Nicaragua rechaza injerencia de EEUU, mientras Almagro busca presionar con la OEA
Nicaragua rechaza injerencia de EEUU, mientras Almagro busca presionar con la OEA
Previo al inicio de la sesión parlamentaria, los diputados por amplia mayoría aprobaron la declaración “Defensa de la Soberanía Nacional y Rechazo a la Agresión Injerencista contra el Pueblo de Nicaragua” en respuesta a las acciones injerencistas, unilaterales y arbitrarias emitidas por el gobierno de Estados Unidos de América en contra nuestro país.
Asamblea Nacional aprueba declaración en defensa de la Soberanía Nacional
Por Pedro Ortega
Previo al inicio de la sesión parlamentaria, los diputados por amplia mayoría aprobaron la declaración “Defensa de la Soberanía Nacional y Rechazo a la Agresión Injerencista contra el Pueblo de Nicaragua” en respuesta a las acciones injerencistas, unilaterales y arbitrarias emitidas por el gobierno de Estados Unidos de América en contra nuestro país.
La lectura de la declaración fue realizada por el Presidente de la Asamblea Nacional doctor Gustavo Porras, quien afirmó “que considerando que es deber de las y los nicaragüenses de preservar y defender los derechos y principios fundamentales de independencia, soberanía y autodeterminación de nuestra patria”.
La declaración legislativa agrega: “reiteramos el histórico compromiso de nuestro pueblo de luchar por la paz y la construcción de una sociedad cada vez más influyente, justa y equitativa impulsando la democracia económica que redistribuya la riqueza a fin de garantizar el desarrollo integral de la nación”.
En tercer lugar la declaración destaca “que las reiteradas agresiones del gobierno de Estados Unidos de América contra el pueblo nicaragüense pretenden violentar la independencia, la soberanía, la autodeterminación, el ordenamiento jurídico del país, el derecho a la paz, la estabilidad y los derechos supremos de Nicaragua”.
En vista de lo anterior la declaración estima que:
“Por tanto en uso de sus facultades que le otorga el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y el numeral 4 del artículo 92 de la ley 606 Ley Orgánica del Poder Legislativo declara:
Primero: Condenar enérgicamente las acciones injerencista, interventores, unilaterales y arbitrarias del Gobierno de los Estados Unidos de América en contra del pueblo de Nicaragua.
Segundo: Respaldar plenamente las acciones legales que ejecuta el Ministerio Público y la Policía Nacional en el ámbito de sus competencias fundamentadas en la Constitución Política de la República de Nicaragua en especial la Ley 996 Ley de Amnistía y Ley 1055 Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y autodeterminación para la Paz.
Tercero: Condenar a aquellos que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, que demanden, exalten, y aplaudan la imposición de sanciones contra el estado de Nicaragua constituyéndose en traidores de la patria.
Cuarto: Exigir el cese a las continuas injerencias, intervención que manifiestan las acciones históricas de violencia y agresión contra el pueblo de Nicaragua.
Quinto:Demandar el respeto a las normas del derecho internacional, el ordenamiento jurídico del país, el derecho a la paz, la estabilidad que garantizan el desarrollo integral de la nación.
Sexto: Publíquese la presente declaración legislativa en La Gaceta Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua en el salón de sesiones de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua a los 10 días del mes de junio del año 2021.”
Almagro solicita reunión urgente a la OEA, para discutir aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua
Por Yader Luna
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, envió este nueve de junio, una carta a la presidencia del Consejo Permanente del organismo regional para solicitar una reunión de urgencia en la que se aborde la alteración del orden constitucional en Nicaragua, por lo que sugiere “debería considerarse la activación de los mecanismos necesarios” para la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que suspendería al país de la OEA.
“Como es de público conocimiento, el Gobierno de Nicaragua se ha embarcado en los últimos días en una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos de elección pública y líderes sociales y empresariales, encarcelándolos sin ninguna garantía de sus derechos ni procesos judiciales”, apunta la carta enviada al embajador Sir Ronald Sanders, presidente del Consejo Permanente de la OEA.
El artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana indica que cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.
“El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos. Adoptada la decisión de suspender a un Gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado”, agrega el artículo 21.
Para Almagro esta “inaceptable conducta” del Gobierno de Daniel Ortega “se suma a la previa existencia de presos políticos en el país, a la continua violación de los derechos humanos y de las libertades civiles y políticas”. A la vez detalla se agrega “a la reciente aprobación de leyes que restringen más aún los derechos políticos” y a la “concentración del poder absoluto en el Poder Ejecutivo, en el marco del más absoluto sometimiento de los demás poderes del Estado al Gobierno”.
Recuerda “incumplimiento” de Ortega a resolución de la OEA
En la carta recuerda que también hay un “incumplimiento” del Gobierno de Ortega a la resolución que la Asamblea General de la OEA aprobó, en octubre del año pasado, que abogaba por el “restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”, y ofrecía su “asistencia técnica para su implementación, a fin de promover elecciones libres y justas” de cara al proceso electoral que culminará en noviembre próximo.
