Lun 26 de octubre de 2020 Medio Ambiente

La depredación forestal en América Latina

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La tala ilegal de madera en América Latina es un serio problema que afecta los poderes políticos y económicos. La debilidad de los estados nacionales ha contribuido a la fragilidad ambiental del continente, al que se le agrega la corrupción de funcionarios públicos, la complicidad de la policía y la intervención del narcotráfico. Los informes de InSight Crime, Ojo Público y CLAE analizan estos rasgos comunes en la región.

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http://www.annurtv.com/nota/59971-medio-ambiente-la-depredacion-forestal-en-america-latina.html
La depredación forestal en América Latina

Los últimos árboles de la Amazonía – Por Nelly Luna Amancio, Ojo Público

• Un equipo de periodistas de cinco países de Latinoamérica investigó el mecanismo que utiliza el tráfico global para saquear y lavar la madera amazónica.Los tablones de origen ilegal de Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia son incorporados en el mercado internacional con documentos oficiales que casi nunca son verificados.Las mafias ahora están detrás de nuevas especies forestales, pero los gobiernos no hacen nada para protegerlas.

Alertados por el ingreso de extraños que extraían ilegalmente los árboles más longevos de su territorio, en agosto de este año, los miembros de la comunidad indígena Shawi, en la zona nororiental de la Amazonía de Perú, convocaron a una asamblea para decidir qué acciones tomarían contra este grupo de taladores que estaba utilizando la única vía que conecta a la comunidad con el distrito más cercano, Balsapuerto.

Los traficantes usaban la trocha para sacar en enormes camiones los troncos de los árboles de la Amazonía cortados, y a su paso, las enormes llantas y pesado cargamento destruía la vía. Los shawi decidieron instalar un punto de control y frenar con ello el tránsito de estos camiones. Hicieron lo que hace tiempo el Estado peruano no logra hacer: controlar las rutas del tráfico de madera. Lo que siguió fue una historia violenta de amenazas contra sus principales dirigentes.

No fue la primera vez que traficantes amenazaban a líderes indígenas. En setiembre del 2014 una de estas amenazas se cumplió. Un grupo de taladores ilegales asesinó a Edwin Chota, Leoncio Quinticima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, miembros de la comunidad Saweto, ubicada en Ucayali, cerca a la frontera con Brasil. Chota era presidente de la comunidad y hacía más de doce años que venía denunciando el tráfico de madera en sus territorios, sin que las autoridades iniciaran una investigación seria.

A cuatro años de este crimen, la justicia de Perú no ha logrado condenar a los asesinos, ni mejorar la seguridad de otros líderes amenazados, ni reducir la extracción de árboles en bosques prohibidos que luego acabarán siendo parte de ese millonario y sofisticado negocio del tráfico global de madera en el mundo.

Los cálculos del Programa de la Naciones Unidas para el medio ambiente señalan que este ilícito negocio supera los 50 000 millones de dólares y puede representar el 30% de toda la madera que se comercializa en el mundo.

Los papeles falsos de la selva

El sistema que permite la “legalización” de la madera extraída de bosques prohibidos para luego ser comercializada y exportada se repite en los países amazónicos incluidos en esta investigación. Los documentos oficiales -que no siempre cuentan con procesos de verificación en campo por parte de las autoridades de cada país- están permitiendo desde hace años un sistema impune de saqueo de los recursos forestales de la Amazonía latinoamericana. Los destinos más frecuentes de esta madera son Estados Unidos y China.

En los casos reportados y entrevistas realizadas para esta serie investigativa las autoridades confirman que el método que más usan las mafias madereras es la declaración de información falsa en documentos oficiales. Es decir, en la mayoría de casos, la madera de origen ilegal se vende con papeles que dicen que esos árboles salieron de una zona autorizada, cuando en realidad fueron extraídos de espacios prohibidos como las áreas naturales protegidas o tierras indígenas.

Los ejemplos más recurrentes se encuentran en Perú, país que después de Brasil, exporta más madera al mundo. Durante los últimos años, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) ha identificado planes forestales aprobados por los gobiernos regionales que sostienen tener un número determinado de una especie de árboles en tasas científicamente imposibles. Otros, declaran tener árboles en los cauces del río o en coordenadas equivocadas.

