenas en Mato Grosso en la década de 1980 «.

La familia de Nabhan García tiene una historia con grandes propiedades en Mato Grosso. (Foto: Carolina Antunes / PR)

Tan pronto como se publicó la directriz, los defensores de los agronegocios celebraron en Mato Grosso. Uno de ellos fue el diputado estatal Nelson Barbudo (PSL), quien dedicó la «victoria» a la «gente de Brasnorte, de Aprub». Se refería a la Asociación de Productores Rurales Unidos de Brasnorte. Los terratenientes realmente ganaron: de las diez superposiciones más grandes del estado, cuatro están en el municipio.

La mayor invasión de reservas delimitadas, identificadas y en estudio en Mato Grosso ocurre en Fazenda Siqueira. Solo, invade 39.700 hectáreas de TI Menku de Myky , que se usa hoy para la siembra a gran escala de algodón, maíz y soja. La parte superpuesta representa menos del 40% del área total de tierra, estimada en 95 mil hectáreas.

La finca es propiedad de General de Cantagalo comercio de granos y el CGG, que se une a la japonesa Sojitz Corp . En 2017, CGG tenía deudas millonarias, más de R $ 170 millones , con Banco do Brasil, Bradesco, Santander y Rabobank, entre otros.

BENEFICIOS DE LAS DIRECTRICES DE FUNAI

Los grandes deforestadores también se están beneficiando de la nueva directriz de Funai. Este es el caso de Fazenda Papagaio, con 16.6 mil hectáreas enteramente en la tierra del Myky. Allí, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables (Ibama) capturó la deforestación ilegal en 2017. Agropecuária Rio Papagaio Ltda, responsable de la granja, fue multado con R $ 8,7 millones por delitos ambientales. Desde 2000, Ibama ha aplicado casi R $ 107 millones en castigos en el municipio, como se muestra en el Mapa de multas por deforestación .

Agropecuária Rio Papagaio es uno de los antagonistas de Myky en su lucha por la demarcación. Controlado por la familia Bigolin, se unió a los ganaderos de Aprub y Tequendama Agropecuária Ltda para evitar el reconocimiento del territorio. Según el Ministerio Público Federal (MPF) en Mato Grosso, la primera demarcación se realizó «sin criterios técnicos», a instancias de Mauro Tenuta , el primer agricultor que los expulsó de sus tierras. En 2018, el 5 ° Panel del Tribunal Regional Federal de la 1 ° Región ( TRF1 ) determinó por unanimidad la reanudación de la demarcación.

Agropecuária Rio Papagaio y Tequendama están vinculados a un grupo de inversores rurales, el Grupo Apolinário. Estuvo involucrado en negociaciones millonarias de deuda con Mato Grosso. El vehículo FolhaMax Mato Grosso informó que, en noviembre de 2019, las cantidades rondaron los R $ 99 millones. Vitor Apolinário Filho ya recibió una multa de R $ 1,2 millones por deforestación en Brasnorte.

TIERRAS INDÍGENAS TIENE TRÁFICO ILEGAL DE MADERA

Más allá de la parte centro-norte del estado hay otra reserva seriamente amenazada por superposiciones. Es la Tierra Indígena Batelão, de Kawaiwete, entre los municipios de Juara, Nova Canaã do Norte y Tabaporã. Más conocidos como Kayabi, los indígenas están luchando por la demarcación de 117 mil hectáreas. Desde 2007, han sufrido de ida y vuelta en los tribunales .

En 2016, Jemy Kaiabi, líder indígena de Kawaiwete, informó sobre dificultades en la vida en el Parque Nacional Xingu, donde fueron confinados después de su expulsión, al comienzo de la dictadura. «Encontramos dificultades en relación con nuestra cultura, costumbres», dijo al Instituto Socioambiental ( ISA ). «Nuestro conocimiento está desapareciendo».

Fazenda Terra Santa, propiedad del gigante Terra Santa Agro , invade la Tierra Indígena Batelão en más de 18.800 hectáreas, según datos de mato grossense de CAR. La compañía cultiva algodón, maíz y soja en el sitio.

La investigación realizada por Opan y otras ONG muestra la incidencia de las granjas de TI. (Imagen: reproducción)

El director del grupo, José Humberto Prada Teodoro Júnior, dijo a Reuters a fines de abril que la compañía planeaba vender parte de su tierra para pagar deudas. Deben poco: son más de R $ 1,1 mil millones, según datos consolidados en diciembre de 2019. Una granja regularizada vale más que un área en conflicto con los pueblos indígenas.

El camino hacia la soja en esta parte de Mato Grosso se despejó después de mucha deforestación. La región ha sido devastada durante años por traficantes ilegales de madera. En 2010, una operación de la Policía Federal rompió un plan que causó una pérdida de R $ 1 mil millones con el «calentamiento» de la madera noble eliminada de la región, incluso del área de TI Batelão.

