Jue 06 de mayo de 2021 Salud

Brasil: Lanzan plaguicidas por avión sobre niños y comunidades que resisten en disputa por la tierra

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Un niño de 7 años tenía heridas abiertas en el cuerpo después de ser rociado por pesticidas. Residentes de comunidades rurales en Maranhão y Pará registraron el momento en que aviones fumigaron sus casas en áreas disputadas con grandes agricultores.

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Brasil: Lanzan plaguicidas por avión sobre niños y comunidades que resisten en disputa por la tierra

Al escuchar el ruido del avión, André, de 7 años, salió corriendo de la casa vibrando de alegría. Tenía curiosidad porque nunca había visto un avión de cerca y volaba lo suficientemente bajo como para ver al piloto adentro. Corriendo tras el avión, sintió que unas gotas caían sobre su cuerpo. Y luego tu alegría se ha ido. André empezó a sentir un escozor de rabia, tan persistente que no podía dormir por la noche. La piel amaneció seca, con hoyos. Se abrieron parches rojos en las heridas y partes de la piel estaban, y aún están, en carne viva. En un video enviado por su madre, es posible ver heridas abiertas en su cabeza, manos, pies y piernas.

André fue bañado en pesticidas el 22 de abril, el tercer día que un avión agrícola sobrevoló la comunidad rural de Araçá, municipio de Buriti, Maranhão. Al ver el lugar, Edimilson Silva de Lima, presidente de la asociación de vecinos, pensó que se estaba produciendo un desastre. De los 80 residentes, dijo al menos a ocho que reportaron síntomas de intoxicación como picazón, fiebre y manchas en el cuerpo, pero es posible que más personas hayan estado intoxicadas.

Una de ellas es la madre de André, Antônia Peres, a quien le picaba mucho los días en que rociaron a la comunidad. Recuerda que la aeronave pasó tantas veces en esos días que tuvo que ducharse corriendo. Como su baño no tiene techo y el avión estaba bajo, temía ser vista por el piloto. “Cuando llegaron tarde, supimos que habían venido a abastecernos, así que íbamos a darnos una ducha ligera. No podía soportar tanto picor ”, dice.

La comunidad sospecha que el responsable de contratar el avión es un productor de soja que tiene un historial de conflictos con esta y otras comunidades de la región, Gabriel Introvini. Según Diogo Cabral, abogado de la Sociedad de Derechos Humanos de Maranhense, el avión provenía de un terreno alquilado por Introvini. Varias denuncias de las comunidades e incluso un operativo policial lo señalan a él y a su hijo, André Introvini, como responsables de la deforestación ilegal del cerrado, robo de tierras e intentos de expulsión de vecinos.

El conflicto ha durado unos cuatro años. Las comunidades estaban en la región antes de la llegada de las plantaciones de soja y vieron el cerrado despejado para dar paso al monocultivo. Hoy en día, algunas granjas bordean las casas.

“La situación es muy grave, porque ya tenemos un conflicto agrario y, ahora, arrojaron veneno sobre las casas. Es una guerra química contra estas familias ”, dice Cabral. El caso fue catalogado como una “tragedia gigante” en una carta firmada por más de 50 organizaciones del tercer sector , incluida la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco), que monitorea otros casos similares en todo el país.

The Brazil Reporter se puso en contacto con ambos agricultores y envió el contenido de la queja por correo electrónico, pero no recibió respuesta. Según Canal Rural, Gabriel Introvini y sus hijos se separaron para plantar soja en Maranhão y Mato Grosso

Veneno como amenaza

El uso de pesticidas como arma para expulsar a los residentes fue citado como una amenaza antes de que ocurriera el episodio, dicen los residentes de la aldea de Carranca, que está cerca de la comunidad de Araçá y también afectada. «Recibí un mensaje de que iban a poner el peor veneno que tenían en mi puerta para que no pudiera pararme y desalojar la zona», dice el agricultor Vicente de Paulo Costa Lira, vecino de la comunidad de Carranca. Dice que la amenaza provino de un empleado del mismo productor de soja, Gabriel Introvini, sobre quien Lira ya ha presentado varias denuncias.