Las autoridades de Bolivia reconocen una situación similar: los traficantes de madera adulteran los Certificados Forestales deOrigen (CFO) para incorporar cargamentos ilegales y comercializarlos.

La historia se repite, aunque en menor escala, en Colombia. Como señalan los reportajes de Semana y El Espectador, el 47% de la madera que se vende en este país es ilegal, según los cálculos del Ministerio del Ambiente. La investigación revela que el negocio de la madera de origen ilegal puede movilizar 750 millones de dólares al año, casi la tercera parte de lo que mueve el narcotráfico.

En Brasil, una investigación de Greenpeace detalla cómo se inventa información en los papeles que certifican el origen de la cotizada madera Ipe. El sistema es el mismo. Algunos madereros las declaran en sus inventarios, pero en realidad no existen en el campo. Según esta organización, Estados Unidos es el país que más madera de tipo Ipe ha importado con documentos oficiales que tienen evidencias de haber “inflado” o mentido sobre el origen real de los árboles de la Amazonía talados.

Solo en Perú, entre octubre del 2017 y agosto de 2018, Osinfor identificó la extracción ilegal de 274 000 metros cúbicos de madera valorizada en más de 30 millones de dólares, equivalente a la carga de 5000 camiones.

Parte de la madera que durante los últimos años se extrajo de la Amazonía peruana, fue exportada hacia México, para desde allí ser enviada a EEUU. En el reportaje desarrollado por Connectas, se identifica a las 10 empresas que compraron la madera de origen ilegal de uno de los operativos más exitosos contra el tráfico impulsado por la Interpol y la fiscalía peruana. El análisis de la documentación revela que el 81% del total de madera que se comercializó había sido extraído de áreas prohibidas.

Todos los caminos conducen al Perú. En Colombia, Brasil y Ecuador los investigadores señalan que la madera extraída de sus territorios es enviada a la parte amazónica peruana, donde es lavada y comercializada. Para entender la magnitud del tráfico, miremos el número de personas procesadas por delitos vinculados a la tala ilegal.
Una base de datos construida por Ojo-Público como parte de esta investigación, determina queentre el 2009 y 2017, las fiscalías ambientales y juzgados en todo el país investigaron a casi 8 000 personas por casos relacionados al tráfico ilegal y extracción de madera.

Nuevas especies amenazadas

Ante los controles y protección de especies de alto valor comercial como la caoba y el cedro, el mercado ha comenzado a presionar otros árboles de la Amazonía. Sobre los últimos años se ha incrementado, por ejemplo, la presión de extracción y exportación del Shihuahuaco. Un comité de científicos que analizó la densidad de esta especie sostuvo que si la presión sobre este árbol continúa, la especie podría estar atravesando sus últimos días.

La única forma de llevar un adecuado control sobre las especies de madera exportadas sería si las empresas detallaran siempre en el documentos de exportación el nombre correcto de la especie, pero eso no ocurre. Las aduanas no lo exigen y la gran mayoría de las empresas declara solo el volúmen, más no el nombre de la especie que exportan. Las pocas compañías que sí lo hacen, utilizan el nombre local que le dan al árbol, lo que dificulta incluso tener una muestra de las especies de madera exportadas. La incorporación de estos datos permitiría tener un control más eficaz de las especies exportadas.

En Perú hace doce años no se actualiza el listado de especies de flora silvestre amenazadas. El lobby del sector maderero quedó en evidencia cuando se frenó el documento científico que recomendaba incorporar al shihuahuaco entre las especies más amenazadas en los últimos años.

Deforestación

La tala ilegal en la Amazonía tiene de contexto el incremento permanente de áreas deforestadas. Pese a los esfuerzos, nadie detiene la destrucción de los bosques en manos de ganaderos, mineros ilegales, monocultivos y otras formas de agricultura. En Colombia, el 70% de la deforestación se concentra en la Amazonía y, desde la salida de las FARC, aumentó 44%. Los bosques de la zona de Quibdó, son los más afectados.

