La niñez en el infierno en que el régimen israelí convirtió a Palestina

Por Leandro Albani

“Gaza tiene un millón de niños, muchos necesitan asistencia. Pedimos la entrega inmediata de ayuda humanitaria sin obstáculos a la Franja de Gaza, muchos niños necesitan salud, agua y educación urgente. La falta de asistencia tendrá consecuencias nefastas para los niños”, comunicó hace casi dos semanas el departamento para Palestina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Esta demanda, que es urgente, se suma a otros miles de reclamos similares, emitidos por diferentes agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como también por diferentes organismos internacionales y hasta gobiernos de todo el mundo. Por más que este nuevo pedido estremece, los países que, en mayor o menor medida, blindan al poder del Estado israelí no se inmutan.

Porque si la Franja de Gaza es el infierno mismo sobre la tierra, la responsabilidad de esta situación es exclusiva de Israel con las medidas económicas y militares que aplica sobre esa pequeña franja de tierra sobre el mar Mediterráneo.

La demanda de UNICEF se produjo luego de que Lynn Hastings, la coordinadora humanitaria de la ONU para el territorio palestino ocupado, visitara Gaza. El viernes pasado, la funcionaria denunció que la prohibición israelí para dejar pasar suministros a la franja pone en peligro a los dos millones de palestinos y palestinas que viven hacinados (y bombardeados) en el territorio, de apenas 340 kilómetros cuadrados.

UNICEF alertó que “sin un retorno a la entrada regular y predecible de mercancías en Gaza, la capacidad de la ONU y nuestros socios para realizar intervenciones críticas está en riesgo, al igual que los medios de vida y los servicios básicos para la gente de Gaza”.

Hastings reiteró (¿cuántas veces más vamos a tener que escuchar lo mismo?) que tiene Israel la obligación de cumplir con sus compromisos con respecto al derecho internacional humanitario. La funcionaria recordó que Tel Aviv debe cumplir con la Resolución 1860, votada por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2009, en la que se estipula, entre otras cuestiones, “la necesidad de garantizar una corriente sostenida y regular de bienes y de personas a través de los pasos fronterizos de Gaza”.

Las palabras de la funcionaria de UNICEF y el comunicado del organismo, como bien podemos imaginar, ahora están en lo más profundo del tacho de basura de la comunidad internacional.

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La Franja de Gaza es territorio arrasado. Pero por más que Israel se empecine en bombardear ese territorio, los palestinos y las palestinas que viven en esa inmensa cárcel a cielo abierto renacen, una y otra vez, desde los escombros y el dolor.

Esto quedó demostrado durante los últimos ataques masivos ordenados por el ahora malogrado ex primer ministro Benjamín Netanyahu. En plena pandemia de coronavirus, la aviación descargó la última tecnología militar –siempre financiada por Estados Unidos y Europa- sobre la franja. El resultado de la invasión, que se extendió del 6 al 21 de mayo de este año-, fue la misma de siempre: la muerte de 253 palestinos y palestinas, incluidos, al menos, 67 menores de edad.

Bloqueada desde 2007 por Israel –con la complicidad de Egipto-, la Franja de Gaza es el ejemplo más claro de lo que es capaz un Estado ocupante sobre un pueblo. La tierra violada, la población diezmada, la paranoia como forma de control social y la niñez a la buena de un dios que –de existir-, por lo visto, se regodea en el dolor ajeno.

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A principios de julio, el Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos (Euro-Med) difundió una investigación en la que aseguró que el 91 por ciento de los menores de edad en Gaza sufren trastorno de estrés postraumático debido a los ataques israelíes.

Bajo el título One War Older, Euro-Med Monitor detalló en el informe que alrededor del 50 por ciento de la población total de la franja son menores de 15 años. Sobre la última invasión de Israel, el organismo europeo explicó que los ataques de Tel Aviv fueron “desproporcionados” contra barrios residenciales densamente poblados, en su mayoría, por niños, niñas y mujeres.

En la investigación, se pudo constatar que 241 menores de edad perdieron a uno o ambos padres como resultado de los bombardeos. A esto, hay que sumar que alrededor de 5.400 niños y niñas quedaron sin sus hogares, destruidos por los bombardeos, mientras que 42.000 menores sufrieron daños parciales en sus casas.

Tras cinco semanas de relevamientos en Gaza, Euro-Med Monitor documentó cientos de casos, con los cuales pudieron calcular que 72.000 niños y niñas fueron desplazados internamente a escuelas de la UNRWA o a hogares de familiares durante los ataques israelíes. En la actualidad, 4.000 infantes siguen desplazados.

En el informe, también se indicó que cerca de 2.500 mujeres embarazadas, que parirán en los próximos tres meses, podrían sufrir complicaciones en el parto, probablemente como un efecto directo o indirecto de los ataques.

