El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, quedó envuelto en un escándalo luego de que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunciara que el organismo espió de manera ilegal a 403 periodistas que se acreditaron para cubrir la Cumbre del G20 que se realizó a fines del 2018 en Buenos Aires.

El caso estalló durante el fin de semana y desató una nueva tensión política, porque involucra nuevamente al gobierno macrista en maniobras de inteligencia prohibidas por la ley.

Al radicar la denuncia ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, Caamaño reveló que en enero pasado encontró en una caja fuerte de la AFI sobres que contenían fichas de 403 periodistas, 28 académicos y 59 líderes sociales y empresarios.

Cada reporte incluye una fotografía, nombre, medio o institución de los ciudadanos espiados, y desglosa información sobre sus publicaciones en redes sociales; su activismo feminista, si es que lo había; simpatías o antipatías con el gobierno; posiciones políticas; aficiones personales, su militancia en sindicatos y otras organizaciones y datos personales que van desde cuentas bancarias y propiedades hasta relaciones familiares.

Las fichas se subrayaron en verde, amarillo y rojo para identificar los posicionamientos ideológicos de los periodistas y otros participantes en la Cumbre del G20 como una manera de filtrar las acreditaciones.

"He tomado conocimiento de la producción de inteligencia ilegal respecto a periodistas, académicos, organizaciones sociales, partidos políticos, entre otros, ello vulnerando los términos contenidos en los artículos 4 inciso 2 de la ley 25.520", aseguró Caamaño.

En la denuncia, la funcionaria se refiere a la ley que establece que ningún organismo podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera.

La funcionaria agregó que, si un periodista es o no opositor del gobierno de turno, ello no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debía brindar el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G20.

"Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quién sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos'", advirtió.

Por ello, solicitó al juez que Macri sea llamado a declarar, ya que como presidente de la Nación era el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional. También pidió la convocatoria del extitular de la AFI, Gustavo Arriba y de la exsubdirectora Silvia Majdalani, así como de los agentes involucrados.

La lista de espionaje ilegal fue dada a conocer este domingo por diversos medios argentinos y coincidió con la conmemoración del Día del Periodista, que se realiza en el país cada 7 de junio. Aunque se incluye a más de 50 acreditados del Grupo Clarín, el conglomerado mediático más importante de Argentina, que fue oficialista durante el gobierno de Macri y que hoy es opositor de Alberto Fernández, este no hizo alusión al escándalo.

Por otra parte, el listado incluye a más de 60 corresponsales de medios extranjeros en Argentina, entre ellos DPA (Alemania), Reuters (Reino Unido), Bloomberg (Estados Unidos), EFE (España), AP (Estados Unidos), AFP (Francia), ANSA (Italia), Xinhua (China) y Al Jazzera (Catar), por lo que el caso podría tener repercusiones internacionales.

El G20, la cumbre de los países industrializados y emergentes, se realizó el 30 de noviembre y el 1 de enero de 2018 en Buenos Aires con la presencia de líderes mundiales como Donald Trump, Vladímir Putin, Angela Merkel y Xi Jinping, y funcionó como escaparate de la campaña internacional de imagen de Macri, aunque en lo económico no tuvo réditos y al año siguiente perdió la reelección en medio de la crisis que dejó como saldo de su gobierno.

Macri y el espionaje

Los escándalos de espionaje ilegal han sido una constante en la carrera política de Macri, quien en diciembre del 2015 se convirtió en el primer presidente de la historia argentina en asumir procesado, ya que en ese momento seguía en curso una causa por espionaje iniciada cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, bastó que tomara posesión como presidente para que el juez Sebastián Casanello lo sobreseyera tres semanas después y lo dejara libre de cargos.

Sus problemas judiciales se reanudaron en cuanto dejó la Presidencia, ya que el pasado 29 de mayo, el fiscal Jorge Di Lello lo imputó penalmente en una causa que también denunció Caamaño y que investiga el presunto espionaje ilegal realizado por la AFI en contra de 86 políticos, funcionarios, escritores periodistas y líderes sociales, a quienes se les revisó su correo personal.

La sorpresa de esta causa es que el Gobierno no sólo espió a opositores, sino también a oficialistas como Laura Alonso, la extitular de la Oficina Anticorrupción –que fue designada por Macri y que sigue siendo una de las defensoras más fervientes del pasado gobierno–, el periodista Luis Majul; Mario Negri, líder de la bancada macrista en la Cámara de Diputados; y Nicolás Massot, quien ocupó ese cargo durante la gestión pasada.

En febrero pasado, el juez Federico Villena inició una investigación por otro presunto espionaje ilegal padecido por la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; su hija Florencia Kirchner; el expresidente Eduardo Duhalde; y los macristas Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires; y Emilio Monzó, exlíder del grupo parlamentario del macrismo en la Cámara de Diputados.

La lista también incluye a jueces de la Corte Suprema, periodistas, empresarios, líderes sociales, sindicales y religiosos.

Fernández de Kirchner y Rodríguez Larreta ya fueron citados a declarar esta semana en esta causa, en la que Macri todavía no está imputado, y recibirán la información clandestina que se recabó sobre ellos.

Al mismo tiempo, Caamaño entregará la documentación para probar el espionaje que se realizó en contra de los periodistas del G20, académicos, empresarios y líderes sociales, en tanto que los afectados decidirán si se suman como querellantes.

Fuente: RT