Lenín Moreno da un discurso desde Carondelet tras asumir la Presidencia, en Quito, 24 de mayo de 2017. Henry Romero / Reuters.

En octubre de 2019 hubo un estallido social que se extendió por 11 días tras la eliminación a los subsidios de los combustibles. Las protestas han vuelto en medio de la crisis del coronavirus debido a nuevas medidas anunciadas por el mandatario.

Este domingo 24 de mayo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, celebra el tercer aniversario de su asunción a la Presidencia de ese país sudamericano.

Este tercer año ha sido el más turbulento de Moreno, desde que tomó las riendas del país en mayo de 2017, puesto que el descontento popular ante algunas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, derivó en fuertes protestas.

Pese al rechazo popular, en este último año se intensificaron las políticas de austeridad que empezaron en sus primeros dos años de mandato.

1.- El estallido social

El martes 1 de octubre de 2019, el presidente Moreno anunció una serie de medidas económicas y un paquete de reformas que, según él, serían para crear "más trabajos, más emprendimientos y mejores oportunidades".

Uno de los anuncios fue la eliminación de subsidios a las gasolinas extra y ecopaís, las más usadas en Ecuador, así como al diésel. Esto provocó el aumento de sus precios, las primeras pasaron de costar 1,85 dólares a 2,39 por galón; mientras, el diésel subió de 1,03 dólares a 2,29.

Con la quita de los subsidios, el Gobierno esperaba ahorrarse 1.400 millones de dólares al año. "Esos recursos deben invertirse en salud, educación, vivienda y seguridad social", dijo Moreno entonces.

Además, el paquete de reformas económicas y laborales buscaba 'flexibilizar' las condiciones de los trabajadores y reducir sustancialmente sus beneficios, como la renovación con un 20 % menos de remuneración de los contratos ocasionales y el recorte de vacaciones para los trabajadores del sector público (de 30 días a 15). Estas medidas respondían al acuerdo alcanzado entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prestó al país suramericano más de 4.200 millones de dólares, confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez.

Esto generó un estallido social. Transportistas, que integran varias federaciones en el país, iniciaron un paro nacional el jueves 3 de octubre y recibieron el apoyo de otros sectores. Hubo protestas en casi todo el país, que devinieron en disturbios y, para hacerles frente, Moreno decretó "estado de excepción" nacional, que facultó a las autoridades a aumentar el número de efectivos policiales en las calles y a sumar a los militares.

Un día después, los transportistas levantaron el paro. Sin embargo, el descontento ya estaba en las calles y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (COANIE), junto con otras organizaciones gremiales, estudiantiles y de derechos humanos tomaron la batuta de las protestas y declararon "movilización indefinida".

"Nuestras bases se preparan para intensificar las medidas de hecho, ante la inminente alza de pasajes (por la subida de los combustibles) en todo el Ecuador, afectando los bolsillos de los ecuatorianos, mientras se condonan las deudas a los ricos y cede el gobierno ante las presiones del FMI", decía un comunicado del movimiento indígena.

Durante 11 días hubo bloqueos, asambleas populares y la mayor protesta se concentró en el centro de Quito, la capital del país. Ante ello, Moreno traslado la sede del gobierno a Guayaquil, en la Costa de Ecuador, a más de 420 kilómetros de distancia.

El 13 de octubre, finalmente, las partes en disputa llegaron a un acuerdo. Moreno derogó el Decreto Ejecutivo 883, que eliminaba los subsidios, los precios de los combustibles volvieron a bajar y se levantó la protesta.

El saldo fatal de estos 11 días fue, del lado de los manifestantes, de 11 muertos, 1.340 heridos —entre ellos 11 personas perdieron un ojo por el impacto de lacrimógenas y piedras— y 1.192 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo. En las fuerzas de seguridad, 148 policías resultaron con heridas (uno de ellos también perdió un ojo), 42 ambulancias destruidas, quema de la sede de la Contraloría General del Estado, entre otros daños a infraestructura.

2.- Manejo de la crisis del coronavirus

Este año, Ecuador no escapó de la pandemia del coronavirus. El 29 de febrero, el Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó el primer caso, que se trató de una señora de 71 años, proveniente de España, quien falleció el 13 de marzo.

Sin embargo, luego han surgido dudas sobre ese primer caso, puesto que el mismo MSP informó recientemente que el 13 de marzo ya había otros 27 decesos probables por coronavirus en el país.

Hasta el pasado viernes 22 de mayo, el país registraba, según el boletín del MSP, 35.828 contagiados por coronavirus y 4.948 fallecidos, de los cuales 3.056 son muertes confirmadas y 1.892 son probables.