La minería ilegal, como ocurre con la selva de Madre de Dios, en Perú, está devastando el ecosistema de esta región. En la Amazonía de Colombia, la deforestación en varios lugares tiene como actores armados, donde se mezclan los paras, disidentes de las Farc y corredores del narcotráfico hacia el Pacífico.

En un breve artículo publicado en la revista ScienceAdvances a finales de febrero de 2018 -y citado por El Espectador- el científico Lovejoy mencionaba que los bosques de la Amazonía estaban acercándose a un punto de no retorno. Sus cálculos sostienen que en los últimos 50 años toda la Amazonía -compartida por nueve países- ha perdido el 17% de la vegetación. Y advierte: si esta cifra alcanza el 20%, uno de los últimos pulmones verdes más importantes de la humanidad dejará de ser sostenible.

Las autoridades colombianas han reconocido que no podrán cumplir su compromiso de alcanzar la deforestación cero el 2020. Incluso, los datos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible sostienen que en este país la pérdida de bosque natural en el 2020 crecerá 200%. En Perú, que también asumió el mismo compromiso, nadie ha dicho nada.

No hay estrategias conjuntas

Las acciones contra el tráfico de madera por parte de los países que comparten la Amazonía no son conjuntas. Salvo esporádicas intervenciones en las que participa la Interpol, los gobiernos de Perú, Colombia, Brasil, Bolivia y Ecuador no tienen un plan integral y conjunto para enfrentar el tráfico global de madera amazónica y ponerle frenos a la depredación de ciertas especies.

En Ecuador, por ejemplo, como explica el informe de la Revista Vistazo, el año pasado declararon en veda por 10 años la caoba o ahuano (Swieteniamacrophylla). Pero eso no ocurre en Perú o Bolivia. Las acciones penales también son diferentes. Mientras que en Perú el tráfico de madera es un delito penado con cárcel, en Bolivia o Colombia son solo faltas administrativas. En el contexto aduanero ocurre un tema similar. Los papeles de exportación de madera no se encuentran estandarizados y cada exportador coloca voluntariamente el nombre de la madera que exporta. Usan las denominaciones locales y no el nombre de la especie, lo que dificulta conocer los volúmenes globales por tipo de árboles.

Con la publicación de la investigación transnacional #MaderaSucia iniciamos la primera de una serie de reportajes en los que se busca desentrañar el sistema que permite el saqueo impune de los árboles de nuestra Amazonía, pero también el imparable incremento de la demanda internacional a costa de la degradación ambiental y la violencia de las mafias.

La destacada científica y bióloga Hope Jahren explica las consecuencias del imparable apetito humano por los recursos en La memoria de los árboles: “Nuestro mundo se está desmoronando en silencio. La civilización humana ha reducido las plantas – una forma de vida de 400 millones de años- a tres cosas: alimento, medicina y madera. En nuestra implacable y cada vez más intensa obsesión por obtener más volumen, potencia y variedad de esas tres cosas, hemos devastado los sistemas ecológicos vegetales hasta un extremo que millones de años de desastres naturales no pudieron alcanzar. Si continuamos talando árboles sanos a este ritmo, en menos de 600 años habrá quedado reducido a un tocón el último árbol del planeta”.

* #MaderaSucia es una investigación -liderada por Ojo-Público y MongabayLatam, en alianza con un equipo de reporteros y medios de Colombia (Semana, El Espectador), Bolivia (El Deber), México (Connectas) e Infoamazonía (Brasil)-

 

Cómo los reguladores colombianos se convirtieron en proveedores de madera ilegal – Por César Molinares y Natalia Moreno, InSightCrime

 

Por César Molinares y Natalia Moreno *

En Santander, Colombia, los comerciantes de madera corrompieron los sistemas regulatorios, policiales y judiciales en el proceso de traficar cantidades incalculables de madera del Estado.

A finales de 2013, un funcionario del Parque Nacional Yariguíes se puso en contacto con la Fiscalía General. El funcionario les dijo a los fiscales que los colonos estaban deforestando áreas de la reserva natural para plantar coca, la materia prima utilizada para elaborar cocaína, y que los madereros estaban cosechando y vendiendo la madera de manera ilegal.

