Una factura sospechosa enviada al gobierno de Brasil por una empresa fantasma de Singapur para pagar la vacuna Covaxin se ha convertido en la “punta del iceberg” de una trama que puede llevar nuevamente al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro a un nuevo intento de juicio político con fines de destitución.
Una factura sospechosa enviada al gobierno de Brasil por una empresa fantasma de Singapur para pagar la vacuna Covaxin se ha convertido en la “punta del iceberg” de una trama que puede llevar nuevamente al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro a un nuevo intento de juicio político con fines de destitución.
Toda esta polémica llega en un momento frágil de Bolsonaro, a falta de un año y medio para las elecciones presidenciales, a las que pretende presentarse y que estaría perdiendo ante el ex presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
¿Qué es el #CovaxinGate?
La investigación en torno a posibles fraudes en la negociación de la vacuna india contra la covid-19 ha estrechado el cerco sobre Bolsonaro, salpicado por las supuestas irregularidades en el contrato de intención de compra de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin, desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biotech.
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) fue instalada hace dos meses por el Senado para determinar las responsabilidades del gobierno en la gestión de la pandemia que ya se ha cobrado más de 500 mil vidas en Brasil.
El escándalo se centra en el proceso de negociación para adquirir la vacuna india, durante el cual Luis Ricardo Miranda —jefe de importaciones del Ministerio de Salud de Brasil—, y su hermano Luis Miranda —diputado afín al gobierno de Bolsonaro— donde denunciaron “presiones atípicas” de sus jefes “a todas horas” para llevar a buen puerto la operación, además de “inconsistencias” en los documentos de compra.
La factura de 45 millones de dólares, por tres millones de dosis de la vacuna Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech, aterrizó el 18 de marzo en el escritorio de Luis Ricardo Miranda. El asunto tiene varias aristas. Se sospecha de la intervención de grupos de cabildeo.
La vacuna aún no había sido entregada. Pero lo que intrigó a Miranda, que se negó a autorizar su pago, fue que el contrato, por un monto total de 300 millones de dólares, al que correspondía esa factura no mencionara a Madison Biotech, la firma radicada en Singapur que la envió y que sería una empresa fantasma, y según información recibida por la comisión, tiene un capital declarado de escasos mil dólares.
Pronto surgieron otras irregularidades en el acuerdo y el gobierno acabó por cancelar la operación. Según el diario O Estado de São Paulo, Bharat Biotech inicialmente cotizó la dosis de la vacuna a 1.34 dólares, pero Brasil acordó pagarla a 15 dólares, más que por ninguna otra que haya comprado.
A diferencia de otras tratativas con laboratorios, que demoraron más de seis meses y fueron contactos directos, en el caso de Covaxin el negocio se concretó en 90 días, a través de intermediarios y por valores superiores al de otras vacunas negociadas por el gobierno, que en este caso totalizaban 320 millones de dólares.
También existe un “intermediario” local del negocio, identificado como Francisco Maximiano, investigado por corrupción y dueño de una empresa que ya “vendió” al gobierno medicamentos que jamás entregó.
Luis Ricardo Miranda planteó sus preocupaciones a su hermano, Luis Miranda, en que Bolsonaro los habría recibido a ambos el 20 de marzo en el Palacio de Planalto, la residencia oficial. Según contaron los Miranda ante la CPI, Bolsonaro les habría asegurado que enviaría el caso a la Policía Federal. Aparentemente nunca lo hizo.
“Hubo varias señales de alerta”, según Luis Miranda, quien testificó el 25 de junio ante la CPI. El congresista aseguró que le expresó al Bolsonaro su preocupación por el impacto político del caso y su sospecha sobre el autor del esquema.
“Si interfiero con esto, sabes qué tipo de mierda va a provocar. Este debe ser un trato de Fulano de Tal”, contó el diputado Miranda ante los legisladores de la comisión.
Presionado por los senadores para identificar a Fulano de Tal, el congresista insistió en que no lo recordaba, hasta que, al borde de las lágrimas, acabó por revelar el nombre: Ricardo Barros, el ex ministro de Salud en el gobierno de Michel Temer y un poderoso diputado que encabeza la bancada progubernamental.
“Me van a perseguir. Ya lo perdí todo. Sé lo que me va a pasar”, dijo Miranda, quien había llegado a la sesión con chaleco antibalas y se dijo “decepcionado” con Bolsonaro y con la anunciada intención del gobierno de acusarle de “calumnias” ante los tribunales. “No entiendo tanta rabia con quien está ayudando a combatir la corrupción”, declaró.
Barros, quien es uno de los líderes del Centrão en el Congreso de Brasil, negó haber cometido cualquier ilegalidad, al igual que Bolsonaro, quien alega que el contrato al final se canceló y acusa a los hermanos Miranda de una campaña de desprestigio contra él.
Dato.
¿Qué es el Centrão?
Es un heterogéneo grupo de partidos aparentemente moderados, pero ideológicamente conservadores, pero que están especializados en aliarse al mejor postor con un grupo político a cambio de negociarventajas presupuestarias.
Según el legislador, Bolsonaro parecía ser consciente de la trama al responderle que eso era un “rollo” del diputado Ricardo Barros, quien actualmente es el jefe del Gobierno en la Cámara Baja.
