Es cierto que Camacho venció en una región donde la derecha boliviana y el gran capital, partidarios de movimientos separatistas, son mayoritarios, desprecian a la población indígena y, además, tienen el favor de Washington.

Ahora voceros de su agrupación Creemos, culpan a “sectores ligados al MAS que también piden su detención por el caso del golpe de Estado,  mientras ponen en dudas que existió un  golpe contra las institucionalidad del país.

Eso está más que probado e incluso la desacreditada Organización de Estados Americanos no se atreve ya a levantar la cabeza, pues las pruebas fueron contundentes de que el MAS y Morales vencieron con justicia en 2019.

Hay temor entre los golpistas que ahora enfrentan la justicia y las tensiones en Bolivia vuelven a reavivarse cuando son señalados los protagonistas de la asonada. Sin embargo, pudiera decirse, por qué tienen temor si tan convencidos están de que lo que hicieron en 2019 fue legal.

La expresidenta interina del país y  marioneta de los golpistas, Jeanine Áñez, fue detenida el sábado en la madrugada en un operativo encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana,  Jhonny Aguilera,  bajo acusaciones de "sedición, terrorismo y conspiración".

Su arresto se produjo después de la aprehensión de los exministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energía, y de que se emitieran órdenes de captura también para otros exmiembros de ese gobierno impuesto por la fuerza.

Según medios de prensa, la medida marcó una escalada de hostilidades entre el actual ejecutivo de izquierda y la oposición, más conservadora, y provocó una gran polémica en el país pero, por qué alarmarse, solo hay una aplicación de la justicia.

Las autoridades emitieron órdenes de detención sobre los exministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno (Interior), Arturo Murillo; y de Defensa, Luis Fernando López. Los dos últimos no se encuentran en el país, escaparon ante las evidencias en su contra que además de represión y asesinatos, incluyen corrupción.

Falta, entre otros, el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman,  quien disfruta de un cargo en una organización promotora de golpe militares en Estados Unidos y que hoy apunta a Ecuador, donde los seguidores del expresidente Rafael Correa, se acercan a la victoria en las urnas.

"La persecución política ha comenzado", sostuvo la expresidenta golpista en su cuenta oficial de Twitter. "El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura", manifestó pero, qué quieren, impunidad total, es la pregunta que muchos bolivianos se hacen.

"Nosotros no estamos realizando ningún tipo de persecución política, nosotros no amedrentamos a quienes piensan diferente, pues estos procesos ya estaban iniciados en nuestro país desde la gestión 2020", explicó Eduardo del Castillo,  ministro de Gobierno del presidente Luis Arce.

"Este gobierno no está persiguiendo a nadie, lo que está haciendo es que exista justicia en nuestro país", manifestó.

Tras su detención, la exmandataria dirigió cartas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia en las que pide la presencia de una misión de observación para que "evalúe de manera objetiva" su arresto y el de sus dos exministros”.

"Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia", manifestó al respecto Morales.

Este sábado, algunas personas con carteles se trasladaron hasta la puerta de la Fiscalía de La Paz para llevar a cabo una vigilia pidiendo "justicia" por la represión en Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en El Alto, durante la crisis de 2019.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH), por su parte, pidió un juicio "justo, independiente e imparcial" y que se salvaguarde el "debido proceso".

La situación actual recuerda como en Bolivia en 2019, Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien fue una figura de confrontación contra el gobierno constitucional de Evo Morales,  pedía democracia pero con violencia.

El autodenominado líder de la “revuelta popular”  dueño un oscuro pasado de violaciones éticas y evasiones de impuestos al fisco, es salpicado por los llamados Panama Papers, un entramado donde poderosos de muchos países ocultan sumas de malversaciones y lavado de dinero de procedencia dudosa, en la mayoría de los casos, el robo a sus compatriotas.

Camacho Vaca, hijo del empresario José Luis Camacho Miserendino, abogado, docente universitario, también es accionista del grupo empresarial Nacional Vida, presidió el comité cívico que viajó a La Paz en noviembre de 2019 para concretar la asonada golpista.

Como presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz fue el primero en convocar al paro cívico y se jactó de ser quien habría logrado unir las fuerzas de la oposición contra el MAS. En un twitt del 22 de octubre  de 2019 señaló que: "El movimiento cívico a la cabeza de mi persona, logramos unir a las fuerzas políticas de oposición al MAS."

Cabe señalar que el “abanderado de la violencia” fue inculpado en redes sociales por tener millonarias deudas por impuestos al Estado relacionadas a sus empresas. Como respuesta a estas denuncias, Camacho en una entrevista publicada por Infobae dijo que su involucramiento en Panamá Papers es porque es el gobierno es el que le debe varios millones de dólares.

También llama la atención, que este oscuro sujeto hace declaraciones que proyectan una personalidad violenta que ensalza el sicariato en Colombia.

Durante el régimen de facto,  sus seguidores de la elite burguesa boliviana cometieron numerosos actos de violencia y racismo, principalmente contra las mujeres por usar pollera (atuendo típico empleado por mujeres indígenas).

Entonces, de qué se quejan los golpistas vestidos de demócratas. Al parecer la justicia llegó y su aplicación creará un escenario de convulsión en Bolivia.

Fuente: Al Mayadeen