Las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y populares abajo firmantes, hacemos un llamamiento conjunto en favor de requerir a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y a la Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales (MCU) en el disfrute de los derechos humanos Alena Douhan, que solicite formalmente al Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) el levantamiento incondicional de las medidas coercitivas unilaterales que ha venido desarrollando contra el país.

Desde el año 2014 el Gobierno de Estados Unidos ha venido aplicando un gran número de medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela, que de manera arbitraria y unilateral producen efectos jurídicos y responsabilidad internacional por parte de quien las aplica, y configuran un delito de lesa humanidad ya que dificultan el acceso a bienes y servicios necesarios para el desarrollo social del pueblo venezolano, además de violar el derecho internacional, y el principio de autodeterminación del pueblo.

Durante los últimos años, el régimen de Estados Unidos y la Unión Europea, han incrementado sus agresiones contra Venezuela, comprometiendo las capacidades de respuesta del Estado venezolano ante las dificultades derivadas de la emergencia sanitaria global que representa el virus de la COVID-19, dificultando a las instituciones estatales cualquier iniciativa para comprar las vacunas requeridas, impidiendo el acceso a sus propios recursos depositados en la banca privada internacional.

El objetivo principal del bloqueo financiero de EE.UU., ha sido el negar o impedir a Venezuela el acceso a los medicamentos, alimentos, combustible, servicios, infraestructura esencial, etc. con el fin de provocar una crisis en materia de salud. El bloquear financieramente a un país constituye un Crimen de Lesa Humanidad según la definición dada por el Estatuto de Roma, en su artículo 7. Recientemente, el presidente Joe Biden, ha señalado que se reserva las sanciones de la era de su antecesor, Donald Trump, como opción para mantener al Gobierno venezolano en la mesa de negociaciones.

Tal condicionamiento es ilegal, ilegítimo, inmoral, y criminal, dado que ha sido suficientemente evidenciado por los organismos y relatorías de las Naciones Unidas que tales medidas coercitivas unilaterales “constituyen una violación del derecho internacional”, denegatorias de la igualdad soberana de los Estados, constituyendo una intervención en los asuntos internos de Venezuela. En este sentido, la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU –del 24 de octubre de 1970– reafirma la igualdad soberana de los Estados, la libre determinación de los pueblos y la obligación de todo Estado de no intervenir en los asuntos que no sean de su jurisdicción interna, estableciendo que: “…ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado, a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener él ventajas de cualquier otro. Todo Estado tiene el derecho inalienable de elegir su sistema político, económico, social y cultural sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado”.

En suma, la aplicación de MCU ha implicado un bloqueo de facto contra Venezuela, que infringe las obligaciones contraídas por los países que las imponen en materia de derechos humanos , y que ha tenido como propósito atacar la economía venezolana para acrecentar la presión sobre el país, dificultando la capacidad del Estado venezolano de ejecutar sus responsabilidades internacionales en materia de derechos sociales, en particular las políticas de alimentación, salud, vida, educación, y el desarrollo –agravada por el contexto de la pandemia de la COVID-19–, ya que como efecto del bloqueo los ingresos del Estado se contrajeron en un 99% y el país actualmente vive con el 1% de sus ingresos.

Por último, señalamos que en el Informe realizado por la Relatora en su visita a Venezuela, la alta funcionaria recordó a todas las partes su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales. La Relatora Especial les insta a que resuelvan cualquier disputa a través de las instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.

En favor de este llamamiento, abajo firman:

