Excedentes de alimentos de los países desarrollados se canalizan a países periféricos como los latinoamericanos en concepto de “ayuda humanitaria”, afectando de esta forma la producción nacional.

La pandemia del Covid-19 aumentó la pobreza y la pobreza extrema en Latinoamérica, donde se calculan unos 22 millones de nuevos pobres y 8 millones de pobres extremos (CEPAL: 4/04/2021).  En asociación a ello, el riesgo de inseguridad alimentaria también es mayor, ya que según Julio Berdegué, subdirector general de la FAO, cerca de 28 millones de personas adicionales en la región podrían verse afectadas.

El problema de la mayor parte de los gobiernos es que asumen que las estrategias, políticas y proyectos que estaban ejecutándose antes del Covid-19, son válidos para enfrentar la pobreza e inseguridad alimentaria actual y post pandemia. Estas intervenciones son avaladas por organismos internacionales como el Banco Mundial y la USAID, pero también, curiosamente, por agencias de cooperación de las Naciones Unidades como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO).

Al menos, son visibles tres de estas intervenciones.  En primer lugar, la compensación social, como una política pública neoliberal ligada a los programas de estabilización y ajuste estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. La tesis central es que los niños y niñas son los más vulnerables, cayendo en la desnutrición, pero además sumando efectos como la falta de acceso a centros de salud y escuelas. Según esta estrategia, habría que canalizar recursos monetarios a los padres de familia para que no pongan a trabajar a sus hijos e hijas y pierdan la atención en salud y educación, sin considerar el grado de cumplimiento de metas a mayor plazo, la corrupción y el uso de los recursos con objetivos de control social y fines políticos electoreros.

En Honduras, por ejemplo, la gran masa de votantes del partido en el poder está constituido por miembros de familias beneficiarias de programas de compensación social como Vida Mejor y la bolsa solidaria. Aparecen en los registros como voto duro, ya que se les obliga a ello para no perder la ayuda. Los organismos y agencias de cooperación guardan silencio sobre esta práctica. Incluso la avalan y destacan los logros obtenidos cuando el gobierno apoya con recursos los programas ejecutados por las agencias.

Los costos de estas intervenciones son altos, ya que iniciaron con donaciones y recursos del erario público, y hoy solo pueden sostenerte con préstamos que tienen que pagarse.

En segundo lugar, la liberación de los mercados de alimentos con los tratados de libre comercio. Aunque David Ricardo no diferenció tipos de bienes en su teoría de las ventajas comparativas, lo cierto es que bienes alimentarios como el maíz, frijol, arroz y legumbres, tienen una característica fundamental: son producidos y consumidos por campesinos (as) y la mayor parte de la población de menores recursos de los países. En el caso del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (RD-CAFTA) se estableció una protección arancelaria frente a la importación de productos básicos o bienes salarios libre de impuestos, que no se ha respetado y está llegando a su fin. A los centroamericanos les pasará como a los mexicanos, que perdieron la producción de su maíz criollo y la tortilla, mucha de la cual se hace con maíz “chapudo” importado.

Ligado a ello, los defensores del libre comercio de productos básicos argumentan que la subida de precios en los mercados internacionales, tal como sucedió con el maíz en el primer trimestre de 2021, beneficia también a los países de menor desarrollo, pero la realidad es que beneficia a países como EE.UU., con mayores recursos, productividad y subsidios otorgados por el Estado, cuyos productores sienten motivación para ampliar sus áreas de siembra.

En tercer lugar, la monetización de la ayuda alimentaria. Hay excedentes de alimentos de los países desarrollados que se canalizan a países periféricos como los latinoamericanos, afectando la producción nacional. Estos excedentes, en algunos casos son monetizados, o sea vendidos en los mercados locales, y sirven para financiar la producción de otros cultivos, o incluso de granos básicos, pero usando semillas transgénicas y prácticas agrícolas degradantes del suelo.

¿Cuáles podrían ser las acciones de ciertos gobiernos cuya agenda pública escapa a la agenda neoliberal de los OFIs y los grupos de poder internos ligados a la agroexportación, el extractivismo y el capital financiero? Lo primero es asumir la Declaración de la ONU sobre derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, aprobada el 18 de diciembre de 2018.  Es una protección para la pequeña unidad familiar, grupos y pueblos étnicos, trabajadores estacionales, migrantes, artesanos, mujeres, etc. Sujetos que están ligados a la tierra y producción de alimentos, donde el soporte material es el trabajo familiar y estacional, la maximización de recursos locales y la producción de bienes alimentarios básicos. La Declaración es un marco general para que los países puedan enmarcar sus políticas públicas y proyectos, con el consenso de aquellos.