El departamento de Santander, donde se encuentra esta reserva natural, cuenta con 3 millones de hectáreas de tierra, 800.000 de las cuales son bosques naturales como los de Yariguíes. Existen leyes orientadas a administrar estas áreas dentro de los parques nacionales y a lo largo de los llamados Distritos de Manejo Especial. Sin embargo, gran parte del departamento ya ha sido deforestado, a tal punto que algunos científicos afirman que la erosión de la cubierta forestal está causando escasez de agua en algunas zonas del departamento.

Específicamente, gran parte de estas áreas han sido utilizadas durante décadas por productores de coca, agricultores de la región y madereros de los trece municipios ubicados en el territorio de los Yariguíes.

“La gran mayoría, con algunas excepciones, ya han sido tomadas”, afirma un funcionario de la Corporación Autónoma de Santander (CAS), quien habló bajo condición de anonimato refiriéndose a la constante expansión de la tala ilegal en estos parques nacionales y zonas de reserva.

Se suponía que la CAS regularía estas áreas problemáticas. La entidad hace parte de la red de 33 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) establecidas en el país. Las CAR son los principales organismos reguladores con la misión de garantizar proyectos económicos ambientalmente sustentables, como la extracción de madera. En la práctica, sin embargo, se han convertido en vehículos para la corrupción, la malversación y el crimen organizado. De hecho, en el caso de Yariguíes, pronto se convertirían en el centro de la investigación.

El caso Yariguíes

La Fiscalía General asignó un fiscal al caso en 2013, después de que un funcionario del Parque Nacional Yariguíes ofreciera información. Establecido en 2005 como parque, Yariguíes solía ser blanco de los traficantes. El parque es extenso, cuenta con una gran diversidad ecológica y está ubicado en una zona remota. En sus montañas hay 59.063 hectáreas de bosque y alberga 57 especies de mamíferos, 40 clases de anfibios, 30 especies de reptiles y 200 tipos de mariposas. Tiene además selvas tropicales, zonas montañosas y páramos. En el parque nacen varios ríos, entre ellos el Opón, el Suárez y el Sogamoso; estos dos últimos abastecen la reserva y represa de Sogamoso, una de las más grandes del país.

La singular geografía del parque también permite la existencia de varias especies arbóreas como el roble colombiano, el cedro español y la virola calophylla, una especie de nuez moscada. Las áreas mencionadas por el funcionario se concentraban en algunas de estas zonas de reserva, concretamente en los municipios de Santa Helena del Opón, Cimitarra, Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí y la región de Bajo Simacota, donde los traficantes supuestamente estaban cosechando cedro, palisandro, cariniana multiflora y virola calophylla, entre otras especies.

Durante algún tiempo, el área también fue una región de cultivo de coca. Aunque la producción de esta planta, que sirve de base para la producción de cocaína, disminuyó levemente según el más reciente estudio de Estados Unidos sobre este cultivo, todavía está cerca de niveles récord en Colombia. La propagación de este cultivo ha tenido un efecto devastador en los bosques naturales de Colombia. En 2019, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, dijo que alrededor de una cuarta parte de la deforestación era efecto colateral de la producción de coca.

Según reportes de las autoridades colombianas entre 1998 y 2012, el daño forestal causado al entorno por la tala de bosque para la implantación del cultivo de coca en el territorio nacional ha sido superior a 608.000 hectáreas de bosque húmedo tropical. Esto significa que en promedio se han deforestado 40.500 hectáreas por año, a una tasa de 111 hectáreas por día.

Si bien la mayor parte de esta producción y deforestación a causa de la coca está ocurriendo en la cuenca amazónica colombiana, el problema también afecta a Santander y al Parque Yariguíes, donde la policía ha encontrado cantidades significativas de producción de coca que se remontan al menos a 2014.