Sin embargo las cifras se han quedado cortas ante la realidad que vivió el país en los meses de marzo y abril, particularmente en la provincia de Guayas, en la región Costa.

En esa provincia, donde según las autoridades el promedio de fallecimiento mensuales, en condiciones normales, es de 2.000, murieron 17.409 entre el 1 de marzo y el 20 de mayo de este año, según datos proporcionado por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

El reporte indica que en Guayas murieron 4.853 personas en marzo, 10.945 en abril y 1.611 en mayo, hasta el día 20 de este mes. No obstante, el MSP registra, hasta el pasado viernes, apenas 1.354 fallecidos confirmados en esta entidad por coronavirus, durante toda la pandemia.

Lo que vivió Guayaquil, capital de Guayas, y la ciudad más golpeada por el coronavirus, en el tercer y cuarto mes del año se asemeja más a las cifras aportadas por el Registro Civil. El sistema sanitario y funerario colapsó y en la urbe se vieron muertos en las calles, aceras y cerca de los hospitales.

Mucha gente falleció en sus casas y sus familiares esperaron días e incluso semanas para que las autoridades retiraran los cadáveres. Los hospitales se llenaron de fallecidos y sus dolientes tuvieron dificultades para retirarlos, teniendo que pagar para poder obtenerlos. Una guayaquileña contó a RT la odisea que atravesó para recuperar el cuerpo de su padre de un hospital, tras varios días de muerto, y encontrar un nicho donde darle sepultura.

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación relacionada con el cobro indebido en hospitales públicos a familiares de fallecidos para entregar los cadáveres, cuando se desbordó el sistema sanitario y funerario en Guayaquil. También se indaga sobre "el incumplimiento de protocolos en la identificación de personas fallecidas, en el contexto de la pandemia por Covid-19".

En medio de la pandemia, además de ese caso, se destaparon muchos otros escándalos de corrupción, que incluyeron sobreprecio en compras públicas durante la emergencia. Las investigaciones abarcan a servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), hospitales públicos de varias provincias del país y un escándalo que involucra al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE).

Una encuesta de la consultora Cedatos, publicada en abril pasado, reveló que solo 24 % de los consultados aprueba la gestión de Moreno frente a la crisis del coronavirus.

3.- Precarización laboral

En medio de la situación de la pandemia del coronavirus en el país, el presidente Moreno envió a la Asamblea Nacional (Parlamento) dos proyectos de ley: Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19 y la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Las normativas fueron aprobadas, con carácter de urgencia, entre el 15 y el 16 de mayo.

La aprobación, particularmente, de la Ley de Apoyo humanitario generóel descontento de los trabajadores, que salieron a protestar, el pasado lunes 18 de mayo, en medio de las restricciones impuestas por el coronavirus. Ya están anunciadas nuevas movilizaciones.

La normativa establece varios puntos controversiales, que flexibilizan las condiciones laborales de los trabajadores:

• Modificación de las condiciones económicas de la relación laboral, tras "común acuerdo" entre los trabajadores y empleadores.
• "Contrato especial emergente", con el cual se podrá establecer contratos de media jornada y las horas se podrán distribuir hasta en seis días de la semana.
• Reducción de hasta un 50 % la jornada laboral y disminución hasta un 45 % del salario del trabajador; es decir, quien gane sueldo mínimo, que son 400 dólares, podría ver reducida su remuneración hasta los 220 dólares; además de reducirse el aporte de la empresa a la seguridad social del empleado.
• El empleador decidirá, de manera "unilateral", el cronograma de vacaciones del trabajador, es decir cuándo y cómo tomárselas. Además, podrán ser contados como días de vacaciones los días de "inasistencia" (no especifica si justificados o injustificados).
• Sobre el teletrabajo, establece un tiempo de desconexión —en el cual el empleado no está obligado a responder al empleador— de 12 horas al día y no de 16 como corresponde.

"La situación es extraordinaria, es decir, pensar que la salida, por ejemplo, es una negociación sin ley entre empresarios y trabajadores es sencillamente delirante, es entregarles carta abierta a los empresarios para que hagan lo que les de la gana de aquí en adelante", opina el sociólogo y docente de la Universidad Central del Ecuador David Chávez.

Previo a la aprobación de estas leyes, las autoridades ya habían hecho un recorte de 98.210.190 dólares al presupuesto de 32 universidades y escuelas politécnicas del país, lo que generó otras movilizaciones.

4.- Más austeridad en el Estado

A primera hora del martes 19 de mayo, poco después de que se aprobaran esas normativas de emergencia y tras las protestas antigubernamentales, Moreno ofreció una nueva cadena de radio y televisión y anunció más medidas de austeridad.