Es importante también adoptar un concepto de soberanía alimentaria, como derecho universal de comunidades, organizaciones y pueblos, donde los gobiernos, organismos y agencias de cooperación internacional, acepten que estos sistemas productivos y agroecológicos deben ser respetados, al igual que la producción de alimentos sin contaminación. Un problema es que este concepto de soberanía alimentaria ha tenido poca vigencia en la práctica (¿se asume como declaratoria?), ya que tanto los gobiernos como los organismos cooperantes se han dedicado a debilitar los sistemas productivos, destruir la producción de alimentos y desplazar a la población de sus territorios con el agronegocio y extractivismo.

Las políticas de ajuste estructural para el agro latinoamericano no han dado espacio para políticas públicas en materia de soberanía alimentaria, pero si para compensar los efectos negativos del ajuste como la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria. Se asume que los bienes que no son transables como los granos básicos, producidos con mayor “eficiencia” por agricultores de países desarrollados, deben dar paso a cultivos como la palma africana, cacao, algodón y azúcar. Esto ha sido aceptado por los gobiernos e incluso por organizaciones campesinas como una verdad absoluta, sin valorar los impactos negativos en el ambiente, los ingresos de las familias y la desigualdad económica y social con su consecuencia en el desplazamiento de la población y la concentración de la propiedad rural.

La declaración de derechos campesinos de la ONU es amplia. El artículo 15 habla de que “los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar protegidos contra el hambre. Este último, engloba el derecho a producir alimentos y a tener la posibilidad de una nutrición adecuada que garantice disfrutar del máximo grado de desarrollo físico, emocional e intelectual”. Se exige una asociación entre el Estado y los campesinos, para formular políticas de seguridad y soberanía alimentaria a nivel local, regional y nacional, así como su participación en procesos de toma de decisiones como aprobar planes, programas y proyectos que impliquen la asignación de recursos financieros más allá de los criterios mercantiles y del libre mercado.

A nivel operativo, ¿qué deberían estar haciendo los gobiernos, organizaciones campesinas, grupos y comunidades étnicas y organizaciones sociales y políticas para dar plena vigencia a la declaración de derechos campesinos? a) Divulgar la declaración en todos los territorios y comunidades; b) Institucionalizar la declaración en las políticas, estrategias y planes de gobierno vigentes, para ajustarlos sobre la base de  acuerdos y el consenso; c) Compatibilizar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) con la Declaración; d) Dar plena vigencia y asignar recursos a las estrategias regionales de desarrollo y fortalecimiento de las unidades familiares campesinas; e) Políticas de reforma agraria e impuestos progresivos a la tierra ociosa y mal utilizada; f) Revisar o derogar  tratados de libre comercio, para una mayor protección de los bienes sensibles; g) Reivindicación  de derechos de propiedad para comunidades y pueblos autóctonos y étnicos; h) Institucionalizar mesas de trabajos en regiones y municipios que permitan armonizar las intervenciones y racionalizar los recursos del gobierno, actores y organismos cooperantes, siguiendo las disposiciones establecidas en la Declaración de París sobre Cooperación al Desarrollo ; i) Políticas diferenciadas por región y país en favor de la mujer rural como principal actor en ascenso en post Covid-19.

Uno de los escenarios futuros posibles que se plantean en la post pandemia desde las ciencias sociales es el de la llamada “Nueva Humanidad”, donde “la epidemia nos recuerda que personas a veces mal pagadas/valoradas son ahora las más importantes: enfermeras, cuidadores, limpiadores, reparto, conductores de autobuses, y en general trabajadores claves para el funcionamiento de la sociedad”. (Rodríguez, Diaz: Revista Española de Sociología, 6/6/2020).  Los campesinos y campesinas también tienen un espacio, y nos recuerdan su doble función económica y social: a) productores netos de alimentos y protectores de recursos naturales; b) generadores de empleos para la vida en casa.

Por Javier Suazo para Alainet.