Ever Castro era el médico empírico al que los enfermeros acudían cuando tenían un caso que se las salía de las manos. Aprendió medicina en las filas de la guerrilla y se movía por varias columnas móviles del Bloque Oriental y hasta el día en que las Farc firmaron el Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, se dedicó a velar por la salud de la tropa.
Ever Castro era el médico empírico al que los enfermeros acudían cuando tenían un caso que se las salía de las manos. Aprendió medicina en las filas de la guerrilla y se movía por varias columnas móviles del Bloque Oriental y hasta el día en que las Farc firmaron el Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, se dedicó a velar por la salud de la tropa.
Por eso quienes más lamentaron la noticia de su asesinato, que fue llegando a cuenta gotas desde el pasado domingo 18 de abril, fueron los antiguos enfermeros y enfermas de la guerrilla que hoy avanzan en su proceso de reincorporación. El homicidio lo confirmaron finalmente este martes, cuando se dijo que tres hombres armados lo abordaron y lo abalearon en un caserío cercano a San Juan del Lozada, en el municipio de La Macarena, en la frontera entre los departamentos de Meta y Caquetá.
Cuando se firmó el acuerdo, el excombatiente, cuyo nombre de pila era Yeison Ayala, inició el proceso de dejación de armas y su tránsito a la legalidad en el antiguo espacio de reincorporación del Yarí, en Playa Rica, zona rural de La Macarena. Allí avanzó en su proceso hasta hace alrededor de un año, cuando salió del espacio y continuó con su reincorporación individual.
Según confirmó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), su ubicación actual era La Macarena y se encontraba avanzando en su proceso de educación, del cual iba en ciclo 3, equivalente a sexto y séptimo de bachillerato. Según esa misma institución, no había recibido desembolsos para adelantar algún tipo de proyecto colectivo.
Apenas cuatro días antes de su asesinato, otro excombatiente que también había pertenecido al espacio del Yarí fue asesinado en un sector muy cercano. Se trata de Fayber Camilo Cufiño, ultimado a disparos en la vereda La Cristalina. Ambos fueron asesinados en zona de fuerte presencia de la disidencia liderada por Gentil Duarte.
Por eso, Alexa Rochi, excombatiente de las Farc que fue cercana a Ever Castro y quien rechazó vehementemente su asesinato, reclamó que hoy son incluso antiguos compañeros de guerra los que están cegando las vidas de exguerrilleros en distintas regiones. “Nos mata el Estado, nos matan los paramilitares, nos matan los elenos y las mismas disidencias, o sea, la misma gente que tuvo que comer mierda con nosotros también nos da bala”. Recordó también el caso de ‘Albeiro Suárez’, líder de excombatientes en el Meta, que fue citado a una reunión por un grupo disidente y ultimado a disparos en el lugar.
Igualmente condenó que con el caso de Ever Castro ya son 265 firmantes del Acuerdo asesinados según los registros de la exguerrilla y más allá de las denuncias en redes sociales, no se toman acciones concretas. “Hay 265 vidas silenciadas que se han convertido en trinos y en piezas con la foto y comunicados, pero nada pasa. Y la ONU sigue haciendo llamados, pero a la comunidad internacional y al país le ha quedado grande. Gran parte del país se la jugó por el proceso de paz hasta que se dieron cuenta que entregamos armas; después de que entregamos los fusiles entonces nos dejaron solos”, reclamó.
Los llamados de Naciones Unidas a los que se refiere la exguerrillera usualmente están incluidos en los informes trimestrales que presenta la Misión de Verificación de esa instancia ante el Consejo de Seguridad. De hecho, apenas el pasado 6 de abril se conoció el informe más reciente que alertó precisamente sobre el asesinato de excombatientes y dijo que entre enero y marzo de este año fueron asesinados 14 de ellos. Después de esa fecha ya van dos más que se suman a esa lista.
Pero los llamados han venido también de otras instancias. Apenas este lunes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos se unieron para pedirle con urgencia a la Defensoría del Pueblo que intervenga en la situación de seguridad de los exguerrilleros y también de líderes sociales en el país. De hecho, con cifras de la Unidad de Investigación y Acusación, la JEP sostuvo que son 276 firmantes del Acuerdo asesinados desde noviembre de 2016, una cifra mayor a la que lleva el propio partido Comunes.
Por Rafael Aristizábal
En su informe trimestral, el representante de la Misión de Verificación de la ONU para el Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz Massieu, remarcó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la difícil situación de orden público que afronta el país en varios departamentos.
El jefe de Misión señaló con preocupación que siguen elevándose los asesinatos de excombatientes de las Farc, donde el número llegó a 266 luego de la firma del Acuerdo de Paz. También expresó su inquietud por el entorno de violencia que deben afrontar los defensores de derechos humanos mencionando particularmente el caso de la gobernadora indígena Sandra Peña, asesinada este martes en el Cauca.
“Es urgente que las políticas y medidas tomadas por el Estado –incluido el reciente Plan Estratégico de Seguridad– se traduzcan en mejores resultados, especialmente en los 25 municipios que concentran la mayor parte de esta violencia. Espero que al cierre de 2021 podamos reportar que la tendencia de estos reprochables crímenes ha sido finalmente revertida”, señaló Ruiz Massieu ante el Consejo.
La preocupación por la situación de orden público no solamente provino de la Misión en Colombia, los representantes de varias naciones como México y Reino Unido también indicaron su preocupación por la regresión en seguridad, este último enfatizó en puntos como el reclutamiento de menores por grupos armados ilegales.
Asimismo, misiones como Rusia realizaron críticas a la implementación del Acuerdo de Paz, señalando que sus avances en los cinco puntos son hasta el momento insuficientes.
Dentro de los logros, la Misión en Colombia rescató las decisiones que ha venido tomando la Jurisdicción Especial de Paz, los encuentros por la reconciliación de la Comisión de la Verdad y los pasos del gobierno, que ha entregado tierras a excombatientes para que adelanten proyectos productivos.
“…es alentador el progreso en la adquisición por parte del Gobierno de tierras para antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), incluyendo dos adicionales desde la publicación del informe. Gracias al compromiso del Gobierno y al trabajo concertado con los y las excombatientes, siete de los 24 antiguos ETCR ya cuentan con tierra”, expresó Ruiz Massieu.
Desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas indicaron que continúan estudiando la solicitud elevada por Colombia de extender el mandato de la Misión de Verificación para que vigile el cumplimiento de las sanciones que imponga la JEP a los desmovilizados.