El esquema involucró a propietarios de fincas, ingenieros forestales y funcionarios estatales. Falsificaron licencias y planes de manejo forestal para áreas deforestadas. Según Estadão , los activos de la pandilla superaron los R $ 1,7 mil millones, incluso salpicando a miembros de alto rango de la política de Mato Grosso en ese momento.

LA ASAMBLEA ES APROBAR LA LEY DE PREDADOR

Como si la nueva directiva federal no fuera suficiente, el gobierno de Mato Grosso se unió a la ofensiva contra los territorios indígenas. El gobernador Mauro Mendes (DEM) envió un proyecto, «gemelo» para gobernar número 9, a la Asamblea Legislativa el 16 de abril , antes de que el gobierno de Funai fuera publicado en el Boletín Oficial, el 22, casi una semana después. . En Cuiabá, las habas se cuentan por su voto y aprobación, incluso después de las críticas del Ministerio Público Federal. El proyecto de ley complementario 17/2020 está en la agenda de los diputados y puede aprobarse en cualquier momento.

Crisanto Rudzö Tseremey’wá en el pueblo de Xavante. (Foto: Reproducción / Facebook)

«Es un error pensar que esto ayudará a los pueblos indígenas o los ‘productores’, como dijeron aquí en el estado», dice el presidente de la Federación de Pueblos y Organizaciones Indígenas de Mato Grosso (Fepoimt), Crisanto Rudzö Tseremey’wá, del pueblo Xavante. . “Los que ganan son dueños de grandes lotes. Están buscando exportar, alimentar al ganado europeo con la soja aquí ”.

En De Olho nos Ruralistas, Xavante critica la «falta de visión» de los políticos que apoyan la medida:

– Cuando mantenemos nuestros bosques en pie, producimos carbono limpio. Todos los humanos necesitamos esto para respirar. Cuando se degradan, terminan los bosques, produce CO2 que es dañino para la respiración de todos nosotros. El riesgo no es solo para los pueblos indígenas, sino para las generaciones futuras.

Asesora de la federación, Eliane Xunakalo critica no solo el proyecto estatal, sino también el momento en que se propuso. «Los diputados tenían que estar preocupados por la pandemia, que se está acercando a nuestros familiares aquí», dice el pueblo indígena del pueblo Kurâ Bakairi. «Falta asistencia, nadie se sentó con nosotros para pensar en soluciones, y todavía tenemos que resistir estas amenazas».

Mato Grosso registró el primer caso de coronavirus entre indígenas, informa la Real Amazonia .

OPAN POINTS ‘PANDEMIA LEGAL’

Las organizaciones que supervisan la protección ambiental y el apoyo a los pueblos del bosque en Mato Grosso están de acuerdo con la federación de pueblos indígenas. Junto con Fepoimt, las ONG Instituto Centro de Vida (ICV), International Rivers y Operation Amazônia Nativa ( Opan ) produjeron un análisis de los impactos si se aprueba el proyecto estatal.

Andreia Fanzeres afirma que las iniciativas solo sirven para incendiar el campo, «eliminando cualquier certeza legal de los propietarios, ya que cualquier validación de registros en tierras indígenas es una violación de la Constitución». «Estas medidas son un tiro en el pie», dice el coordinador del Programa de Derechos Indígenas de Opan. “No se puede esperar nada más que conflictos e incertidumbres sobre el territorio. Es una pandemia legal ”.

El MPF en Mato Grosso levantó el tono con respecto al debate. El 14 de mayo, presentó una demanda contra la Unión y el gobierno estatal, solicitando la anulación tanto de la regla número 9 como del proyecto de ley en discusión en la Asamblea. El fiscal Ricardo Pael, uno de los responsables de la acción, dice que hay «pruebas contundentes» de una acción coordinada entre las medidas, tanto contra los derechos de los pueblos indígenas.

“Las iniciativas generan innumerables ilegalidades y lesiones a los indios, al manejo de la tierra y a terceros de buena fe. «La gran cantidad de áreas que estarán ocultas de las bases de datos, permitiendo la certificación ambiental con todos los efectos secundarios, como la deforestación, la especulación inmobiliaria, la minería, nos preocupa».

El informe contactó a la oficina del gobernador Mauro Mendes y al presidente de la Asamblea, diputado Eduardo Botelho (DEM), para escucharlos sobre el proyecto de ley. Hasta que se cerró el texto, no hubo respuesta.

Foto principal (Giovanny Vera / Opan): imagen de dron de la Tierra Indígena Irantxe, contigua a TI Manoki

 

 

 

Por Caio de Freitas Paes para De Olho Nos Ruralistas y traducido por Resumen Latinoamericano.

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