Arthur, de 8 años, tuvo dificultad para respirar, vómitos, diarrea y fiebre luego de respirar el pesticida liberado en la plantación de soja detrás de su casa (Foto: Diogo Cabral)

Peor aún, esta no era la primera vez. Su casa, que está a 15 metros de la plantación, recibe con frecuencia una nube de pesticidas aplicados por el vecino. Pero dice que, en las dos semanas anteriores al 22, la aplicación se ha intensificado. Él, su esposa y tres nietos experimentaron dificultad para respirar, vómitos y diarrea. Su nieto Arthur, de 8 años, todavía tenía fiebre y dolor de cabeza e irritabilidad de Lira. La familia perdió la cuenta de cuántos animales, incluidas cabras y pollos, han muerto desde que comenzó la aplicación.

El abogado Diogo Cabral y el padre Francisco das Chagas Pereira, coordinador del Programa de Asesoramiento Rural de la Diócesis del Brejo, fueron testigos del fuerte olor cuando estuvieron en la casa de Lira el 19 de abril, al día siguiente de la solicitud en el lugar. «Casi no podíamos soportar el olor del pesticida», dice el sacerdote.

Los episodios de abril llevaron el conflicto muchos grados por encima porque los aviones arrojaron plaguicidas repetidamente sobre hogares y personas. Pero esta no es la primera vez que las comunidades respiran veneno. Varios residentes de ambas comunidades informan que han olido y los efectos de la intoxicación durante años, con frecuentes episodios de náuseas y dolor de cabeza. Esto se debe a que el pesticida se aplica en las áreas que limitan con la finca y las casas. El viento lleva la nube venenosa a las zonas habitadas.

El agricultor Vicente de Paulo en su casa con la plantación de soja al fondo, toda la familia siente síntomas de intoxicación (Foto: Diogo Cabral)

El veneno como amenaza

El problema no se limita al episodio de Maranhão. Hay crecientes quejas de las comunidades rurales con síntomas de intoxicación por pesticidas rociados desde aviones por agricultores interesados ​​en su partida.

Este es el caso del último de los muchos episodios vividos por las familias que ocupan la finca Santa Lúcia, en el municipio de Pau D’Arco en Pará. El 6 de marzo, Juan Rodrigues, de 14 años, estaba hablando con su madre, Vio pasar el avión cerca de la casa de la familia. “En ese momento me sentí mal, se me secó la boca, parece que la saliva ha desaparecido. En los días posteriores me dio dolor de cabeza ”.

El olor del pesticida era tan fuerte que María, otra ocupante de la finca, no pudo soportarlo. “Me empezó a doler la cabeza cuando corrí y me metí un paño húmedo en la boca para poder respirar. Solo así aguanté ”, recuerda. Su hijo de 8 años estaba jugando con su primo en el suelo cerca de la casa y también fue golpeado. El niño tuvo dolor de estómago y diarrea durante tres días seguidos después del episodio.

María pidió que no se revelara su apellido porque teme represalias. La fumigación aérea, en este caso, se produce en un contexto violento de disputa por la tierra. El lugar, donde viven más de un centenar de familias, fue el escenario del episodio conocido como la matanza de Pau D’Arco. En mayo de 2017, la policía civil y militar mató a diez trabajadores que se resistieron a las órdenes de desalojo e insistieron en ocupar el sitio.

Casi cuatro años después, los ocupantes aún viven con el temor de ser expulsados, ya que la justicia ha decidido llevar a cabo la misma orden de reintegración vigente desde el momento de la masacre. En enero de este año, el principal testigo de la masacre, Fernando Araújo dos Santos, fue ejecutado de un tiro en la nuca en su vivienda.

