El gobierno del Reino Unido ha recibido tantas quejas de iraquíes que fueron detenidos ilegalmente y supuestamente maltratados por las tropas británicas que su ministerio de defensa dice que no puede decir cuántos millones de libras se han pagado para resolver las reclamaciones.

Los funcionarios del Ministerio de Defensa (MoD) en Londres dicen que pueden proporcionar cifras aproximadas de los miles de iraquíes que han presentado quejas contra las fuerzas británicas involucradas en la invasión de 2003 encabezada por Estados Unidos y la posterior ocupación de Irak.

Sin embargo, sostienen que no pueden revelar cuánto dinero de los contribuyentes del Reino Unido se ha gastado para resolver sus reclamaciones, y afirman que los funcionarios públicos tardarían semanas en recopilar la cifra.

El departamento afirma que no puede revelar las sumas pagadas en un momento en que el parlamento del Reino Unido está a punto de debatir una ley profundamente controvertida que introduciría una amnistía parcial para el personal de servicio del país que haya cometido delitos graves, incluidos asesinato y tortura. mientras sirve fuera del país.

Conocido como el Proyecto de Ley de Operación en el Extranjero, la nueva ley propuesta ha alarmado a los grupos de derechos humanos, a los opositores políticos del gobierno del Reino Unido y a muchos ex soldados, que temen que sancione efectivamente los crímenes de guerra de las fuerzas británicas.

Esta semana, el opositor Partido Laborista se opuso al proyecto de ley , argumentando que socavaría el compromiso del país con un orden internacional basado en reglas.

'Despenalización de la tortura'

Incluso el soldado retirado de mayor rango del país, el mariscal de campo Charles Guthrie, de 81 años, escribió al periódico Sunday Times para advertir que la nueva ley propuesta daría lugar a la “despenalización de facto de la tortura”.

Guthrie agregó que las medidas "parecen haber sido soñadas por aquellos que han visto muy poco del mundo para entender por qué las reglas de la guerra son importantes".

La postura actual del Ministerio de Defensa, que se niega a revelar cuántas decenas de millones de libras se han pagado a ciudadanos iraquíes, es una inversión de su posición anterior: en junio de 2017, mucho antes de que se concibiera la Ley de Operaciones en el Extranjero, el departamento estaba dispuesto a dar cifras detalladas de la cantidad de reclamaciones que había recibido y los pagos realizados hasta ese momento.

En respuesta a una solicitud realizada en virtud de la Ley de Libertad de Información (FoI) del Reino Unido, el departamento reveló que había pagado £ 19,8 millones ($ 26 millones) en 326 casos presentados ante los tribunales del Reino Unido.

En otros 1145 casos, oficiales militares británicos habían pagado 2,1 millones de libras esterlinas (2,8 millones de dólares estadounidenses) en Irak entre 2003 y 2009.

Los pagos incluyeron 2,8 millones de libras esterlinas (3,7 millones de dólares estadounidenses) que se entregaron en uno de los pocos casos sobre los que se informó ampliamente en el Reino Unido.

En septiembre de 2003, los soldados británicos detuvieron a Baha Mousa, un recepcionista de un hotel de Basora, y lo torturaron hasta matarlo. Parte del episodio fue filmado por un soldado.

Habiendo dado previamente a la familia de Mousa $ 3,000 en compensación , el gobierno británico se vio obligado a realizar el pago de varios millones de libras después de que abogados de derechos humanos en el Reino Unido pidieron a los tribunales que lo obligaran a realizar una investigación pública.

Los destinatarios incluyeron a la familia de Mousa y otros ocho hombres que fueron detenidos y torturados al mismo tiempo.

Miles de pagos

Sin embargo, desde 2017, el número de pagos a ex detenidos iraquíes se ha disparado, según las cifras aproximadas proporcionadas a Middle East Eye tras una solicitud de FoI.

El Ministerio de Defensa dice que se han realizado pagos en alrededor de 1.200 casos presentados en el Reino Unido. Agregó que se han realizado otras 3.200 reclamaciones en Irak, aunque MEE ha establecido que la cifra real es mayor.

Pero el Ministerio de Defensa dice que no puede revelar la cantidad de dinero que se pagó en estos más de 4,400 casos, alegando en respuesta a una solicitud de FoI que ya no tiene ningún archivo autónomo sobre el asunto y que se necesitarían muchos cientos de horas para rastrear sus registros.

MEE está apelando contra la negativa del Ministerio de Defensa de publicar las cifras.

Hasta finales de 2016, el Ministerio de Defensa pudo proporcionar cifras exhaustivas sobre los pagos que se han realizado a los ciudadanos iraquíes.

Cuando el entonces secretario de Defensa, Michael Fallon, prestó testimonio ante un comité parlamentario de defensa del Reino Unido en diciembre de ese año, el Ministerio de Defensa le entregó al comité una declaración que detallaba casi 400 pagos a personas, de hasta £ 425,000 ($ 559,000).