Aun así, era difícil construir los casos. La fiscalía regional no tenía experiencia en la investigación y enjuiciamiento de delitos ambientales. Comenzaron estudiando casos antiguos y analizando lugares donde se habían hecho arrestos por este tipo de delitos. A mediados de 2013, fueron capturadas 15 personas que traficaban madera de Yariguíes. Esa información se combinó con sobrevuelos en los que se tomaron fotos aéreas de las zonas más afectadas. En poco tiempo, los investigadores hallaron un patrón inquietante: las áreas donde se habían hecho los arrestos y las áreas en donde habían encontrado evidencia de tala ilegal mediante los sobrevuelos no coincidían. En otras palabras, las autoridades estaban concentrando sus esfuerzos en los lugares equivocados.

Casi al mismo tiempo, a la fiscalía llegó un estudio financiado por el gobierno alemán. Este tipo de estudios pueden ser de utilidad para las autoridades, especialmente cuando cuentan con pocos recursos humanos. El estudio confirmaba gran parte del análisis preliminar. Además, ayudaba a afinar detalles sobre los lugares donde los grupos almacenaban la madera, las rutas que utilizaban para extraerla y los destinos a donde era enviada, incluidas las principales ciudades en las que se suponía se procesaba para uso final o para su exportación.

“Se detectó que la mayor cantidad de madera se enviaba a Barranquilla y Bogotá”, cuenta un detective que apoyó las investigaciones de la Fiscalía y que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para comentar al respecto. “Nos dijeron que [cada día] salían entre dos y tres camiones”.

La información les aportó a los fiscales otra vía de investigación y de un posible enjuiciamiento, ya que se debía contar con permiso oficial de la CAR local para realizar cualquier transporte de madera. En resumen, los fiscales tenían tres vías de investigación: la expedición ilegal de permisos de tala, el transporte ilegal de esta madera de origen ilegal y la posible corrupción al interior de entidades gubernamentales que no estaban judicializando este delito cuando lo descubrían, o que incluso quizá lo estaban facilitando. Lo que quizá no consideraron fue que la red estaba empleando los tres métodos.

Los investigadores también se enteraron poco después de que un intermediario de la región servía como el vínculo para que los empresarios de otros lugares obtuvieran la madera, transfiriéndola y legalizándola antes de que llegara a sus manos. Este tipo de intermediarios son esenciales en el comercio de tráfico de madera, pues establecen conexiones entre los cosechadores y los mayoristas, entre los que se encuentran aserraderos y procesadores secundarios. Financian las cosechas y suelen dirigir empresas de transporte. Además, obtienen los documentos necesarios para eludir a las autoridades reguladoras y a la policía.

El intermediario en el caso Yariguíes tenía un contacto al interior de la Corporación Autónoma de Santander (CAS), como descubrieron los investigadores cuando comenzaron a escuchar sus llamadas telefónicas. El funcionario de la CAS aceleraba los permisos de transporte falsos, mientras que el intermediario se encargaba de trabajar con la policía de carreteras en Santa Helena de Opón para asegurar el paso. Ellos coordinaban estos movimientos mediante un teléfono celular que el grupo criminal le entregó a la policía. La información era precisa. Durante algunas de las llamadas escuchadas por los fiscales, el grupo criminal le decía a la policía qué tipos de camiones llevaban la madera y a qué hora pasarían por el puesto de control.

Los sobornos que se les pagaban a los agentes dependían del tamaño de los camiones, así como del volumen y las especies de madera transportada. Cuando había alguna confusión, o si un camión era detenido con madera ilegal en otro puesto de control donde la policía no había sido informada, el grupo criminal empleaba a un funcionario independiente de la CAS que proporcionaba información falsa o ajustaba la información en la documentación que se le presentaba a la policía, de modo que la madera pudiera continuar su viaje.

Entre los contactos de la red también había otros sectores del gobierno. Después de que se filtró que se estaba adelantando una investigación oficial, la red comenzó a enviar los cargamentos de noche. Además, los fiscales descubrieron que la madera ilegal se transportaba no solo con permisos falsos de la CAS, sino además con permisos de transporte falsos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad que regula las plantaciones de madera comercial.

