Se han cometido 45 masacres en el territorio colombiano siendo Antioquia, Cauca y Nariño los departamentos más afectados con esta práctica.
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Un ataque armado contra una vivienda en el municipio antioqueño de Venecia ocurrió en la tarde de este domingo dejando tres personas muertas, entre ellas un adolescente de 17 años, y por lo menos una persona más herida.
El hecho de violencia fue perpetrado en el barrio Los Álamos, a las afueras del municipio. Unidades de la Policía Nacional hicieron presencia en el lugar para hacer la inspección judicial.
El alcalde Oscar Sánchez manifestó a periodistas que lo acontecido habría ocurrido en medio de una disputa “por microtráfico” y calificó la situación de “lamentable”.
“Con las cámaras verificamos que no hubo movimiento en el área urbana”, expresó el mandatario, quien señaló que las autoridades mantienen un plan candado en las vías que conducen a Medellín y al vecino municipio de Fredonia.
Esta es la cuarta masacre que se presenta durante el fin de semana, ya que el pasado viernes se presentaron dos hechos violentos en Arauca, y en el Cauca; y el sábado en Nariño.
La primera de ella se presentó en el corregimiento El Caracol, en el municipio de Arauca. La Defensoría del Pueblo informó del múltiple crimen en contra de 5 personas, miembros de población civil, tras confirmar el hallazgo de los cuerpos en zona rural.
Después se supo que una masacre fue ejecutada en una alejada zona rural del convulso departamento del Cauca, donde seis personas fueron asesinadas, aparentemente, a manos de una disidencia de las Farc. Los hechos ocurrieron en zona rural de La Uribe, corregimiento del municipio de El Tambo.
Finalmente, este sábado se conoció de un nuevo asesinato múltiple en contra de seis jóvenes en el sector de La Guayacana, en Tumaco, Nariño. Según informó el gobernador, John Rojas, “ya están investigando qué fue lo que ocurrió. Esperamos acciones contundentes para establecer qué está pasando en nuestro departamento”.
Colombia amanece con una nueva masacre. El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, confirmó en la mañana de este sábado el asesinato de por lo menos seis personas, en el municipio de Tumaco (Nariño), en un sector conocido como La Guayacana.
“Al parecer fueron seis personas asesinadas, jóvenes también… materia de investigación, muy triste con lo que está ocurriendo en el departamento de Nariño”, dijo el mandatario en un video publicado en las redes sociales oficiales de la gobernación.
El hecho atroz se suma a otros dos ocurridos durante el viernes en Arauca y en Cauca. En el primero, se confirmó por parte de la Defensoría del Pueblo el hallazgo de cinco cuerpos en el corregimiento El Caracol, zona rural del municipio de Arauca, un lugar al que las autoridades tuvieron dificultades para acceder por cuenta del mal estado del tiempo.
Más tarde, sobre las 9:30 de la noche, se confirmó otra masacre ocurrida en el corregimiento de Uribe, zona rural del municipio de El Tambo, en Cauca, en donde fueron asesinadas seis personas. El hecho fue constatado por el alcalde del municipio, Carlos Vela, y según informaciones preliminares, habría sido cometido por hombres armados que se identificaron como miembros de la nueva Marquetalia, disidentes de las extintas Farc.
La masacre de este sábado en Nariño se convierte en la tercera en menos de 24 horas en el país y la quinta que ocurre en la última semana, hechos violentos que ocurren en medio de la pandemia del nuevo coronavirus y que corren el riesgo de empezar a convertirse, nuevamente, como en los años más cruentos del conflicto armado, en números que llenan las bases de datos y los gráficos. En cifras, 33 personas han sido asesinadas, contando los hechos violentos de estas mismas características desde lo ocurrido con los menores en Llano Verde, en Cali.
De manera coincidencial, el presidente Iván Duque Márquez hará presencia este sábado en Nariño para desarrollar un consejo extraordinario de seguridad. La esperanza del gobernador del departamento es que en ese espacio se tomen acciones precisas para retomar el control del territorio.
“Esperamos que con la visita del señor presidente, en el consejo de seguridad, se tomen las mejores medidas (…) una acción contundente contra estas estructuras delincuenciales en el departamento de Nariño”, comentó Rojas.
En la noche del sábado pasado, fueron asesinados en Samaniego, también municipio de Nariño, ocho jóvenes que departían en una terraza. Días atrás, los cuerpos de cinco menores de edad fueron abandonados en un cañaduzal en el sector de Llano Verde, en Cali, luego de ser degollados. El pasado 18 de agosto fueron asesinados tres nativos de la comunida Awá en Ricaurte, a pocos kilómetros de Samaniego.