Unos meses antes, un alto funcionario del Ministerio de Defensa presentó una declaración a un tribunal de Londres en la que dijo que se habían resuelto 3.326 reclamaciones solo en Irak, y que el mayor número de pagos se realizó en 2004.

El comité de defensa parlamentario estaba estudiando la forma en que algunos soldados británicos habían enfrentado repetidas investigaciones, año tras año. Llegó a la conclusión de que esas indagatorias deben cerrarse y el gobierno no debe "perder de vista su responsabilidad moral" con el personal de servicio.

Sin embargo, en un párrafo escondido en medio de su informe posterior, el comité reconoció que se había abusado de prisioneros iraquíes.

Dijo que esto parecía deberse en parte a que los interrogadores militares británicos habían recibido lo que describió como un entrenamiento "inexacto" , lo que los ponía en riesgo de violar los Convenios de Ginebra.

El informe agregó que la admisión del Ministerio de Defensa de que el material de capacitación para los interrogatorios "contenía información que podría haber colocado al personal de servicio fuera del derecho nacional o internacional representa una falla del más alto nivel". 

MEE entiende que hasta el 75 por ciento de las denuncias que los ciudadanos iraquíes han presentado contra el gobierno británico se han centrado en la conducta de los interrogadores militares británicos.

Amarga disputa

A los pocos días de la publicación del informe del comité, Fallon clausuró el organismo que estaba realizando la mayoría de las investigaciones sobre los abusos militares en Irak.

Después de eso, se abrió una amarga disputa al margen de la sociedad británica, que enfrentó a los ministros de defensa, algunos parlamentarios y algunos grupos de veteranos militares contra ONG, abogados de derechos humanos y muchos ex soldados.

Estaba en juego el control de la narrativa de lo que había sucedido cuando las tropas británicas detuvieron a un gran número de hombres y niños en el sureste de Irak en los años posteriores a la invasión.

¿El abuso del que muchos se quejaron había sido un asunto sistémico, como lo admitía el párrafo medio enterrado en el informe parlamentario, o sus reclamos habían sido orquestados por "abogados de derechos humanos que persiguen ambulancias", como ministros del gobierno, funcionarios del Ministerio de Defensa e incluso miembros? del comité mantenido?

El Proyecto de Ley de Operaciones en el Extranjero se presentó al parlamento en marzo de este año justo cuando el Reino Unido estaba a punto de entrar en su cierre de Covid-19. Está previsto que los diputados lo examinen después de que el parlamento regrese de sus vacaciones de verano en septiembre.

Propone que debe haber "una presunción contra el enjuiciamiento" del personal de servicio británico que comete delitos mientras presta servicios en el extranjero, excepto en circunstancias "excepcionales", y siempre que hayan transcurrido cinco años desde el momento del delito.

Los delitos sexuales están exentos de la nueva ley propuesta, mientras que el asesinato y la tortura no.

Dominic Grieve, ex fiscal general de Inglaterra y Gales, ha señalado que esto significa que un soldado británico que viola y asesina a una mujer mientras presta servicio fuera del Reino Unido podría ser procesado por violación, pero no por asesinato.

Si bien algunos políticos creen que las medidas propuestas pueden ser electoralmente populares en el Reino Unido, donde el apoyo a sus fuerzas armadas es tradicionalmente sólido, los críticos del proyecto de ley dicen que está legalmente cargado, corre el riesgo de enviar un mensaje peligroso a los soldados jóvenes y es degradante para la abrumadora mayoría de personal de servicio que nunca ha cometido un delito.

Legislación 'escuálida'

Algunos críticos dicen que creen que la nueva ley propuesta tiene sus raíces en el deseo de evitar el enjuiciamiento de los interrogadores militares cuyas actividades en Irak le han costado al contribuyente del Reino Unido millones de libras en pagos extrajudiciales, y cuyo procesamiento podría conducir a preguntas incómodas para los comandantes del ejército, altos funcionarios del Ministerio de Defensa y ministros del gobierno que se plantean en la corte.

Frank Ledwidge, un ex oficial de inteligencia del ejército e historiador militar, advierte que el proyecto de ley, que él llama una "ley escuálida", podría causar más problemas de los que resuelve para el Ministerio de Defensa y los ministros del gobierno británico.

Ledwidge, que tiene experiencia en la búsqueda de criminales de guerra en Bosnia y Kosovo, señala que es poco probable que la Corte Penal Internacional (CPI), que actualmente está llevando a cabo una investigación preliminar sobre las acusaciones de crímenes de guerra británicos en Irak, apunte a los interrogadores.

“Cuando la CPI venga por nosotros, lo que sucederá si se aprueba este proyecto de ley, no serán los soldados a quienes perseguirán”, dice Ledwidge. “Los hombres que perseguimos en Bosnia no eran los que disparaban. Fueron los comandantes, los generales y los políticos quienes los enviaron y permitieron que ocurrieran estos crímenes ”.

Fuente: MEMO