«Ella está tranquila porque está convencida de que ha hecho las cosas correctamente». Así habla la portavoz de Juana Ruiz, Begoña Lalana, sobre cómo se encuentra la cooperante extremeña tras pasar casi dos meses en prisión sin saber a qué pena se enfrenta. «Lo que sí nos preocupa es el hecho de que no se enfrente a un juicio justo y que se la utilice para amedrentar a los trabajadores humanitarios que ayudan a la población palestina», señala.

Juana Ruiz fue detenida el pasado 13 de abril y tuvo que esperar dos semanas para saber a qué cargos se enfrentaba por Israel. Se le acusa de «participar en actividades de una organización ilegal», «formar parte de la junta directiva de una organización ilegal», «recibir e introducir dinero en los territorios palestinos» y «recibir dinero con falso propósito». «Todo el dinero que ha recibido Juani ha sido auditado», defiende Lalana, «el propósito final es poner en tela de juicio la ayuda a Palestina», insiste.

Israel acusa además a la organización para la que trabajaba en ese momento Ruiz, la ONG Comités de Trabajo para la Salud, de desviar fondos para el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que considera terrorista. «Juani siempre ha llevado a cabo trabajos humanitarios y nunca ha tenido ningún problema con la justicia en ningún sitio. Cuando la detuvieron estaban trabajando en la vacunación contra el covid», detalla Lalana. Ruiz lleva más de 35 años trabajando en Cisjordania, casada con un ciudadano palestino y madre de dos hijos, «es una mujer de edad» (63 años) que, al menos, ya ha sido inmunizada contra el coronavirus.

«Todo es irregular»

Lalana subraya: «No sabemos si se enfrenta a una multa o a años de prisión». Esto se da, tal y como explica, porque Ruiz está sometida al régimen jurídico excepcional que Israel aplica sobre los palestinos, lo que hace que desconozcan la pena hasta que son declarados culpables. «Todo es tan irregular, tan irrespetuoso con los Derechos Humanos e impropio de un Estado que se define como democrático», denuncia.

Del mismo modo, Lalana apunta a las autoridades españolas: «El Estado español no ha hecho nada, que nosotros sepamos, y si está haciendo algo de momento está funcionando poco», afirma. Pone como ejemplo los obstáculos para que Ruiz reciba visitas consulares en prisión o hasta sus gafas de lectura, que se demoraron varias semanas en llegarle: «Sus derechos como acusada no se están respetando».

A pesar de ello, la extremeña se encuentra «mejor» desde que fue transferida a la cárcel de mujeres de Damon, cerca de Haifa, aunque según un informe publicado el pasado año por la Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos de Gaza, las prisioneras soportan «altos niveles de humedad en las celdas, repetidos cortes de energía y falta de puertas para los baños».

«Juani ha pasado de estar casi en aislamiento, porque estaba en una prisión de hombres y no podía ni salir al patio, a relacionarse con otras presas. Está enseñando español a dos de ellas», narra Lalana. «Además, ha conseguido que le dejen sus gafas y así puede leer», añade.

Otro mes más

A Ruiz le queda al menos otro mes de esa rutina, ya que el juicio que tenía previsto para esta semana ha quedado aplazado hasta el próximo 7 de julio. «A Gaby (Laski, su abogada en el caso) no le dejaron visitar a Juani hasta el día de antes a las siete de la tarde y el juicio se celebraba al día siguiente a las nueve de la mañana, con lo cual evidentemente no dejaron tiempo para preparar bien su defensa» argumenta Lalana.

A pesar del receso, la portavoz de Ruiz afirma que van a seguir «protestando y trabajando» porque «no se deben aplicar leyes injustas ni a Juani ni a nadie», sentencia.

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Gaby Laski, la israelí que también defendió a Ahed Tamimi

La abogada de la cooperante extremeña en el caso es una letrada israelí que también fue la defensora de Ahed Tamimi, símbolo de la resistencia palestina. Tamimi fue detenida en el año 2017 tras abofetear a un soldado israelí después de que una bala de goma lanzada por s u patrulla impactase en la cabeza de su primo y le dejara secuelas permanentes. Con apenas 16 años de edad, Tamimi se enfrentaba a 12 cargos. Finalmente, un acuerdo entre su defensa y la fiscalía dejó su condena en ocho meses de prisión y el pago de una multa.

La detención de activistas «forma parte de un patrón»

El pasado mes de enero dos relatores de la ONU, Michael Lynk y Mary Lawlor, denunciaron «un patrón claro y sistemático de detención, acoso judicial e intimidación por parte de Israel a los defensores de los derechos humanos, un patrón que ha aumentado en intensidad recientemente». Por otro lado, Amnistía Internacional subraya que en el procedimiento que utiliza Israel contra la población palestina «no se presentan cargos penales ni se hace nada para llevarlas a juicio. Se las recluye sobre la base de ‘pruebas secretas’, que las autoridades militares israelíes afirman no poder revelar por razones de seguridad. Estas ‘pruebas secretas’ no se ponen a disposición de los detenidos ni de sus abogados, que no pueden por tanto impugnar los motivos de la detención». Esta misma semana Reporteros Sin Fronteras ha revelado que al menos 13 periodistas palestinos que han estado cubriendo en primera línea el conflicto en las últimas semanas están detenidos en centros penitenciarios israelíes. 

Fuente: www.elperiodicoextremadura.com