Mariam Dawwas, investigadora de campo de Euro-Med y desplazada con su hija después de que aviones de combate israelíes atacaran el edificio donde vivía, declaró lo siguiente: “No hay mucha diferencia con los tres ataques militares anteriores sobre Gaza, excepto por una cosa. Hoy fui una de las que documenté y fotografié mi propia tragedia. Corrí con ellos y grité en busca de mi pequeña hija, y salí de mi casa después de que un avión de combate israelí atacara el edificio”.

Las palabras de Mariam seguramente también fueron a parar al tacho de basura de la comunidad internacional.

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La suerte de los niños y las niñas de Cisjordania no es mucho mejor que en Gaza. En ese “otro pedazo” de la Palestina histórica, dividido en bantustanes, fragmentado por los puestos de control militar israelíes, semi-gobernado por una casta política (representada en la Autoridad Nacional Palestina) deslegitimada, asediado y acosado por los colonos judíos de extrema derecha, donde la población es desplazada diariamente por la fuerza, en ese territorio que congrega los símbolos más potentes de las tres principales religiones monoteístas, en ese lugar que, en teoría, está bajo jurisdicción internacional, los niños, las niñas y adolescentes sobreviven dentro de un coto de caza en el cual el cazador no es una persona, sino la fuerza militar israelí, una de las más modernas, sofisticadas y mortales del mundo.

En abril pasado, la Sociedad Palestina de Prisioneros (PPS) denunció que, en lo que iba del año, Israel había arrestado a 230 niños y niñas palestinas. En un informe público, la PPS alertó que los menores de edad encarcelados “carecen de los derechos más básicos”. El organismo de derechos humanos apuntó que los arrestos se concentraron en la ciudad ocupada de Jerusalén. “Los niños encarcelados son sometidos a diversas formas de abuso, que incluyen la negación de comida o bebida durante muchas horas, abuso verbal y detención bajo duras condiciones”, añadió el informe.

En la misma línea de denuncia, la rama palestina Defensa para los Niños Internacional (DCI) reportó que el 85 por ciento de los niños y las niñas arrestadas en 2020 fueron “sometidos a violencia física”. Este movimiento global, que promueve los derechos de los niños, agregó que pudo documentar 27 casos en los que las fuerzas de ocupación israelíes detuvieron a niños en régimen de aislamiento, una práctica equivale a “tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. DCI advirtió que, en 2015, Tel Aviv emitió órdenes de detención administrativa (sin cargos ni juicios) contra 36 niños, desde octubre de 2015, dos de los cuales aún se encuentran detenidos.

En el primer semestre de 2021, el estado israelí arrestó a casi 1.700 palestinos y expulsó a otros 365 en Jerusalén Este, zona ocupada desde 1967, según el Centro de Información Wadi Hilweh (CIWH). De la cifra total, cinco son niños menores de 12 años de edad, 85 mujeres, de las cuales 15 son menores de edad, y 394 adolescentes. En el CIWH, advirtieron que estos registros no tienen precedentes y se acrecentaron en los meses de mayo y junio, debido a los ataques israelíes en la mezquita de Al Aqsa, la Puerta de Damasco y el barrio de Sheikh Jarrah, donde los colonos judíos expulsaron de sus hogares a varias familias.

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En mayo, diferentes agencias de la ONU demandaron a Israel a liberar a los menores de edad, teniendo en cuenta la actual pandemia de coronavirus.

En un comunicado conjunto, Jamie McGoldrick, coordinador humanitario de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados; James Heenan, jefe de Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y Geneviève Boutin, representante especial de UNICEF para Palestina, recordaron que, a finales de marzo -en pleno pico de la pandemia-, 194 menores palestinos estaban arrestados en cárceles y centros de detención israelíes, una cifra “más alta del promedio mensual de niños detenidos en 2019”.

Los funcionarios señalaron que la mayoría de los menores de edad estaban en prisión preventiva, sin condena firme por ningún delito y sin acceso a ver a sus familiares o abogados. A esto, agregaron que los niños, niñas y adolescentes tienen “un mayor riesgo de contraer la COVID-19”, porque en los centros penitenciarios es más difícil mantener el distanciamiento físico y otras medidas de prevención.

Para las agencias de la ONU, esta situación extrema a la que son sometidos los menores de edad les causa “sufrimiento psicológico”, les impide recibir “el asesoramiento al que tienen derecho” y supone una “mayor presión” que, en muchos casos, les lleva a “incriminarse” y a “declararse culpables” para “ser liberados” más rápido.

Cifras, informaciones oficiales, historias concretas, resoluciones internacionales violadas por un Estado ocupante, y muchas más y más cifras, conforman un mapa detallado (y siniestro) sobre la política que aplica Israel contra los menores de edad en Cisjordania y Gaza. En ese mapa de la ocupación, todas las pruebas están a la vista. Por el momento, difundirlas y comunicarlas parece ser una de las pocas posibilidades de rescatarlas del tacho de basura de la comunidad internacional.

*Por Leandro Albani para La tinta

Fuente: https://latinta.com.ar