Las y los palestinos viven excluidos del orden internacional, un pueblo que es impermeable a las normas de derechos humanos y permeable al sufrimiento e injusticias. Entre tanta oscuridad, un destello de esperanza se asoma. La Corte Penal Internacional, radicada en La Haya, ha establecido su competencia para investigar crímenes de guerra cometidos por parte de la entidad sionista en Palestina. 

Debemos recordar las amenazas del ex asesor de seguridad, John Bolton, bajo la administración de Donald Trump, señalando que, si la Corte procede a investigar a Israel o a EE.UU., usarán cualquier medio necesario para proteger a sus aliados de “esta Corte ilegítima”, incluso tomando medidas para restringir los poderes de dicho tribunal, junto con procesar mediante el sistema penal estadounidense a los fiscales de la Haya. 

La administración Trump impuso restricciones y sanciones a la fiscal Fatou Bensouda y otros investigadores de la Corte Penal Internacional. Fatou Bensouda confirmó que existen “bases razonables” para investigar crímenes de guerra en Palestina. La actitud de Estados Unidos se manifiesta, también, en los innumerables vetos a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que han mandatado a Israel adecuarse al derecho internacional. Por otro lado, las recientes declaraciones del ministro de Transportes israelí son evidentes. Bezalel Smotrich, cuyo origen es ucraniano (sin ningún vínculo con Palestina), escribió: “El primer ministro Benjamín Netanyahu debe ordenar la evacuación de la aldea Khan Al-Ahmar mañana por la mañana. Cualquier otra decisión es admitir la acusación de la culpa delirante del tribunal antisemita de La Haya”. El diario Haaretz comunicó que el gobierno de Israel informará a cientos de funcionarios de Defensa que no salgan del país por posibles órdenes de arresto en su contra.

Tal vez deban sincerar sus miedos. Desde la implantación artificial del régimen israelí se han violado flagrantemente los derechos del pueblo palestino, tal como señala el historiador israelí Ilan Pappé en su libro Limpieza étnica de Palestina, donde se arrasaron 500 aldeas palestinas, trasladando forzadamente a más de 800.000 mil palestinos. Pero los temores también provienen de sucesos recientes. En el año 2014, la fuerza ocupante israelí ejecutó la operación “Margen Protector” sobre Gaza, resultando más de 2.500 palestinos muertos (600 de ellos fueron niños menores de 16 años), alrededor de 500 mil desplazados, más la destrucción de cientos de viviendas.

En dicha operación se utilizaron armas químicas, como el fósforo blanco, y no es necesario explicar que están prohibidas y los efectos que provoca. Esta masacre fue precedida de otra operación, denominada “Plomo Fundido” en los años 2008 y 2009, dejando 1.400 palestinos muertos (320 de ellos niños y 120 mujeres). Sedientos de “defensa y protección” en 2012 Israel emprendió una nueva operación llamada “Pilar Defensivo”, asesinando a 200 palestinos y dejando más de 1.500 heridos. En las dos primeras décadas del siglo XXI más de 2.000 niños perdieron la vida; este sufrimiento se incrementa considerando los cientos de menores de edad bajo prisión en Israel. Gaza se ha convertido, tal como dicen algunos intelectuales judíos-israelíes, en “la prisión más grande a cielo abierto del mundo”: alrededor de dos millones de personas viven en 300 kilómetros cuadrados. Gaza se encuentra bloqueada vía terrestre (un muro que fue declarado ilegal por Cortes internacionales), por mar (asesinan a pescadores artesanales e impiden el paso de barcos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza) y aire. Palestinos que necesitan tratamiento médico fuera de la Franja de Gaza se mueren al interior. ¿No es un castigo colectivo, prohibido por la Convención de Ginebra, lo perpetuado en Gaza?

Maher Pichara Abueid
Integrante de la Unión General de Estudiantes Palestinos y del Directorio Juvenil del Club Palestino.

Fuente: El Desconcierto