Las familias que vivían ocupadas en la finca Santa Lúcia fueron intoxicadas en marzo por un avión que arrojó pesticidas en la finca vecina (Foto: Caue Angeli)

«Envenenamiento deliberado» es una de las sospechas de la fiscal Herena Neves, del Juzgado Agrario de Redención. Dice que es demasiado pronto para sacar conclusiones «estamos en proceso de investigación», pero una de sus hipótesis es que la fumigación es «un intento de dañar la salud o lesiones corporales para que estas personas no puedan comer o su salud se vea afectada directamente ., y luego hacer el desplazamiento forzado ”.

En los videos grabados por los pobladores se puede ver el paso de la avioneta cerca del límite de la finca vecina, donde se encuentra el ganadero Claudiomar Vicente Kehrnvald, conocido como Mazinho. Tiene varias fincas en la región y, antes de la matanza, alquiló partes de Santa Lucía para criar ganado. Buscado en su celular privado, Mazinho colgó cuando escuchó la identificación del reporte. No respondió a las solicitudes de aclaración de los mensajes y su abogado no regresó después de contactarlo por teléfono.

Además de embriagar a la gente, el pesticida rociado desde el avión por el vecino también secó los campos de los pequeños productores que ocupan Santa Lucía, comprometiendo la inversión y meses de trabajo. Producen maíz, mandioca, quimbombó y sandía, entre otros cultivos variados, para la venta en las ciudades aledañas.

Además de los casos de Pará y Maranhão, la Fundación Oswaldo Cruz emitió una nota sobre un caso similar ocurrido en febrero y marzo en Nova Santa Rita , en Rio Grande Sul. Y casas. También informaron la muerte de mascotas y aves, enfermedad de animales de granja y desaparición de abejas. Las pruebas realizadas sobre el terreno detectaron la presencia del herbicida 2,4-D, clasificado como extremadamente tóxico por Anvisa y como “posible carcinógeno” por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud.

Estado paralizado

A pesar de las crecientes quejas de las comunidades rurales por estar intoxicadas, el estado brasileño no está respondiendo a la gravedad del problema. En Pará, dos meses después de que la denuncia llegara a los órganos responsables, aún no se ha llevado a cabo la recogida de materiales para realizar pruebas y constancia de la presencia de plaguicidas. Algunas personas acudieron al puesto de salud por iniciativa propia, pero no se les dio seguimiento.

En Maranhão, los niños y adultos intoxicados pasaron más de una semana sin ningún tipo de atención médica. No buscaron el puesto por miedo a contagiarse del coronavirus. Activado por el abogado, dirigentes y Defensoría Pública, el gobierno de Maranhão tardó más de diez días en enviar personal de servicio al lugar. El equipo llegó a la ciudad ayer, día 3.

En nota conjunta, las secretarías estatales de Medio Ambiente, Derechos Humanos y Seguridad Pública de Maranhão informaron que están investigando las denuncias, con acciones de valoración, inspecciones in situ y levantamiento de licencias, además de notificar a otros organismos. ( marque las respuestas en su totalidad )

Una semana después del baño con pesticida, la Policía Civil examinó el cuerpo del crimen en André y su tía. Otros residentes de la comunidad aún esperan el examen. La comisaría de la ciudad abrió una investigación y solicitó pericia in situ para comprobar la contaminación del suelo, la vegetación y los animales. Sin embargo, debido al retraso, los residuos de plaguicidas se pueden perder con la lluvia.

El veneno es pop

Debido al alto riesgo de afectar poblaciones y cursos de agua, la Unión Europea ha prohibido la aplicación aérea de plaguicidas. La práctica solo está permitida en emergencias o casos específicos, siempre y cuando siga reglas estrictas. 