Organizaciones

Sures
Fundalatin
Rompiendo la Norma
Asociación Venezolana de Juristas
Red Venezolana de Derechos Humanos
Movimiento Internacionalista Puente Sur
Foro Itinerante de Participación Ciudadana. Venezuela
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Asamblea Nacional SINOLAN. Venezuela
Fundación Venezolana por el derecho a la Vivienda
Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela, MOCEV. Venezuela
Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz MOMUMAS
Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. Fenaddeh. Venezuela
Red Nacional de Comuneras y Comuneros de Venezuela, RNC.
Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza. Venezuela
. Coordinadora Popular de Caracas William Mantilla. Venezuela
Fundación Embajada de Derechos Humanos
Frente Bicentenario de Mujeres 200. Venezuela
Movimiento Nacional de Amistad mutua Venezuela Cuba
Círculos Bolivarianos Socialistas de Costa Rica
Secretaria Conaicop. Costa Rica
Núcleo Pcoa. Costa Rica
Radio Revolución. Costa Rica
Radio Colombeia. Costa Rica
Radio Ciudadana. Uruguay
Febrero Frenteamplista 2020. Uruguay
Alianza Internacional de los habitantes
Voces en Lucha. Comunicación popular. España
Corriente Peronista Descamisados. Argentina
Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela. México
Organización Mexicanos Unidos. Tlalpan. México
Frente Popular Francisco Villa. México
Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan. México
Colectivo Refundación PAIS.México.
Comité de Solidaridad con Venezuela Xalapa Veracruz. México
Colectivo Regina Martínez De Xalapa Veracruz. México
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Brasil
Coordenação da União Nacional por Moradia Popular. Brasil
Grupo de intervención legal internacional del Centro de investigación y elaboración para la democracia. Italia
Asssociation les amis du Venezuela
Partido Comunista (Suiza). Communist Party (Switzerland)
Partido Popular Socialista de México
Jóvenes Por el Socialismo. Mexico
Movimiento Comunista. Mexico
Centro de justicia uy Paz CPAZ.Ecuador
Derechos Humanos San Oscar Romero, Argentina
Fundación Latinoamericana por la Defensa de los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, FUNDALATIN, Capítulo Argentina
Colectivo Chavismo Sur. Argentina
Mobilization Against War and Occupation (MAWO). Canada
Fire This Time Movement for Social Justice. Canada

Personas individuales

Rosalinda Chanagá.Venezuela
Moisés García. Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela, MOCEV.
William Gudiño, Venezuela
Holger Ortiz. docente UCV. Venezuela
Mario Gil Rodríguez Martínez. Venezuela
Gregorio Ramón Ortega Campos, contador público. Venezuela
Víctor Raúl Castillo. Venezuela
Candelaria Alfonso. Investigador UCV. Venezuela
Ignacio Ramírez Romero. Abogado y defensor de Derechos Humanos. Venezuela
Gladys Manrrique Díaz. Luchadora Social. Venezuela
Sergio Rodríguez Gelfenstein – Politólogo. Venezuela
Raignild Orta. Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz MOMUMAS afiliada a la FDIM.
Reinaldo Iturriza – Sociólogo. Venezuela
Dalia Correa Guía, vocera Frente Universitario Columba Rivas. Valencia, Venezuela.
Virginia King. Defensora de Derechos Humanos. Argentina
Carmen Vallarino-Bracho. Red de Mujeres contra la Discriminación voy la Violencia. Maracaibo, Venezuela.
Bianca Javier. Venezuela
Mireya Otero Silva, luchadora social. Venezuela.
Sonia Boueiri Bassil. Profesora Universidad de los Andes e investigadora CLACSO. Venezuela
Emma Ramírez Linares. Defensora de género. Venezuela
Raignild Orta. Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz MOMUMAS. Venezuela.
Julio Bayo, militante del campo popular. Argentina
Atilio Borón – Politólogo. Argentina
Modesto Emilio Guerrero, periodista Argentina.
Eduardo Medina Guevara. Costa Rica
José Ramírez Aguilar. Costa Rica
Diana Ibarra Marín. Costa Rica
Wilson Arroyo. Costa Rica
Jesús Campos Méndez. Costa Rica
Rubén Suárez secretaria Internacional de Conaicop. Uruguay
Juan Meriguet Martínez. Ecuador
Geraldina Colotti, periodista y escritora. Italia
Dr. Gilberto López y Rivas, profesor investigador del INAH. México
Luis Hernández Navarro.Periodista. México
Gilberto López y Rivas. Antropólogo. México
Alicia Castellanos – Antropóloga. México
Eulogio Ojeda. Nicaragua
Lalu Hanuman, Attorney at law, and former Chairperson of the Barbados. Bar Association’s Human Rights’ Committee. Barbados
Jorge Ariel Sor. Jubilado. Argentina
Miguel Mazzeo – Escritor. Argentina
Professor Bill Bowring. President, European Lawyers for Democracy and Human Rights (ELDH). International Secretary, Haldane Society of Socialist Lawyers (England)
Migdálefer Mazuera. Pastora. Iglesia Presbiteriana. Estados Unidos
Elena Masera Arigoni Magliaso. Suiza
Sergio Grez Toso. Historiador. Chile
Carlos Fernández Liria – Filósofo. España
Ángel Guerra Cabrera – Periodista cubano- mexicano

Fuente: Rebelion