"Pretende reiniciarse la persecución al exmandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, sería un retroceso institucional, un daño incalculable que se diera marcha atrás en la decisión del Supremo Tribunal Federal de ese país que anuló los juicios al líder obrero por presiones mediáticas y políticas, denunció Alberto Fernández, presidente argentino.

"Dar marcha atrás en la decisión tomada por el STF por presiones mediáticas y políticas significaría un retroceso institucional para Brasil y un daño incalculable para quienes reivindicamos el Estado de Derecho como base de sustento de la democracia", dijo Fernández en Twitter.

"El STF de Brasil dispuso días atrás anular los juicios que habían determinado la condena de Lula, apartando al juez y a los fiscales que intervinieron en el caso", señaló el presidente en el primero de una serie de tuits en los que incluye una foto del exmandatario.

"La decisión tuvo singular relevancia porque dejó en evidencia el accionar de distintos factores de poder (políticos y mediáticos) que condicionaron la administración de Justicia para restarle a un ciudadano la posibilidad competir electoralmente", continuó Fernández haciendo referencia a la decisión del STF de anular cuatro procesos en los que Lula fue condenado por supuesta corrupción en la llamada Operación Lava Jato, relacionada con sobornos. 

"La nulidad dictada por el STF dejó en todos nosotros, defensores del Estado de Derecho, la convicción que el sistema judicial de nuestro querido Brasil había preservado la institucionalidad democrática", siguió Fernández antes de señalar su preocupación, por entender que existen presiones sobre el sistema judicial brasileño.

"En estos días, vemos con preocupación que pretende reiniciarse la persecución a Lula utilizando las mismas malas prácticas que ya antes fueron usadas", advirtió el mandatario argentino.

"El sistema judicial de Brasil ha demostrado su capacidad de autorevisión preservando la correcta administración de justicia. Ello representa una bocanada de aire fresco para el respeto de la democracia en la región", sostuvo.

"Lula es un líder democrático no sólo para Brasil sino también para todo el continente latinoamericano. La persecución que lo encarceló y condenó indebidamente representa una mácula que Brasil no merece y que el STF ha comenzado a limpiar", cerró el presidente argentino.

Por su parte, el expresidente de Brasil dijo hace una semana que tiene la intención de ser candidato en las elecciones de 2022 "si es necesario".

En julio de 2017, Lula fue sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero por el entonces juez Sergio Moro.

Luego, la condena fue confirmada por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, en enero de 2018, que aumentó la pena a 12 años y un mes de prisión.

En abril de 2019, el Tribunal Superior de Justicia decidió mantener la sentencia, pero redujo la pena impuesta a Lula a ocho años, 10 meses y 20 días de prisión.

Lula estuvo preso durante 580 días y fue liberado en noviembre de 2019 luego de que la Corte Suprema falló en contra de la detención tras una condena en segunda instancia.

El tribunal determinó que la sentencia solo puede comenzar a cumplirse después de que el proceso sea definitivo, es decir, cuando se hayan agotado todos los recursos.

En este caso, la defensa del expresidente aún pudo apelar al propio STF. Uno de los recursos presentados argumentó que el Juzgado 13 Federal de Curitiba no tenía competencia para procesar y juzgar la acción del tríplex.

El juez de la Corte Suprema de Brasil Edson Fachin estuvo de acuerdo con este alegato e identificó el mismo problema en los otros tres juicios que fueron anulados, incluido aquel en el que Lula fue condenado por segunda vez.

Lula, de 75 años de edad, gobernó el país más poblado y la mayor economía de América Latina entre 2003 y 2011.

En una jugada de la oposición brasileña el líder obrero fue encarcelado y condenado por malversación de fondos en 2018, lo que le impidió presentarse a las elecciones de ese año.

Salió de la cárcel en noviembre de 2019, y tampoco pudo ser candidato a la presidencia por sus antecedentes penales.

El "habeas corpus" dictado por Fachin le permite a Lula recuperar sus derechos políticos y abre el paso a una eventual candidatura en las presidenciales de 2022, siempre y cuando la decisión del magistrado se mantenga y el exmandatario no sea condenado en segunda instancia por los tribunales federales hasta entonces.

Lula no ha dejado claro cuáles son sus planes ante los comicios de 2022. En caso de presentar su candidatura, podría enfrentarse al actual presidente, Jair Bolsonaro, que buscará la reelección.

Al Mayadeen