Juana Ruiz Sánchez, conocida como Juani Rishmawi, continuará bajo custodia militar israelí al menos hasta el próximo domingo 2 de mayo cuando está prevista una nueva audiencia ante un juez israelí. Su familia considera que la diplomacia española y europea debería dar “un paso decidido” para impedir esta situación.
Juani Rishmawi se encuentra desde el 13 de abril detenida por Israel cuyas fuerzas de seguridad le están sometiendo a continuos interrogatorios que duran hasta 6 horas ininterrumpidas, según ha denunciado su familia. Con 62 años, esta trabajadora humanitaria que ejercía su labor en la Unión de Comités de Salud en Belén, territorios palestinos bajo ocupación, ha sido privada de su libertad sin presentarse cargos claros en un principio. Solo recientemente el Ejército israelí ha afirmado que es “sospechosa de haber cometido delitos de prestación de servicios y blanqueo de capital para una organización ilegal afiliada al Frente Popular para la Liberación de Palestina”. El FPLP es una facción palestina que, como el resto -a excepción de Fatah-, está considerada “terrorista” para Israel.
La familia Rishmawi defiende su inocencia y recuerda que no hay “ninguna norma internacional que autorice la retención, sin cargos, de una persona civil por parte de las autoridades militares en tiempos de paz; siendo, además, Juana ciudadana española”. Por ello, instan a la diplomacia española y europea a dar “un paso decidido para impedir que el Estado de Israel aplique una situación tan injusta y tan falta de soporte jurídico internacional a una ciudadana española, así como a las personas palestinas muchas de las cuales sufren la misma situación durante larguísimos periodos de tiempo”.
Una fuente con acceso a información de primera mano ha contado a Arainfo que las opciones que tiene la fiscalía militar sobre la mesa, en vistas a la próxima audiencia el domingo 2 de mayo, son: pedir entre 3 a 7 días más de detención para que se le practiquen más interrogatorios, presentar directamente una lista de cargos, pedir 72 horas más para emitir una orden de detención administrativa o liberarla.
Debido a la situación pandémica, Juani no comparece en persona ante el juez sino que lo hace vía videoconferencia desde la cárcel de Hasharon. Sin embargo, los interrogatorios se realizan en otro centro, en Ashkelon, siendo los servicios de inteligencia –shabbak- los encargados de ello. Los traslados de una cárcel a otra, unidos a las largas horas ininterrumpidas de interrogatorios son tácticas practicadas por el sistema israelí contra personas palestinas. El fin último es agotarlas.
“Esperamos que todos los esfuerzos ciudadanos o institucionales puedan servir para que la liberación de Juana Ruiz Sánchez se produzca inmediatamente impidiendo que continúe esta situación torturante para ella”, ha dicho la familia a través de un comunicado.
Más de 2.000 las personas se han sumado al manifiesto por la liberación de Juani, y ya hay 150 organizaciones firmantes. Por el momento hay convocadas varias concentraciones en el Estado español para exigir justicia y libertad para Juani.
“Confiamos firmemente en que todo ello empuje fuertemente una solución diplomática inmediata a esta dolorosísima situación”, ha afirmado la familia.
Desde la Unión Europea, el eurodiputado de Izquierda Unida- Unidas Podemos, Manu Pineda, ha confirmado a Arainfo que no se están escatimando esfuerzos.
“Estamos presionando por todos lados, en el ámbito de los movimiento sociales y en el Parlamento Europeo”, dice Pineda.
La detención de Juani Rishmawi coincide con la publicación de un nuevo informe de Human Rights Watch que, por primera vez en la existencia de la organización de derechos humanos, denuncia el carácter segregacionista del Estado israelí.
HRW denuncia a Israel por estar cometiendo crímenes “de apartheid y persecución” contra personas palestinas, que se tipifican como crímenes contra la humanidad, tales como el traslado forzoso, la expropiación de la propiedad de la tierra, los guetos separados, la negación a salir y regresar a su país, además del derecho a la nacionalidad, entre otros casos.
"La gravedad de la represión en el territorio ocupado, incluyendo la imposición de un régimen militar draconiano a los palestinos mientras que los israelíes judíos que viven de forma segregada en el mismo territorio gozan de todos sus derechos, en virtud de una legislación civil israelí que respeta esos derechos, equivale a una opresión sistemática necesaria para la existencia del apartheid", indica el estudio de la ONG.
HRW ha asegurado que trasladará el informe de 213 páginas a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, desde donde se anunció el mes pasado que comenzaba una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Palestina.