La aplicación de oración Muslim Pro, que afirma tener 95 millones de usuarios, ha sido objeto de una denuncia en París de decenas de usuarios franceses, que la acusan de haber vendido datos personales a una empresa que finalmente informó al ejército estadounidense de los mismos, anunciaron el lunes 24 de noviembre sus abogados.

Estos usuarios, cuya denuncia fue desvelada por la radio RTL y debe ser presentada el martes en París, piden una investigación por “violación de los derechos humanos resultante de archivos o procesamiento informático”, “abuso de confianza”, “peligro para la vida de otros” y “complicidad en asesinato”.

La demanda sigue a la publicación el 16 de noviembre de una investigación del medio en línea Vice, que alega que los servicios militares de EEUU están comprando datos de geolocalización de usuarios de aplicaciones privadas en todo el mundo.

En el caso de Muslim Pro, cuya opción de geolocalización ayuda a determinar el momento de la oración, los datos se han vendido a “una empresa llamada X-Mode, que obtiene los datos de ubicación directamente de las aplicaciones y luego vende los datos a subcontratistas y, por extensión, a los militares estadounidenses”, dice Vice.

“El Comando de Operaciones Especiales de EEUU (USSOCOM) ha comprado acceso a los datos de Locate X para ayudar en las operaciones de las fuerzas especiales en el extranjero”, dijo Vice.

Los medios de comunicación plantean la cuestión de un posible uso de estos datos por parte de EEUU para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales contra sospechosos de “terrorismo” mediante ataques con drones.

En una declaración del 17 de noviembre, Muslim Pro anunció su decisión de “terminar (su) relación con todos los socios de datos, incluido X-Mode”.

La empresa, fundada por un francés y con sede en Singapur, afirma haber “iniciado una investigación interna (…) para confirmar que todos los datos de los usuarios se han procesado de acuerdo con todos los requisitos existentes”.

Los abogados de los demandantes, Xavier Nogueras, Vincent Brengarth y William Bourdon, solicitan “una investigación sobre unos hechos de cierta gravedad que, de establecerse, parecen claramente un caso de libro de texto de la instrumentalización que se puede hacer de los datos personales de los usuarios”.

“La lógica económica rompe el imperativo de proteger la privacidad”, denuncian en un comunicado a AFP.