En intervenciones posteriores a la masacre de Samaniego, el presidente Iván Duque aseguró que estos hechos ocurrían “por el narcotráfico y por grupos que quieren llenar de actividades ilícitas el territorio” y, en una decisión bastante cuestionada, el primer mandatario entregó cifras de la reducción de homicidios durante su gobierno y que había hechos, como las masacres, que afectaban la percepción de seguridad.
Para algunos analistas que fueron consultados por El Espectador, las más de 30 masacres que han ocurrido en el país en lo que va del 2020 no se tratarían de hechos aislados y se podría traducir en un rebrote de la violencia y una inacción absoluta desde el punto de vista ejecutivo y comunicativo.
Para otros conocedores del tema, como Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), hay un problema que se basa en que el Gobierno está centrado en hacer diagnósticos de seguridad y no en las soluciones para los casos. “En general, la política pública del Gobierno debe tener otras prioridades y otra forma de intervención. Debe pasarse de un diagnóstico de lucha contra el narcotráfico a un enfoque de seguridad para el posconflicto”, expresó Restrepo.
En un sentido similar opinó el analista Héctor Riveros, al señalar que desde el Gobierno Nacional parecen tener tranquilidad al encontrar una explicación para los hechos de violencia, como decir que se trata de narcotráfico. Para Riveros, el presidente, más allá de dar explicaciones, debe proteger a los ciudadanos desde el Estado. “¿Y si saben tanto, por qué no hacen nada para evitarlo?”, dijo.
En esa clave se pueden leer las gráficas publicadas por el presidente Duque en su cuenta de Twitter este sábado, en las que compara las masacres (homicidios colectivos, dice la imagen) ocurridas en ocho años del gobierno de Juan Manuel Santos con las ocurridas durante sus dos años de gobierno.
Una nueva polémica se le generó al presidente Iván Duque después de pedir precisión con el término de masacres, indicando que son homicidios colectivos, pero además asegurando que en Colombia no regresaron o aumentaron estos crímenes, sino que nunca se fueron del panorama nacional.
Sobre este pronunciamiento reaccionó Álvaro Caicedo, papá de uno de los menores asesinados en la masacre de Llano Verde, en la sultana del Valle.
“Esto fue una masacre, esto no fue homicidio colectivo, fue una masacre que cometieron con nuestros hijos, que vengan a colaborarnos para que haya verdad y justicia”, dijo.
El hombre que rechazó el término de “homicidios colectivos”, también le envío un mensaje al presidente Duque. “Debería de ponerle el pecho como tiene que ser, que no vengan a burlarse de nuestro dolor”.
Mientras esas familias siguen exigiendo justicia, desde la Mesa Nacional de Víctimas calificaron como “absurdas” las declaraciones del mandatario y afirmaron que cuando ese tipo de análisis salen a flote, se evidencia la responsabilidad del Estado en esos crímenes por acción u omisión.
“O realmente no sabe en dónde esta ubicado o no entiende nada del conflicto que esta pasando en este país. Sería muy bueno que todo el Centro Democrático y su bancada estudien lo que pasa en el país, todo el contexto político porque solo dicen barbaridades que ni el más ignorante entiende”, dijo Rosario Montoya, integrante de la Mesa Nacional de Víctimas.
Además, agregó que “las masacres si bien es cierto no se acabaron de un todo, sí disminuyeron y trajeron un poco de calma en este país, pero realmente están volviendo las masacres como si estuvieran regresando la misma estrategia del pasado”.
Pero esta no fue la única controversia en la que estuvo el presidente Duque en medio de la alteración de orden público que vivió el país, porque una lluvia de críticas también cayó sobre el mandatario cuando comparó las masacres ocurridas en dos años de su gobierno con los 8 años de su antecesor.
Por Germán Gómez Polo
En medio de cruentos hechos, el Gobierno saca cifras, compara y hace claridades. Hay elementos ciertos, pero los cuestionamientos giran sobre si esa es la respuesta que quieren las víctimas.
El 16 de agosto pasado, el país amaneció con la noticia del asesinato de ocho jóvenes en Samaniego (Nariño). Una masacre. En la tarde de ese domingo, el presidente Iván Duque, en su habitual programa de seguimiento a la pandemia, rechazó el acto violento, explicó sus posibles causas y entregó cifras de su gobierno en reducción de cultivos de uso ilícito y en el descenso de los homicidios. “Cerramos el 2019 con una de las tres tasas de homicidio más bajas de los últimos cuarenta años (…) esta tendencia muestra que seguimos a la baja y tenemos que perseverar. Por supuesto, hay hechos que golpean la percepción de seguridad”, dijo.