Poco después hubo indicios de que las autoridades municipales y judiciales también estaban vinculadas con la red de tráfico. Específicamente, los investigadores descubrieron que, mediante un grupo de policías corruptos, los traficantes sobornaron a un asistente de la Fiscalía, la cual además encontró lagunas en los procedimientos que obligaban a las autoridades a devolver los camiones y la carga incautada. Cabe destacar cinco cargamentos incautados que fueron devueltos por la Fiscalía en el municipio de Cimitarra.

“Cuando la policía llevó los casos [ante el fiscal], este dijo: ‘No, este procedimiento no se hizo correctamente’, y obligó a los agentes de policía a devolver los vehículos”, le dijo el fiscal de Bucaramanga a InSightCrime.
En octubre de 2014, después de casi dos años de investigaciones, la Fiscalía General detuvo a 55 personas, entre ellas al intermediario, un grupo de policías, dos funcionarios de la CAS y varios transportistas, acusándolos de tráfico ilegal de madera, tráfico de especies en peligro de extinción o especies endémicas de Colombia, conspiración y delitos relacionados con corrupción.

El pez gordo queda libre

A pesar de las detenciones en estos casos, las autoridades querían llegar más alto en la cadena de distribución. La mayor parte de los rangos superiores de estas redes, así como las empresas que promueven la cosecha ilegal de madera, nunca son enjuiciados. A la vez que trabajan con intermediarios, las empresas se cuidan de mantenerse alejadas del comercio, y de esta manera pueden negar las acusaciones cuando se descubre la procedencia ilegal de la madera. En los casos de Santander, las autoridades pensaron que podrían interrumpir este patrón.

Durante su investigación, los fiscales descubrieron que había un grupo de empresarios de Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla que pedían volúmenes y especies particulares de madera a través de los intermediarios en el caso Yariguíes. Los compradores hacían negocios con los intermediarios de dos maneras. Una era por solicitud. Los propietarios de aserraderos o procesadores que necesitaban madera solicitaban cantidades específicas a los intermediarios. Estos entonces obtenían las licencias falsas para cosechar, blanquear y trasladar la madera a las plantas de procesamiento de los compradores.

La otra forma en que los compradores obtenían madera de los intermediarios era a través de un mercado al contado. Los intermediarios recolectaban ilegalmente el suministro que sabían por experiencia que era comercialmente viable. Los compradores e intermediarios compraban la madera de origen ilegal en este mercado al contado, organizando las compras a través de medios digitales o en persona.

Los fiscales afirman que la red tenía rutas bien establecidas; por ejemplo: Cimitarra-Bucaramanga, Cimitarra-Vélez-Barbosa-Bogotá, Santa Helena-Bogotá, Landázuri-Vélez-Barbosa-Bogotá y Cimitarra-Barranquilla. Eventualmente, los fiscales utilizaron esta información para abrir casos contra varios empresarios y madereros locales. Uno de esos empresarios era Alexis Pinzón, ubicado en Bogotá. Pinzón tenía una extraña combinación de negocios: era proveedor de madera y agente de servicio de automóviles. Pinzón fue condenado, pero pasó poco tiempo en la cárcel.

Dado que enfrentaba una larga condena de prisión, llegó a un acuerdo de culpabilidad y cooperó con las autoridades.

Los fiscales también acusaron a uno de sus compañeros fiscales y a su asistente, así como a un miembro de la policía que intentó entorpecer la investigación. Aun así, la Fiscalía General ha tenido dificultades para llevar a varios de los funcionarios a los tribunales debido a retrasos burocráticos y, según los fiscales, por presiones políticas. En los casos que se están adelantando contra los compradores, los fiscales dicen tener conocimiento de las redes de tala ilegal que se extienden a Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla. Además, a los fiscales se han acercado otros compradores que han tratado de llegar a acuerdos de culpabilidad. Pero ninguno de ellos enfrentará penas de prisión ni multas significativas.