Almagro indica que se ha mostrado “el desprecio hacia los mecanismos de derechos humanos tanto interamericanos como universales”.
El plazo establecido por la OEA venció el pasado 31 de mayo y por el contrario Ortega hizo que la Asamblea Nacional le aprobara una contrarreforma con la que extendió e incrementó su control sobre el Consejo Supremo Electoral, nombrando una decena de magistrados afines al partido de Gobierno.
En paralelo, canceló la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática, y la del Partido Conservador, además que ha apresado a cuatro de los precandidatos presidenciales de Nicaragua: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, “detenidos, encarcelados o retenidos” entre el dos y ocho de junio.
A criterio de Almagro, “en Nicaragua se ha producido una alteración del orden constitucional a tenor del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.
El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana dicta que en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.
Amplían a 90 días “plazo de investigación” para Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga
Por Ivette Munguía
Los precandidatos presidenciales opositores, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, podrían permanecer hasta tres meses detenidos mientras son “investigados” por el Ministerio Público. Institución que dice “contar con fuertes indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la ley 1055”, conocida como “Ley Guillotina” porque es usada por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política de cara a las elecciones del siete de noviembre próximo.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, la ampliación del plazo investigativo de 48 horas a 90 días fue autorizado por el Poder Judicial durante dos audiencias especiales de “garantías constitucionales”, las que se abrían celebrado el miércoles nueve de junio, en el caso de Félix Maradiaga, y el jueves diez de junio, en el caso de Juan Sebastián Chamorro. En ninguna de las audiencias estuvieron presentes los abogados de los precandidatos opositores.
Maradiaga, precandidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco, es “investigado por desarrollar actividades ilícitas a través de la Fundación Libertad”, dice la nota del Ministerio Público. Fue detenido el 09 de junio pasado, luego de acudir a una citatoria de la Fiscalía. Desde entonces sus familiares no han logrado comunicarse con él y su abogado, Roger Reyes, gestionaba un recurso de exhibición personal cuando se enteró que las autoridades ya habían realizado la audiencia sin tomarlo en cuenta.
Algo similar ocurrió en el caso de Chamorro, precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, quien fue arrestado en su vivienda la noche del 09 de junio. Según la Fiscalía, Chamorro es “investigado por la posible comisión de actos ilícitos a través de Funides”. Además, “presuntamente ha realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de Nicaragua y que ha incitado públicamente a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo o gestionado bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones y ha demandado, exaltado y celebrado la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos” dice el comunicado.
El abogado Elton Ortega, defensor de Chamorro, supo de manera extraoficial sobre la audiencia en contra de su defendido por lo que se presentó al Complejo Judicial de Managua, pero no lo dejaron entrar.
En las últimas dos semanas el régimen ha emprendido una cacería contra los principales líderes opositores. Los primeros en ser detenidos fueron los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro Barrios y Arturo Cruz. Ella está siendo procesa por supuesto lavado de dinero a través de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro y él es “investigado” en el marco de la ley 1055, al igual que los otros precandidatos.
También permanecen detenidos los opositores: José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); José Pallais, abogado constitucionalista y miembro de la Coalición Nacional y Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ellos, al igual que los precandidatos, son “investigados” por supuestamente haber infringido la Ley 1055, de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Policía solo recibe el agua
Según el abogado Ortega, quien también representa a Cruz y Aguerri, los familiares de los detenidos le reportaron que la Policía dejó de recibir los alimentos para sus defendidos y desde el mediodía del jueves las visitas al complejo policial Evaristo Vásquez, conocido como el “nuevo Chipote”, han sido infructíferas porque solo les reciben las botellas de agua.
Ortega explicó que no ha logrado comunicarse con sus representados Chamorro y Aguerri, pero conoció que el expresidente del Cosep también habría sido llevado a los juzgados la tarde del jueves, por lo que le resultó “extraño” que el Ministerio Público no lo haya mencionado en su comunicado.
Mientras tanto, la esposa de José Pallais, Jilma Herdocia, denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que el abogado fue trasladado desde la ciudad de León hasta “el nuevo Chipote” en Managua. Dos días después del arresto no ha podido verlo, pero tuvo conocimiento que “su salud se ha descompensado” porque padece diabetes y presión arterial alta.
Además, la esposa de Pallais refirió que los oficiales no le permitieron pasarle medicinas, ni comida, “solo agua”, enfatizó. Ante esta situación, “el Cenidh responsabiliza a las autoridades de lo que pueda pasarle a José Pallais, exigimos su excarcelación inmediata y la de todos los reos de conciencia en Nicaragua”.
