La jueza dictará sentencia "a las 10 de la mañana del 4 de enero del nuevo año" en el Tribunal Central Penal, el histórico Old Bailey de Londres, donde ha presidido la segunda etapa de la fase inicial del procedimiento abierto contra el fundador de WikiLeaks.

Prisión cautelar

El reclamado por el Gobierno de Donald Trump seguirá hasta entonces en prisión preventiva, recluido en el penal de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de la capital británica. Lleva allí confinado desde su expulsión de la Embajada de Ecuador, en abril de 2019, sometido durante largos periodos de tiempo a un régimen de aislamiento debido a las restricciones por el COVID-19.

Mientras, la defensa dispondrá de cuatro semanas para preparar las conclusiones de los argumentos esgrimidos en contra de la extradición. Sus abogados intentan cimentar su posición sobre dos pilares: la motivación política del proceso en plena cruzada de Trump contra el periodismo y la violación de los derechos humanos de su cliente a distintos niveles, desde la imposibilidad de tener un juicio justo en EEUU al riesgo de suicidio en los penales norteamericanos.

A ello añadieron en los últimos días los ataques contra la intimidad de Assange y contra el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente que se repitieron durante el persistente espionaje de sus acciones en la legación ecuatoriana.

Libertad de publicación

En cuestión está la libertad de la prensa de investigación y el derecho de medios electrónicos a publicar datos confidenciales del Gobierno estadounidense, aunque estos encubran abusos de poder y crímenes de guerra, como sugieren documentos difundidos por WikiLeaks y otros medios internacionales.

"Julian Assange, al defender valientemente las creencias políticas que la mayoría de nosotros profesamos compartir, prestó un enorme servicio a todas las personas que atesoran los valores de la libertad y la democracia y que, por lo tanto, exigen el derecho a saber qué es lo que están haciendo sus representantes electos", opinó el intelectual Noam Chomsky en una declaración jurada que se leyó la víspera del cierre de las audiencias.

Los abogados de la fiscalía británica, que representa a EEUU en el procedimiento, tendrán otras dos semanas adicionales para ultimar su respectivo alegato. Desde la apertura del juicio —con una fase inicial en febrero de 2019 y otra dedicada a testimonios orales e interrogatorios desde el 7 de septiembre— el equipo fiscal reitera que el proceso londinense "no es un juicio" de los hechos ni las evidencias que sustentan el auto de imputación y que los derechos de Assange serán protegidos en los sistemas judiciales y penitenciarios del país reclamante.

Los Rolls Royce de la abogacía

El caso lo conducen juristas británicos especializados en los más complejos e intricados procesos de extradición. La fiscalía británica entregó las riendas a James Lewis, mientras que la defensa de Assange confía en la experiencia de Edward Fitzgerald. Ambos letrados son reconocidos como los "Rolls Royce" de la abogacía por sus colegas de profesión.

Comparten laureles, pero difieren en estilo y trayectoria. Lewis formó parte del equipo legal que ganó tres recursos, en la Cámara de los Lores (antecesor del Supremo británico), en favor de la extradición del general Augusto Pinochet. En comentarios mediáticos aún recuerda la "adrenalina, concentración e intensa actividad" del mítico proceso, que se inició con una orden internacional de detención y entrega del expresidente chileno emitida en 1989 por el entonces juez español Baltasar Garzón.

Lewis, que representó al Gobierno español, se precia de haber persuadido a Garzón a modificar los cargos contra Pinochet, del "asesinato en Chile de nacionales españoles al de tortura". Los papeles se han invertido en esta ocasión. Ambos juristas se sentarían en lados opuestos de la sala del tribunal londinense si Garzón tuviera licencia para ejercer en Inglaterra.

El abogado del despacho Three Raymond Buildings ha podido ejercitar sus dotes de persuasión una vez más. El departamento de Justicia estadounidense amplió la supuesta conducta delictiva de Assange en vísperas de la reapertura del juicio. El revisado auto de procesamiento contempla 18 cargos de espionaje y conspiración de intrusión informática, no solo con la exanalista militar Chelsea Manning, como se alegó inicialmente, sino con otros individuos a lo largo de los años.

Si el exdirector de WikiLeaks es extraditado del Reino Unido se enfrenta a ser juzgado en el estado de Virginia por crímenes que acarrean una sentencia máxima de 175 años en prisión.

Distinguido en derechos humanos

Edward Fitzgerald fue honrado, en 2008, con el título de Comandante de la muy excelente Orden del Imperio Británico (CBE, en sus siglas en inglés). La distinción real reconoció sus servicios en Derechos Humanos, los que han centrado gran parte de su carrera profesional.

Se le considera un "gigante intelectual" y un "rey en su campo", la defensa de los casos más duros. Entre sus victorias sonadas y pertinentes a la causa presente están las de dos expertos informáticos, Lauri Love y Gary McKinnon, a quienes EEUU quiso extraditar del Reino Unido por varios delitos de crimen cibernético.

Fitzgerald ganó el recurso contra la entrega de Love en 2017. El Alto Tribunal de Inglaterra falló que el supuesto pirata informático, que sufría del síndrome de Asperger, entre otras afecciones, corría riesgo de suicidarse si era entregado a la Justicia estadounidense.

Cinco años antes, la entonces ministra del Interior, Theresa May, frenó la entrega a Washington de McKinnon, a quien el abogado había representado con argumentos similares a los esgrimidos a favor de Assange. La ahora exjefa del Gobierno declaró en 2012: "Al señor McKinnon le acusan de crímenes graves. Pero no hay duda de que también está gravemente enfermo (…) Tiene el síndrome de Asperger y sufre de enfermedades depresivas. La extradición del señor McKinnon dará lugar a tal alto nivel de riesgo de que se quite la vida que una decisión de extraditarle sería incompatible con sus derechos humanos".

Fuente: Sputnik