El caso de la CDMB tuvo dificultades similares. Tras la denuncia de Serrano, las autoridades detuvieron a nueve miembros de Los Ingenieros en febrero de 2018 y los acusaron de vender, cada mes, hasta 852 metros cúbicos de madera de la reserva de Yariguíes (valorados en cerca de US$250.000), así como de conspiración, falsificación de documentos, fraude y delitos relacionados con el uso indebido del sistema de permisos en línea. Entre las personas arrestadas se encontraban tres funcionarios y dos exfuncionarios de la CDMB, incluyendo un subdirector, un ingeniero y un contratista de área.

Todos los acusados, excepto una —Andrea Melissa Serrano, subdirectora de Evaluación y Control Ambiental de la CDMB— se declararon culpables de los cargos, según confirmó un fiscal. La policía dijo inicialmente que ella lideraba el esquema. Su caso aún está pendiente; sin embargo, fue exonerada. Y el entonces director de la CDMB, Martín Camilo Carvajal, dijo al periódico Vanguardia Liberal que Serrano continuaría desempeñando su cargo actual, a pesar de las acusaciones de su papel en el esquema.

* Este artículo fue escrito con información de Ana Marrugo.

 

Deforestación ilegal en Brasil: empresas europeas trabajan con dudosos proveedores – Por Juraima Almeida

Por Juraima Almeida *

En la Amazonía brasileña se talan árboles ilegalmente. En un informe de Amazon Watch se critica la colaboración entre empresas europeas y estadounidenses y las madereras ilegales en el país. Según la organización ambientalista Greenpeace hubo un aumento de 80 por ciento de la deforestación para minería ilegal en las zonas protegidas y de 13 por ciento en las reservas indígenas de la Amazonia brasileña entre enero y abril de 2020.

Basado en un informe de alertas de deforestación identificadas por satélite por el oficial Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales INPE Greenpeace afirma que entre enero y abril fueron deforestadas 879 8 hectáreas de las áreas de conservación con fines de minería ilegal un 80 62 por ciento más que en el mismo período del año anterior.

37 compañías son las mayores compradoras de madera extraída de Brasil. Tras estas transacciones parece existir un negocio ilegal que amenaza el futuro de especies de árboles nativos que son usados para la fabricación de muebles.

La exportación de maderas preciosas de Brasil como el lapacho principalmente hacia Estados Unidos y Europa alimentan un comercio ilegal que devasta a la selva amazónica . Compañías en Francia, Portugal, Bélgica y Holanda son las siguientes en la lista de grandes compradoras de madera sospechosa. Unas 20.000 hectáreas de bosque han sido arrasadas por el fuego en Guaviare.

Madereros y funcionarios corruptos brasileños ejecutan sofisticados esquemas que les permiten talar estos majestuosos árboles por fuera de las zonas permitidas sin que esto les impida obtener los documentos necesarios para exportar la madera con enormes ganancias

“Vivimos en las primeras etapas de un apocalipsis”, escribió una alianza de pueblos indígenas en el diario francés “Le Monde”. Los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la selva amazónica brasileña se han visto severamente reducidos desde la elección del presidente populista de derecha Jair Bolsonaro. Los 13 autores del texto representan a los pueblos indígenas desde Brasil hasta Nueva Zelanda.

El hecho de que el texto aparezca a miles de kilómetros de distancia tiene una razón: desea llegar a una audiencia importante y hasta ahora pasada por alto. En Francia, como en muchos otros países occidentales, hay empresas involucradas en la tala ilegal de árboles a través de sus cadenas de suministro.

Eso es lo que se afirma en un informe de la organización medioambiental Amazon Watch, publicado este jueves (25.04.2019). En los últimos dos años, por ejemplo, la compañía maderera brasileña Benevides Madeiras habría exportado 125 toneladas de madera a las compañías francesas Guillemette& Cie y GroupeRougier, aunque el propietario de la empresa de Brasil, Arnaldo Betzel, tuvo que pagar una multa de 2,2 millones de reales brasileños (500.000 euros) por tala ilegal.

En el mismo periodo de tiempo, según el informe, empresas de Bélgica, Holanda y Dinamarca recibieron también madera de Benevides Madeiras. Se dice que la compañía alemana AcaiGmbH, que produce bebidas de frutas orgánicas, habría importado nueve toneladas de pulpa en 2018 de Argus, otra compañía de Betzel.

