Brasil supo ser protagonista de políticas públicas de avance y redistribución. Entre 2002 y 2013, el país redujo en un 82% el total de personas que padecían hambre en el país. Hoy el escenario evidencia un fuerte retroceso: según la Investigación Nacional sobre Inseguridad Alimentaria en el Contexto de la Pandemia de Covid19, desarrollada por la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria (Rede Penssan), más de la mitad de la población del país no se alimenta adecuadamente. Tras trece años de reducción de los índices de hambre, los números se volvieron a disparar a partir de 2018.

El total de hogares con restricciones alimentarias pasó de 36,7% en 2018 a un 55,2% en 2020. Estos números muestran que cerca de 117 millones de personas no tienen acceso pleno y permanente a alimentos. A su vez, la misma investigación arroja que actualmente existen 19,1 millones de brasileños que pasan hambre, lo que representa un grave cuadro de inseguridad alimentaria.

Juliane Furno, doctora en Economía e investigadora del Instituto Tricontinental de Investigación Social, explicó en diálogo con ARG Medios que la vuelta de la pobreza y del hambre es una situación estructural del Brasil: “La pobreza en el país está muy vinculada a la desigualdad social, diferente de otros países donde la pobreza es una situación más residual y depende de políticas más focalizadas. Acá está vinculado a la desigualdad y al mercado de trabajo. La crisis de la economía brasileña, la finalización de varias políticas de transferencia de renta y las políticas de austeridad fiscal aumentaron las desigualdades sociales”.

A su vez, Furno destaca que la actual crisis económica profundizó las desigualdades: “La caída del crecimiento, en un patrón que ya era de bajo crecimiento, marca la tónica en el aumento de las desigualdades sociales, que está muy vinculado a la pobreza. Eso también tiene que ver con el comportamiento del mercado de trabajo, que de 2015 a 2019 estaba estacionado y presentaba una tasa bastante elevada de desempleados, lo cual aumentó el contingente de trabajadores informales y aumentó también los niveles de subutilización de la fuerza de trabajo. Todo eso explica el aumento de la pobreza”.

Más allá de la crisis económica que Brasil arrastra desde 2015, Furno explica que la pandemia contribuyó a empeorar la situación: “Esta crisis alcanzó principalmente a los sectores más informales y, por lo tanto, más pobres. Tanto en función de una mayor propensión al contagio —que es propio de las familias que padecen falta de saneamiento básico y no pueden cumplir con los requisitos de higiene, o porque viven en condiciones de hacinamiento—, pero también por la naturaleza de la crisis que involucra la parálisis momentánea de las actividades económicas no esenciales, que son por excelencia vinculadas a los trabajadores más pobres”.

Respecto a las particularidades que ofrece Brasil, Furno agrega: “La inseguridad alimentaria es consecuencia de esta situación de pobreza pero también de otros dos elementos. El primero es la reducción sistemática del área cultivada de alimentos en Brasil, en virtud del avance de los cultivos de soja y maíz para exportación, entonces hay una oferta menor de alimentos en el mercado doméstico. Y segundo, hay una situación de cambio desvalorizado; el calentamiento de la economía china y norteamericana que presiona el precio de esos commodities”.

Para Juliane Furno, revertir esta situación pasa por la adopción de un conjunto de medidas estructurales y de emergencia. “Se precisa del apoyo de la política fiscal ya que estamos ante una crisis de demanda, es decir una crisis en que los trabajadores no tienen empleo y por eso no consumen. Depende de la política fiscal, es decir del gasto público y de la acción directa del Estado”.

A su vez, Furno advierte que es necesario pensar en una resolución a largo plazo: “Hay que pensar en un proyecto que apoye la agricultura familiar, que restablezca los stocks de alimentos no perecederos como una forma de llevar el precio hacia abajo en períodos de mayor valorización de las commodities. Y se precisa de una política más general que guíe los objetivos del agronegocio, que no puede simplemente optar por exportar desabasteciendo al mercado doméstico y usar el precio internacional de forma no mediada”.

La actuación del Estado ya resultó fundamental para eliminar el hambre en el país y lo es ahora para revertir esta situación: “El gobierno precisa constituir políticas públicas que someta al agronegocio a las necesidades nacionales y que incentive la agricultura familiar y campesina, que no opera con una política de precios vinculada al mercado internacional de bolsa; lo que posibilitaría abastecer mercado interno con productos que tengan en consideración los costos, que son domésticos y son en reales”.

Y EN ESTE CONTEXTO... REDUCCIÓN DE SALARIOS

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó este miércoles un decreto para relanzar un programa que permite a las empresas reducir los sueldos y la carga horaria de los empleados, suspender los contratos de trabajo y pagar parte de los salarios con ayuda estatal para evitar despidos en el sector privado por la crisis causada por la pandemia, según publicó el Gobierno en el Diario Oficial de la Unión (el Boletín oficial brasileño).

La medida permite reducir hasta el 70% de los salariosdurante cuatro meses. producto de los acuerdos entre empleados y empleadores, mientras que el Gobierno aporta como máximo el equivalente a 250 dólares para completar el sueldo, que de todos modos en ningún caso será del 100%.

La baja final del salario deberá estar acompañada por una reducción proporcional de la jornada laboral.

Los despidos están permitidos pero se multarán

El decreto indica que el Gobierno abrirá un crédito extraordinario cercano a los 10.000 millones de reales (1.830 millones de dólares) para poder costear el programa, en el cual se espera que se inscriban unos cinco millones de empleados formales.

Además, la reducción o suspensión de los contratos laborales podrá extenderse por hasta 120 días.

En 2020, el Gobierno brasileño había dado inicialmente el mismo plazo cuando aplicó este sistema, pero acabó prorrogándolo dos veces, hasta un total de nueve meses, a fin de año.

Formalmente, la negociación dentro de las empresas es libre y el Gobierno solo impone multas si el empleador despide a un trabajador durante la aplicación del plan.

Unos 50 millones de trabajadores informales

Los trabajadores que ingresen al plan recibirán una parte de su salario mediante el seguro de desempleo.

El decreto establece que las reducciones de sueldo y horas trabajadas podrán ser del 25, 50 o 75% y las empresas tendrán el beneficio de dejar de aportar al fondo de garantías, que es el seguro de indemnizaciones.

Según el Gobierno, el objetivo es “preservar el empleo y la renta, garantizar la continuidad de las actividades empresariales y el mantenimiento de la renta del trabajador y reducir el impacto social ante la paralización de las actividades y restricción de la movilidad en todo el país”.

El desempleo en el primer trimestre superó el 14% de la población activa del país, que tiene a unas 50 millones de personas trabajando en la informalidad.

Resumen Latinoamericano / Télam