En Brasil, la percepción es bastante diferente. Permitida y ampliamente utilizada, la práctica fue ensalzada en el último hit del dúo country Adson y Alana. Con más de 6 millones de visitas en abril, el mes en que se publicó, el clip oficial muestra aviones agrícolas barriendo una plantación de soja mientras el dúo canta “ão oão o oo oo veneno de aeroplane”. Incluso hay una coreografía que simula el movimiento del “veneno que pasa”. Alana termina el clip caminando por una plantación de soja seca, un proceso que se acelera con la aplicación de pesticidas.  

 

La fumigación aérea está permitida en Brasil y sigue las reglas establecidas por los estados y municipios. Las organizaciones que monitorean sus impactos, sin embargo, argumentan que debería prohibirse. “Por mucho que se siguió la legislación, el riesgo es muy grande”, dice Eduardo Darvin, del Instituto Centro de Vida, que opera en Mato Grosso, el mayor productor de soja del país.

Solo el estado de Ceará y algunas ciudades lograron aprobar leyes que prohíben la práctica. Incluso con un fuerte apoyo popular y de investigación, la ley enfrenta resistencia. Para suspenderlos, algunos gigantes del sector agrícola y del transporte aéreo recurrieron al Tribunal Supremo Federal .

Incluso cuando no se utiliza como arma para disputas territoriales, el alto riesgo de la fumigación es la falta de control sobre a dónde irá el producto, ya que puede ser transportado por la lluvia o el viento. Para evitar que esto suceda, se deben respetar varios factores que son difíciles de controlar, como la velocidad del viento, la temperatura y la humedad del aire, además de la distancia mínima que establece la ley.

Pero el cumplimiento de las reglas no se controla. Si bien la inspección se comparte con los estados y municipios, los datos del IBAMA sobre infracciones ambientales muestran el bajo porcentaje de multas aplicadas a la fumigación de plaguicidas. El informe cruzó datos de 2010 a 2020, solo el 0.008% de las evaluaciones realizadas por la agencia fueron casos de fumigación aérea (solo 16 casos de un total de 184,962 evaluaciones en el período). E incluso en los pocos casos en los que la inspección detecta un problema, pocos pagan las multas impuestas. Un estudio de la Universidad Federal de Paranámostró que las multas relacionadas con plaguicidas que se pagan son las de menor valor: el 82% de las de menor valor aplicado (R $ 150,00). Este porcentaje cae gradualmente a medida que aumentan los valores. Solo se pagó 1 de las 28 multas por valor de más de R $ 1 millón. Los datos corresponden a multas impuestas de 2008 a 2017.

Ni siquiera en el caso en el que el Ministerio Público Federal entró para responsabilizar a los perpetradores, los condenados por el atentado pagaron las cantidades. En 2015, un avión rociando pesticidas pasó sobre la comunidad indígena Tey Jusu, en Mato Grosso do Sul. El fiscal federal Marco Antonio Delfino monitoreó la intoxicación de niños y adultos guaraníes y kaiowá que sufrían dolores de cabeza, de garganta, diarrea y fiebre.

Según él, la región es escenario de varios enfrentamientos en procesos de demarcación de tierras donde los pesticidas se utilizan a menudo como arma contra los pueblos indígenas. «El uso de plaguicidas como armas químicas siempre ha ocurrido, pero nos tomó mucho tiempo conseguir un puesto», dijo el fiscal, quien denunció otros casos en una entrevista con Repórter Brasil y Agência Pública .

Fue el autor de la acción que generó una decisión sin precedentes, a principios de 2020, cuando el Tribunal Federal de Mato Grosso do Sul condenó a un agricultor, un piloto agrícola y una empresa a pagar en conjunto R $ 150 mil a la comunidad. Aunque se cita como uno de los pocos casos en los que hubo condena, apelaron a segunda instancia y aún no se ha realizado el pago.

Fuentes: Repórter Brasil, Agencia Pública y MST

Resumenlatinoamericano

 

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