"Sumadas todas las guerras y desastres naturales que ha sufrido el país a lo largo de la historia, nunca llegaríamos a las pérdidas humanas y económicas que hoy vivimos; en total, son 12.000 millones de dólares, cerca del 50 % del ingreso como país, es como si una familia perdiera la mitad de lo que necesita para vivir", justificó el mandatario, para dar paso a los anuncios de recorte.

Moreno dijo que se han propuesto un recorte del gasto estatal de más de 4.000 millones de dólares. Para lograrlo, anunció las siguientes medidas:

• 980 millones de dólares de ahorro en "masa salarial", aunque no precisó si se trata de despidos.
• 400 millones de dólares en bienes y servicios.
• 1.300 millones de ahorro en gasto de capital.
• La renegociación de la deuda que, según el mandatario, permitirá el ahorro de 1.300 millones de dólares de intereses.

Moreno mencionó que en el caso de la Función Ejecutiva, que integran la Presidencia, Vicepresidencia, ministerios y otros organismos estatales, los servidores públicos pasarán a trabajar 6 horas, en lugar de las 8 actuales, y recibirán la remuneración en proporción, es decir, un 25 % menos de salario. En el caso de los trabajadores del sistema educativo, la reducción fue de una hora.

Entre sus anuncios también se incluyó la eliminación de las empresas públicas: Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento; y será liquidada la aerolínea estatal Tame.

También, ordenó el cierre de cinco embajadas y oficinas diplomáticas. Concretamente, se eliminarán las sedes de Malasia, Irán, Nicaragua, la representación ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Secretaría del Parlamento Andino.

En esas medidas también se incluyó un nuevo sistema para el cálculo de precios de los combustibles, con base en reglas internacionales. En primera instancia, anunció la baja de las gasolinas extra y ecopaís, que pasarán de costar 1,85 dólares a 1,75; mientras que el diésel pasará de 1,03 a 1.

"En adelante, con la fórmula que aplicaremos se establecerá una banda, que impida que el precio de la gasolina y diésel suban drásticamente si el precio del petróleo sube", dijo.

Sin embargo, este nuevo sistema fue interpretado por algunos sectores como una eliminación de los subsidios, situación que generó las protestas de octubre de 2019. "Liberación de precios de combustibles significa eliminar subsidios, el mecanismo de banda no es claro, ¿cuánto durarán los precios bajos?", espetó la CONAIE.

El miércoles 20 de mayo, hubo un nuevo anuncio: la eliminación de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, que operaba desde febrero de 2019. La supresión se dio luego que a principios de mayo, la fiscal general, Diana Salazar, se quejara del presunto entorpecimiento de esa oficina en las investigaciones que se llevan a cabo actualmente por los escándalos de corrupción destapados durante la pandemia.

5.- Relación con EE.UU. se afianza

La relación con EE.UU., indudablemente, se afianzó en este tercer año. En julio de 2020, estuvo en Ecuador el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

Previamente, ya habían visitado el país Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos; David Hale, viceministro para Asuntos Políticos; y el vicepresidente Mike Pence.

"Nuestras relaciones bilaterales están volviendo a la vida gracias a un extraordinario liderazgo por ambas partes. Felicitamos al Ecuador por renovar, bajo el presidente Moreno, sus lazos con el libre mercado, con una sólida seguridad y con la democracia. Es lo que el Gobierno de (Donald) Trump espera de todos nuestros amigos y lo vemos aquí todos los días", dijo Pompeo en una conferencia de prensa junto a Moreno, tras su encuentro en Guayaquil.

En febrero de este año, Moreno viajó a EE.UU. y fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Trump, quien le manifestó su interés de firmar un acuerdo comercial con Ecuador.

Antes de ese encuentro, pasaron 17 años sin que un presidente ecuatoriano pisara la Casa Blanca. El último en asistir fue Lucio Gutiérrez, en febrero de 2003, y fue recibido entonces por George W. Bush.

En el encuentro entre Moreno y Trump también se trataron otros temas, como empleo, seguridad, educación y lucha contra la corrupción, precisó, posteriormente, el secretario general de Gabinete de la Presidencia de Ecuador, Juan Sebastián Roldán.

Se acordó incluir a Ecuador en la iniciativa 'América Crece', un programa de desarrollo que EE.UU. ha planteado durante la administración actual, "que canaliza las grandes inversiones de inversionistas privados hacia los países que tienen una senda de progreso, democrática", indicó el funcionario.

También se acordó la creación del Centro de Inteligencia Criminal en Ecuador, con asesoramiento directo de EE.UU. Asimismo, Washington brindará tecnología y capacitación para una protección general en temas de ciberseguridad.

Por Edgar Romero G. para RT