Para muchos no pasó desapercibido que el primer mandatario respondiera en una intervención pública, luego de dos masacres (cinco niños habían sido asesinados también en Cali), con un balance de cifras. El martes, la agenda del presidente generó una mayor incomodidad, que se vio reflejada en los comentarios en Twitter, al priorizar un evento en el aeropuerto de Rionegro para recibir el primer avión tras la puesta en marcha del plan de reactivación de conectividad aérea. Finalmente, la presencia física de Duque en Nariño, uno de los epicentros de la violencia de los últimos días, quedó para el sábado pasado. Llegó a una reunión con los familiares de las víctimas de la masacre de Llano Verde, en la capital vallecaucana, y luego partió hacia Samaniego y Chachagüí.
Un trino del presidente en el que comparaba cifras de masacres de los ochos años del gobierno de Juan Manuel Santos y los dos suyos volvió a encender el debate, discusión que fue mayor cuando, en discursos similares, Duque y Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, coincidieron en decir que las masacres no eran nuevas, sino que venían de años atrás. Una obviedad que tenía la intención de responder a quienes han manifestado que estos hechos de violencia han regresado durante su gobierno. “No es que los homicidios colectivos hayan vuelto, es que no se han ido”, dijo Duque desde Chachagüí.
En esa línea se ha mantenido el discurso gubernamental luego de las recientes matanzas. Y si bien hay elementos de verdad en lo que han dicho Duque y su mindefensa, hay cuestionamientos sobre si entregar cifras, ponerle espejo retrovisor al Acuerdo de Paz o llamar “homicidios colectivos” a las masacres, porque ese es el “nombre preciso”, es lo que las víctimas necesitan escuchar.
“La respuesta ha sido desacertada. Evidencia cierta desconexión y falta de empatía, pero lo realmente preocupante es que parecería no haber otra respuesta”, comenta Iván Garzón, docente de la Universidad de la Sabana, quien considera que, más allá de la solidaridad, lo que la ciudadanía espera de un primer mandatario es que garantice la seguridad y la presencia estatal, como parte de una respuesta efectiva. “¿Cuál es la estrategia para afrontar esta escalada de la violencia en el país?”, cuestiona Garzón.
Para Patricia Muñoz, directora del programa de Gobierno de la Universidad Javeriana, el presidente acude a situaciones ya conocidas para explicar los hechos de violencia, pero también se encuentra con un sector de la población que indaga sobre por qué no se tiene presente la exigencia de implementación del Acuerdo de Paz, que tiene un componente de inversión social y alternativas económicas, y de formación para los ciudadanos. “No podemos decir que estos hechos comienzan con este gobierno, pero hay unos compromisos que el Estado adquirió a través de la firma del Acuerdo”, recuerda Muñoz.
Sobre este asunto, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), considera que el debate no se debe centrar en discursos, sino en exigir efectividad en las investigaciones. “Los responsables de las masacres son quienes las cometieron. Otro problema es si el Gobierno acierta en su función. Su responsabilidad es la de no tener una política que prevenga las masacres. Hay que reconocer que el presidente fue a ver a las víctimas en Cali y Nariño, y eso no lo había hecho antes”, comenta.
Sin embargo, advierte que si bien el presidente ha hecho publicaciones desafortunadas, como la comparación de cifras entre el gobierno Santos y el suyo, no es un tema relevante, como tampoco lo es el hecho de que llame “homicidios colectivos” a las masacres: “Ese término se empezó a utilizar desde 1998, desde el gobierno de Pastrana. Es un eufemismo que utilizaron los gobiernos anteriores”.
De hecho, en la sesión de la Comisión de Paz del Senado, que se realizó el sábado en el barrio Llano Verde, de Cali, hablaron las víctimas y parecen tener muy claro que la violencia nunca se ha ido de sus calles y que es algo que nadie tiene que ir a repetirles, porque lo viven en carne propia constantemente. Al contrario, sus peticiones son puntuales: que no se use su dolor para hacer política y que haya una reparación directa por parte del Estado para convertir los sitios de las masacres en lugares de vida. Como lo dijo Humberto de la Calle en su columna del domingo en El Espectador: “La estadística tapa el horror. Treinta y tres masacres en los últimos meses muestran que el asunto no es de cifras”.