Hace 50 años el régimen sionista deportó a dos campos de concentración en la península del Sinaí, entonces territorio egipcio ocupado, a centenares de palestinos de la franja de Gaza. Se trataba de mujeres, niños y personas mayores, familiares de activistas nacionalistas buscados por el Ejército, a quienes se detuvo para forzar a los sospechosos a entregarse y disuadir a otros civiles de sumarse a la insurgencia contra la ocupación. También hubo muchos jóvenes desocupados, de quienes se temía que pudieran enrolarse en las milicias del grupo Fatah. Documentos que han estado bajo secreto oficial han sido ahora desclasificados por una investigación en Israel del Instituto Akevot que estudia la ocupación israelí, y publicados el jueves por el diario Haaretz.

El contenido de los archivos que ahora ven la luz revela que, en 1971, la península del Sinaí fue utilizada como prisión a cielo abierto para exiliar a cientos de palestinos sin necesidad de presentar cargos contra ellos. “Permanecieron lejos de sus hogares, aislados del mundo durante meses, en condiciones descritas como extremas y sufriendo repercusiones sobre su salud mental”, reza la presentación del informe de Akevot, que ha sido divulgado a través de un podcast en hebreo.

Los campos de concentración se situaban en Abu Zenima, en la árida costa del golfo de Suez, y en Nejel, en el desierto central de la península del Sinaí, que Israel ocupó en 1967 en la Guerra de los Seis Días y de donde no se retiró hasta 1982, tras la firma del acuerdo de paz con Egipto en 1979. El primero fue un centro de internamiento para familiares de militantes de Fatah, la organización nacionalista fundada entre otros por Yasir Arafat, líder histórico palestino.

El segundo fue una especie de reformatorio para vagos y maleantes, en el que se pretendía reciclar a la fuerza a jóvenes parados de la franja de Gaza con la intención de reenviarlos a Cisjordania como fuerza de trabajo dócil y alejarlos de paso de la tentación de alistarse en las filas de Fatah. En ninguno de los casos se presentaron acusaciones formales contra los deportados a los campos de concentración. Los supervivientes aún sufren las consecuencias de las duras condiciones de detención, que la Cruz Roja calificó de “insoportables”.

El genocida Ariel Sharon, quien llegó a ser primer ministro tres décadas más tarde y que por entonces estaba al mando del Comando Sur de las Fuerzas Armadas, fue quien dio la orden de “erradicar el terror”, según los documentos desclasificados, tras una serie de atentados contra israelíes en la franja de Gaza. La muerte de dos niños en un ataque con una granada de mano cuando el vehículo de sus padres se extravió en la capital gazatí desencadenó la dura reacción del Ejército en enero de 1971.

Fuente: El País de España