Tras la publicación de este artículo*, Benevides Madeiras refutó las acusaciones de Amazon Watch, solicitando al instituto brasileño del medio ambiente, Ibama, reconsiderar la multa. El 6 de mayo, Ibama retiró el embargo de explotación del área de bosque tropical por la que había multado a la empresa. La medida no especifica si la multa fue revocada. También AcaiGmBH negó complicidad, añadiendo que su importación a modo de prueba de pulpa de acai provenía de árboles vivos, y no era producto de la explotación de la selva tropical.

Estas empresas son parte de un total de 27 firmas europeas y estadounidenses que, según Amazon Watch y su socio Profundo, trabajan con proveedores que están llevando a cabo talas ilegales. En su mayoría importan productos como carne de res, soja y madera. La investigación plantea importantes preguntas, entre ellas: ¿Qué papel desempeñan las empresas y las naciones occidentales a la hora de detener la tala de la selva tropical?

Problemática cadena de suministro

“Cultivamos nuestra tierra para alimentar a nuestra gente y no a los animales del otro lado del mundo”, escriben los autores indígenas en “Le Monde”. La tala de la Amazonía para el comercio de vegetales y madera está provocando cada vez más el desplazamiento violento de sus habitantes. Al mismo tiempo, la biodiversidad sufre y se crean enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Según los expertos, la deforestación masiva en la región es uno de los principales obstáculos para lograr los objetivos climáticos internacionales.

La deforestación ilegal es un problema internacional. “Los comerciantes globales, las instituciones financieras y los importadores desempeñan un papel muy importante”, dijo Christian Poirier, director de programas de Amazon Watch y autor del informe. “Nuestros resultados muestran que son en parte responsables de la creciente destrucción de la Amazonía brasileña, de sus habitantes y de los pueblos indígenas”.

En el informe se analizaron las cadenas de suministro de 56 compañías brasileñas involucradas en la tala ilegal y compañías occidentales que hacen negocios con ellas. No se dice que se realizaron envíos con mercancía ilegal, sino que los importadores europeos y estadounidenses están comprando a proveedores, cuyas filiales o propietarios han sido multados recientemente por la tala ilegal de árboles.

Un ejemplo sorprendente es el caso de JBS, el mayor exportador de carne de res en Brasil. Se dice que este último contrató mataderos de AgroSB, que en 2017 fue sentenciado con la multa más alta del país por la tala ilegal. De acuerdo con el informe de Amazon Watch, los 20 propietarios extranjeros más grandes de JBS, entre ellos Capital Group y el administrador de activos Blackrock, tienen acciones por valor de 1.780 millones de euros.

JBS rechaza las acusaciones. La empresa “no compra animales de granjas involucradas en la deforestación de la selva o en áreas de protección indígena o medioambientales”, escribió JBS a DW en un comunicado. Según JBS, en los últimos tres años, la compañía ha cumplido con más del 99,9 por ciento de los requisitos para la compra de ganado, según los criterios internos sociales y ambientales.

Presión internacional

Incluso antes de su elección, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no ocultó su desinterés en la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Desde que asumió el cargo en enero, ha exigido en repetidas ocasiones la apertura de reservas de pueblos indígenas para empresas agrícolas y mineras. Por lo tanto, los ambientalistas creen que la industria internacional tiene la responsabilidad de revisar sus cadenas de suministro con el fin de proteger la selva tropical.

Los expertos dicen que los consumidores son también parte del problema, pero la mayoría simplemente desconoce el impacto que sus decisiones de compra tienen en la selva tropical. “Creo que el consumidor típico ignora que la carne de res o las galletas que compra son una de las principales causas de la deforestación”, dijo David Kaimowitz, responsable de los recursos naturales de la Fundación Ford.

Ruth Delzeit, jefa del departamento de investigación de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Instituto para la Economía Mundial cree que si en los productos se indicara cuánta deforestación se requiere para la fabricación de un producto, los consumidores podrían decidir por sí mismos si lo adquieren o no.

 

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