Las y los campesinos del país han continuado sus labores en medio del Covid-19, que ha beneficiado únicamente a los bancos y ha profundizado la crisis histórica del campesinado.

Mientras el Gobierno expidió decretos para salvaguardar los intereses de las grandes empresas y de los bancos, el campesinado colombiano continuó cultivando los alimentos que abastecen a todo el territorio nacional. Sin embargo, el Estado no generó políticas orientadas a apoyar esta actividad de vital importancia y, por el contrario, impulsó acciones que hoy ponen en riesgo la vida y la salud de quienes habitan en la ruralidad.

Duque militarizó los territorios, que no solo estigmatiza a las comunidades sino genera una dispersión del virus Covid-19 en poblaciones donde no había llegado la enfermedad ya que movilizó pie de fuerza que incumplió las medidas de bioseguridad. Lugares donde, además, no se cuenta con infraestructura hospitalaria necesaria para atender a quienes contraigan el virus.

Erradicación forzada y paramilitarismo

Adicionalmente, la ausencia de infraestructura vial, la falta de programas de apoyo al campesinado y la importación de alimentos que no se necesitan pues ya se cultivan en el país se ven reflejados en los precios de los productos agrícolas, y las ganancias irrisorias del campesinado. Esta situación, sumada a la histórica y desigual distribución de la tierra y el control territorial ejercido por grupos armados ilegales, ha llevado a muchas familias campesinas a recurrir a los cultivos ilícitos como medio de subsistencia. 

El gobierno de Duque, conociendo esta situación, ha impulsado la erradicación forzada de estos cultivos sin otorgarles alternativas de manutención. Además, ha criminalizado a los cultivadores, sin solucionar las causas estructurales que han llevado al campesinado a recurrir a esta alternativa: la acumulación de tierra por parte de los terratenientes.

Regreso de la Seguridad Democrática

Aunado a lo anterior, la situación del campo colombiano se ha visto agravada por un gran aumento de la violencia ejercida contra las comunidades, especialmente, rurales. Así, en el último mes se cuentan más de 6 masacres que se unen a las más de 36 masacres que se han cometido en el año 2020. La violencia, si bien nunca se fue del campo, no había alcanzado índices como los que se han visto durante el gobierno de Duque desde hace más de 10 años . 

Tras el reciente llamado que hizo la Corte Suprema de Justicia al exsenador Álvaro Uribe para que rindiera indagatoria por su posible responsabilidad en las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), el uribismo se ha atrincherado en la calumnia, la deslegitimación de la justicia y el aumento de la violencia política y social; recuerdan la política del gobierno presidencial de Uribe (2002-2010) de la ‘Seguridad Democrática’, bajo la cual se cometieron múltiples crímenes de lesa humanidad y violaciones a los Derechos Humanos.

Como si esta situación no fuera lo suficientemente grave, el día 24 de agosto, el Ministerio de Defensa anunció el reinicio de la aspersión aérea con glifosato; práctica denunciada en múltiples ocasiones por parte de los movimientos sociales y de las entidades del Estado como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo. El glifosato no solo atenta contra la salud de las comunidades, sino que destruye otros cultivos aledaños y contamina las fuentes hídricas.

Un pie en el Congreso y miles en las carreteras

Por otro lado es importante resaltar la labor de los representantes del campo como Alberto Castilla, senador del Congreso de la República, que encarnó la esperanza de cambio y transformación que las comunidades campesinas sostienen para mejorar sus condiciones de vida desde la institucionalidad.

El histórico e intencional abandono estatal de lo que antes se conocía como territorios nacionales y hoy se agrupan en la categoría de zonas rurales hace que las condiciones del campesinado sean cada día más precarias. Sin embargo, las comunidades campesinas continúan resistiendo y generando dinámicas de organización con el fin de mejorar su calidad de vida. La creación de las Guardias Campesinas constituye un hito importante, dado que ha permitido fortalecer las prácticas del autocuidado y defensa de la vida y del territorio.

Así es como los campesinos y campesinas, además, vieron la necesidad de llevar sus voces a otras instancias, entre ellas el Congreso de la República. En este lugar llegan sus exigencias en pro de la defensa de la vida campesina colombiana. En el año 2014, bajo el aval del partido político Polo Democrático Alternativo -PDA- fue elegido como congresista al Senado de la República, Jesús Alberto Castilla. 

Castilla ha sido vocero del Coordinador Nacional Agrario -CNA-, espacio organizativo del campesinado, desde donde se han criticado fuertemente políticas como la erradicación forzada de cultivos ilícitos, y se han generado propuestas como la sustitución voluntaria en armonía con lo pactado por el Estado: los Acuerdos de Paz.

Invitamos a todas y a todos a estar alertas y no guardar silencio ante el despojo de tierras y la explotación de las y los campesinos, a denunciar ampliamente la corrupción de las instituciones del Estado y la posible alianza entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales. Solo así podemos garantizar la integridad y la supervivencia de las familias campesinas y, por consiguiente, de todas las familias colombianas.

Debemos reconocer que el campesinado es un sujeto de derechos, víctima de múltiples crímenes de Estado y del abandono intencionado por parte del Gobierno desde hace décadas, situación que se ha agudizado durante la presidencia de Iván Duque.

Por: VDpueblos
Fuente: Vida digna

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