Al disminuir el furor por los bombardeos israelíes sobre Gaza, también disminuyó la atención de la comunidad internacional, dejando a los residentes palestinos de Sheikh Jarrah ante una abominable propuesta de "compromiso" del Tribunal Supremo del ente de ocupación israelí.

El tribunal sugirió que cuatro familias palestinas que se enfrentaban a desalojos cedieran la propiedad de sus inmuebles al grupo de colonos ilegales  Nahalat Simon, a cambio de lo cual serían reconocidos como "inquilinos protegidos". Esta propuesta no supone ningún compromiso: los palestinos estarían pagando un "alquiler" anual para potenciar la supremacía ilegal de los colonos ilegales  israelíes sobre las tierras y viviendas palestinas, mientras que la "concesión" de los colonos ilegales es exigua dado que el régimen sionista debe su existencia a la limpieza étnica y al desplazamiento forzado del pueblo palestino. Esta propuesta no hace más que retrasar los desalojos.

Los palestinos han rechazado el supuesto compromiso y el Tribunal Supremo del ente sionista ha aplazado su veredicto, aunque el aplazamiento bien puede constituir una aproximación prolongada al finalmente inevitable deterioro de los derechos de los palestinos sobre su propia tierra. Para que los palestinos tengan garantizada la propiedad, el Tribunal Supremo debe fallar a favor de los derechos territoriales palestinos, que ya existían mucho antes de que el movimiento de colonos ilegales se convirtiera en una importante herramienta para la expansión del Estado colonial.

Sin embargo, lo más probable es que los palestinos se queden solos ante la supremacía de los colonos ilegales  y la falta de compromiso de la comunidad internacional ante la última táctica de expansión colonial ilegal del régimen israelí. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha recomendado que no se produzcan desplazamientos forzados en Sheikh Jarrah, pero su declaración no tiene ningún peso en comparación con los miles de millones de dólares que el Tesoro estadounidense entrega a Israel cada año en apoyo de su expansión colonial.

La Autoridad Palestina, deseosa como siempre de hacer una declaración sin sentido en lugar de apoyar a los palestinos que se enfrentan a los desalojos, acusó al poder judicial de Tel Aviv de complicidad con la agenda de limpieza étnica del Estado. Y sin embargo, la propia posición política de la AP fomenta el colonialismo ilegal israelí, ya que está comprometida con el compromiso de los dos Estados.

Tal y como están las cosas, los residentes de Sheikh Jarrah se enfrentan al régimen israelí y a sus colonos ilegales sin el apoyo político de la AP o de la comunidad internacional. La sugerencia del tribunal no ofrece ninguna protección a los palestinos; de hecho, los deja a merced de una organización de colonos ilegales cuyo objetivo es desplazar al mayor número posible de palestinos de las tierras palestinas. Lo que está ocurriendo en Sheikh Jarrah es una continuación del desplazamiento realizado por los paramilitares sionistas durante la Nakba. Israel sabe que no puede usar la fuerza como lo hizo hace décadas, pero sus instituciones están en sintonía con el proceso colonial y no hay desconexión entre la intención del Estado, la violencia de los colonos ilegales y la parcialidad judicial para gestionar la expulsión de los palestinos.

Las familias palestinas han rechazado con razón la propuesta del tribunal, que reconoce la propiedad israelí y legitima el primer paso para convertirlos en refugiados. El compromiso es sólo para tres generaciones de palestinos; no es permanente. Además, sabemos que el Estado nunca penalizará a los colonos ilegales que decidan ignorar cualquier acuerdo, entre otras cosas porque el Estado colono-colonial necesita por definición colonos si quiere expandirse por la tierra palestina. Sheikh Jarrah es un ejemplo contemporáneo de la expansión colonial sigilosa, que ilustra cómo Israel ha actualizado sus métodos incluso cuando la comunidad internacional regurgita las mismas declaraciones sobre la paz y los dos Estados, sin tener en cuenta las continuas violaciones de los derechos humanos por parte de Israel. El lenguaje de compromiso del Tribunal Supremo, después de todo, es lo que la comunidad internacional ha aplicado sistemáticamente para garantizar la pérdida de tierras y derechos del pueblo palestino, porque los compromisos siempre se esperan de los colonizados, nunca de los colonizadores.

Fuente: MEMO