No es la primera vez que las autoridades israelíes aplican la política perversa de esperar a que un palestino llegue al borde de la muerte y sufra daños prácticamente irreversibles –que afectarán su salud de por vida, en caso de salvarse- antes de acceder a su liberación, y esto último simplemente porque no les interesa que el preso se convierta en un mártir popular. Esta vez parecería que están haciendo lo mismo, simplemente porque no tienen cargos serios para procesarlo y dejarlo preso. Amira Hass reflexiona irónicamente sobre la absoluta subordinación del sistema judicial israelí -incluyendo la Corte Suprema- a quienes mandan realmente en el país: el ejército y el servicio secreto.
 

Cada petición a la Suprema Corte de Justicia que desafía los decretos de las autoridades en relación con los asuntos palestinos, genera la expectativa secular de un milagro. Un milagro que implicaría que los jueces se liberaran del yugo del ejército y del servicio de seguridad Shin Bet. Cada petición hace que una olvide por un momento la amarga decepción de la anterior.
Esto sucedió el domingo, cuando los jueces consideraron una petición en el caso de Maher Akhras, de 49 años, que ha estado en huelga de hambre durante tres meses para protestar por su detención sin acusación, sin juicio, sin pruebas y sin derecho a defenderse. Esta vez tampoco ocurrió ningún milagro. Por segunda vez en un mes, los jueces evadieron tomar cualquier posición de principios con respecto a tan vergonzosa detención. Propusieron una solución a medias: la suspensión de la detención administrativa mientras esté en el hospital.
Akhras fue detenido el 27 de julio. Fue sometido a un interrogatorio general y superficial, y se emitió una orden de detención administrativa, válida hasta el 26 de noviembre. Entonces comenzó una huelga de hambre que ha continuado hasta el día de hoy. Desde el 6 de septiembre ha estado hospitalizado en el Hospital Kaplan, en Rehovot. Su condición física, como se esperaba, se está deteriorando. Su dolor está aumentando. El daño a su salud puede ser irreversible, pero su mente está clara. Insiste en continuar la huelga, hasta la muerte o hasta su liberación.
El 23 de septiembre, en respuesta a la primera solicitud de Akhras pidiendo su liberación, los jueces encontraron una fórmula que permitía una suspensión temporal de la detención administrativa, ya que su estado de salud hacía descartar que fuera “un riesgo para la seguridad”. Los jueces dictaminaron: fuera de la detención, se le permitirá recibir visitas en el hospital; si su condición mejora, el Shin Bet y el ejército pueden reanudar la detención administrativa. De hecho, el viernes pasado el Shin Bet y el ejército determinaron que su condición había mejorado, lo que les permitía renovar la detención administrativa y trasladarlo a una clínica del Servicio de Prisiones de Israel en Ramle. Tras una petición urgente, la Corte Suprema detuvo el traslado y volvió a suspender la detención administrativa.
El Shin Bet dice que Akhras, de 49 años, es peligroso. Si es así, ¿por qué no presenta una acusación detallada contra él?
Akhras ya fue arrestado y juzgado dos veces antes por delitos relacionados con pertenencia a la Jihad Islámica [que él niega]. Cumplió sentencias de 11 y 26 meses. Entonces, ¿por qué optar por la detención administrativa esta vez? A veces el Shin Bet no quiere exponer a los colaboradores que han proporcionado información (verdadera o distorsionada). Otras veces, al parecer, el Shin Bet se avergüenza de la debilidad de las pruebas o las sospechas, y prefiere desdibujarlas lo más posible.
El número de personas en detención administrativa ha sido más o menos constante en los últimos años: unas 350. Es un arreglo conveniente: le ahorra al sistema el dolor de cabeza de constituir un tribunal militar, citar testigos, proporcionar pruebas, movilizar gente. Pero no se puede declarar esto abiertamente. Incluso en el Israel de hoy, más complaciente que nunca respecto a las implicaciones de dominar a otro pueblo, el Shin Bet no puede declarar abiertamente que eso es lo que las fuerzas de seguridad hacen en todo régimen militar, dictatorial y autoritario que gobierna sobre personas que no lo eligieron. Por eso el Shin Bet se hace pasar por un dios omnisciente. Y con dios no se discute.
Como entidad omnisciente, el Shin Bet sabía a principios de octubre que para el 26 de noviembre Akhras ya no supondría un peligro para la seguridad. ¿Cómo así? El 12 de octubre, le sugirió que suspendiera su huelga a cambio de la promesa de liberarlo en dos meses, a menos que apareciera “nueva información” sobre él. Akhras rechazó la oferta, y no ocurrió ningún milagro. Al parecer los jueces nunca se preguntaron qué tipo de riesgo de seguridad incluye una fecha de vencimiento.
El Shin Bet está escarbando. Su inherente intransigencia no le permite ceder ante la única arma disponible para un detenido sin juicio: la huelga de hambre. Los jueces podrían habernos evitado esta horrible escena de un hombre muriendo frente a las cámaras, al ordenar su liberación y traslado a un hospital de Cisjordania. Pero fue una ingenuidad esperar que esta vez el tribunal mostrara algo de coraje.

Publicado en Haaretz el 28/10/20. Traducción: María Landi.