Eurodiputados advierten a Ortega que expulsarían a Nicaragua del Acuerdo de Asociación
Por Yader Luna
Un grupo de eurodiputados envío una carta al presidente Daniel Ortega, en la que advierten que si no se garantizan unas elecciones “transparentes, libres y justas”, el próximo siete de noviembre en Nicaragua, podría ocurrir un escenario similar a Venezuela cuando la Unión Europea (UE) desconoció las elecciones consideradas fraudulentas, lo que en el caso del país podría significar la salida del Acuerdo de Asociación (AdA) que mantienen con Centroamérica.
“La Unión Europea apoya al pueblo de Nicaragua a través de los programas de cooperación y queremos seguir apoyando, pero eso dependerá que el país recobre las sendas de la democracia y de una paz verdadera. Y está en sus manos de que así sea”, expresan en la carta firmada por ocho parlamentarios europeos.
En la misiva apuntan que “mantener que cualquier fuerza política tiene el apoyo del pueblo únicamente se puede fundamentar en el resultado de unas elecciones libres y democráticas”.
Por ello, proponen una serie de “medidas inclusivas” como la liberación de los presos políticos, la restauración del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la aprobación de las reformas electorales necesarias ya indicadas por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los eurodiputados que firman la carta son: Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo; David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores; Javier Nart y Jens Gieseke, primer y segundo vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica respectivamente.
También firman Hilde Vautmans, coordinadora de Renew Europe en la Comisión de Asuntos Exteriores; Leopoldo López Gil, coordinador del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en la Delegación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT); Juan Ignacio Zoido Álvarez y Gabriel Mato, miembro y suplente de la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica respectivamente.
Preocupados por últimos atropellos
En la carta los eurodiputados lamentan los últimos acontecimientos ocurridos en Nicaragua como las reformas electorales “que no responden a los parámetros democráticos de la comunidad internacional, la nominación de un Consejo Supremo Electoral, cuyos magistrados son militantes y simpatizantes del partido en el poder; el despojo arbitrario de la personalidad jurídica del Partido Conservador y del Partido de Restauración Democrática que deja los votantes en la Coalición Nacional sin el partido de su preferencia”.
Además, los legisladores expresan su preocupación por la detención arbitraria de precandidatos opositores, el segundo allanamiento ilegal a las oficinas de CONFIDENCIAL y la “persecución judicial y la criminalización a periodistas independientes” lo que consideran “es un atropello más a la libertad de expresión e información“.
“Todos estos hechos refuerzan la idea de la voluntad de su Gobierno de mantenerse en el poder, violentando las aspiraciones de un pueblo nicaragüense de elegir a sus autoridades, vivir en libertad, paz y democracia”, indican.
En la carta manifiestan que los próximos comicios “son la oportunidad para dar fin y resolver pacíficamente la profunda crisis política que vive Nicaragua” y por eso instan a implementar la propuesta de reformas electorales aprobada mediante una Resolución en la Asamblea General de la OEA en octubre de 2020 y cuyo vencimiento finalizó el pasado 31 de mayo.
“Las leyes que usted ha enviado a la Asamblea Nacional, la forma en que se comportan la Policía Nacional y los paramilitares que reprimen cualquier expresión mínima de protesta ciudadana, la existencia y maltrato de prisioneros políticos, proyectan a un Estado que no respeta ninguna de las libertades consignadas en los instrumentos del derecho internacional y contradice el espíritu democrático“, le recriminan a Ortega.
UE advierte de “más medidas restrictivas”
El alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, condenó “firmemente las acciones de las autoridades nicaragüenses contra partidos políticos de oposición, medios de comunicación, periodistas, defensores de derechos humanos y sociedad civil, incluyendo la detención sistemática y el arresto de posibles candidatos presidenciales y líderes de la oposición”.
“El uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la exclusión arbitraria de partidos de oposición contradicen los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense bajo la Constitución de Nicaragua y el derecho internacional”, expresó.
También dijo que estas acciones “socavan aún más la credibilidad del proceso electoral, obstaculizado por una reforma electoral que no cumple con las recomendaciones de las Misiones de Observación Electoral de la OEA y la UE, y que no ha sido resultado del diálogo entre el Gobierno y la oposición”.
Borrell detalló que la UE “seguirá atentamente la situación en Nicaragua y está dispuesta a utilizar todos sus instrumentos, incluidas medidas restrictivas adicionales”.
A la vez declaró que “trabajará con la comunidad internacional para defender el diálogo y la democracia como un paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas y promover el respeto del Estado de derecho y los derechos humanos en Nicaragua”
Asimismo, Borrell instó al Gobierno a “derogar las leyes restrictivas, incluida la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”.
La UE pidió la liberación inmediata e incondicional de los posibles candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, los líderes opositores José Adán Aguerri, José Pallais y Violeta Granera y todos los demás presos políticos.
“Solo el pueblo nicaragüense tiene el derecho de elegir a sus representantes a través de un proceso electoral creíble, incluyente y transparente, sin injerencias de las autoridades”, insistió en su declaración.