El caso ya despertó hace dos meses las sospechas del Ministerio Público, que abrió una investigación “preliminar”, y del Tribunal de Cuentas, que fiscaliza el gasto público y pidió explicaciones sobre “algunas impropiedades” en el contrato con Bharat Biotech.
¿Qué podía pasar ahora con Bolsonaro?
Bolsonaro descalificó el 26 de junio a la comisión parlamentaria tras la investigación del #CovaxinGate, esto en un punto bajo de su presidencia en la que cuenta con baja aprobación por su postura negacionista de la pandemia.
“No sirve de nada que ataquen, inventen o quieran calumniarnos porque no lo conseguirán. Solo una cosa me saca de Brasilia, nuestro Dios. No van a ganar en los despachos, ni inventando narrativas”, declaró Bolsonaro en un acto en la ciudad de Chapecó, al sur del país.
En este contexto, la cúpula de la CPI planea ahora informar al Supremo Tribunal Federal de Brasil para que tome las medidas correspondientes ante los indicios de un supuesto delito de “prevaricación” cometido por Bolsonaro.
“Hasta ahora habíamos comprobado que hubo omisiones en la compra de vacunas, una estrategia deliberada por la inmunidad de rebaño (a través de los contagios) y un gabinete paralelo negacionista. Lo único que no sabíamos hasta ahora es que todo eso era por dinero”, denunció el vicepresidente de esa comisión, el senador Randolfe Rodrigues.
¿Qué es la prevariación?
El delito de prevaricación consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley, comparables al incumplimiento de deberes y omisión.
En el caso de Bolsonaro, sería acusado por no cumplir con la disposición comunicarse legalmente por una autoridad competente ante la acusación de los hermanos Miranda; en este caso: la policía, el Congreso de Brasil o la Corte Suprema.
La investigación parece moverse así hacia el ámbito criminal, aunque los observadores consideran poco probable que el titular de la Procuraduría General de la República, Augusto Aras —aliado de Bolsonaro— pida la apertura de una indagatoria en la corte suprema.
El problema más inmediato para el presidente es el diputado Ricardo Barros. Si lo protege, Bolsonaro arruinará la plataforma anticorrupción que lo ayudó a ganar la presidencia en 2018. Si lo abandona, corre el riesgo de romper su alianza con el Centrão.
Esa alianza ha protegido al presidente de la apertura de alguna de las más de cien peticiones de juicio político, con fines de destituirlo del cargo, que se acumulan en su contra en la Cámara de Diputados.
“Barros podría comenzar a presionar a su partido para que rompa con Bolsonaro, en un momento en que Bolsonaro está perdiendo popularidad y el impulso del juicio político cobra fuerza”, dijo Michael Mohallem, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas.
“Fue la primera gran bomba” que salió a la luz en los dos meses de trabajo de la CPI, Geraldo Monteiro, politólogo de la Universidad Estatal de Río de Janeiro.
“Habíamos tenido testimonios que mostraban la negligencia y el negacionismo del gobierno, pero nada realmente serio que pudiera llevar a un juicio político al presidente”, agregó.
Esperando un desenlace del enredo, en las redes sociales se ha popularizado el hashtag #CovaxinGate. Y un mensaje se ha vuelto viral: “Covaxin es tan fuerte que va a derrocar a Bolsonaro”. La oposición convocó protestas el miércoles y el sábado, para reclamar nuevamente el juicio político contra Bolsonaro.
El “ajuste” de gabinete que no sopesó el desgaste contra Bolsonaro
Bolsonaro relevó en los últimos meses a sus tres ministros más polémicos para tratar de mejorar la desastrosa imagen de Brasil y complacer a sectores que le permitan evitar el juicio político y reelegirse en 2022.
Los cambios de ministros de Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Salud son sin embargo principalmente cosméticos, señalaron los expertos, que excluyen grandes giros en la lucha contra la deforestación o contra la pandemia de covid-19
El último en caer, el 23 de junio, fue el titular de Medio Ambiente, Ricardo Salles. Su permanencia se había vuelto insostenible después que el Supremo Tribunal Federal ordenara investigar su supuesta relación con operaciones de tala y contrabando ilegal de madera.
A Salles le llovieron las críticas de la comunidad internacional y de grupos ambientalistas, que le acusaban de fomentar el alarmante repunte de la deforestación amazónica, de reducir los presupuestos de los organismos de control y de preconizar la explotación de los recursos económicos en áreas protegidas.
También el sector del agronegocio consideraba que esa política ambiental dañaba la imagen de una potencia exportadora como Brasil y dificultaba la ratificación en Europa del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur.
A Salles se le ensombreció aún más el panorama con la elección del presidente estadunidense Joe Biden, comprometido en la lucha contra el calentamiento global, en contraste con su antecesor Donald Trump, un aliado de Bolsonaro.
Para el politólogo Thiago Vidal, de la consultora Prospectiva, los relevos de Ernesto Araújo (Ministerio de exteriores) y Eduardo Pazuello (Ministerio de Salud) habían sido “un gesto” de Bolsonaro hacia el Centrão. Pero con la investigación sobre el #CovaxinGate puede cambiar el rumbo de esta relación.
“El hecho de que esos tres ministros tuvieran mucha resistencia afuera pesó mucho en la decisión de Bolsonaro de sustituirlos, aunque también hubo factores internos”, afirma Oliver Stuenkel, de la Fundación Getulio Vargas. Pero que habían sido “son cambios más de apariencia que de esencia”, agrega.