Con la resolución, el funcionario quedó en libertad condicional, con arraigo nacional y firma quincenal, basándose en la hipótesis de legítima defensa.

Así se detalla en el fallo: “Atendido el mérito de los antecedentes que se han expuesto por los intervinientes en esta audiencia y a la luz de las evidencias disponibles, se puede afirmar actualmente que el imputado actuó al amparo de la hipótesis de legítima defensa, de manera que el tribunal señala que concurren todos los elementos del artículo 10 N° 4 del Código Penal, por lo que se revoca la resolución apelada de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno y se hace lugar a la petición de la defensa, en el sentido de aminorar la medida cautelar y en su lugar se sustituye por el arresto domiciliario decretado por firma quincenal en dependencias de Fiscalía local, en el lugar donde se encuentre desempeñando sus servicios y arraigo nacional”.

Es preciso indicar que el lunes se decretó el arresto domiciliario total para sargento segundo de Carabineros, Juan González Iturriaga, formalizado por homicidio simple de Francisco Martínez, joven malabarista.

Desde ese momento permanecía detenido en la tenencia Los Jazmines de Valdivia.

En la instancia, los querellantes solicitaron que el acusado quedara en prisión preventiva, sin embargo, el tribunal acogió la solicitud de la defensa.

Control de identidad

Los hechos se remontan al pasado viernes, cuando en medio de un control de identidad el joven murió abatido por un funcionario de Carabineros.

Según los antecedentes recabados por la Fiscalía de Los Ríos, el artista callejero portaba machetes y se negó al control y amenazó con las armas blancas al funcionario, quien utilizó su arma de servicio y disparó en seis oportunidades, cinco de ellos no letales y el último dio en el tórax del malabarista, lo que habría provocado su muerte. La investigación definitiva tomará cuatro meses.

El actuar policial generó una serie de manifestaciones, una de las cuales derivó en la quema de la Municipalidad de Panguipulli.

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Comisión Chilena de Derechos Humanos añade caso Panguipulli y amplía querella por crímenes de lesa humanidad contra Piñera

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la ampliación de la querella por delitos de lesa humanidad -en curso desde enero 2020- interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique; del ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado Mocarquer; del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli Basili, del general director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez Reveco.

La acción judicial fue ampliada considerando el homicidio del joven malabarista Francisco Martínez Romero, en pleno centro de Panguipulli, cometido el pasado viernes.

De acuerdo al libelo, la omisión de parte de las autoridades de Gobierno en el cumplimiento de las recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUDH) formuló en su informe emitido el 13 de diciembre de 2019, permitió y facilitó, la comisión del crimen que tiene formalizado por homicidio simple al sargento de Carabineros, Juan González Iturriaga.

El recurso se fundamenta en la Ley 20.357, que tipifica y sanciona los crímenes contra la humanidad, que establece que el Estado tiene la obligación de proteger el derecho a la vida, consagrado en distintos instrumentos internacionales, “no realizando ninguna acción tendiente a la privación arbitraria de este derecho, obligaciones que han sido incumplidas desde octubre de 2019, a la fecha”.

El escrito recuerda que cuatro organismos internacionales de Derechos Humanos visitaron Chile en 2019, con el objeto de constatar “las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos que se estaban cometiendo a partir de octubre del mismo año, por parte de agentes estatales en contra de la sociedad civil. Entre otras violaciones a los derechos humanos, consignaron en sus posteriores informes, la privación arbitraria de la vida”, puntualiza.

Agrega que el “informe del ACNUDH, incluyó 21 recomendaciones al Estado chileno, y que a la fecha están incumplidas”, mencionando la obligación de “asegurar efectivamente que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento”, así como “garantizar el uso de métodos no violentos antes de recurrir a armas menos letales, y que éstas sean utilizadas, en todo momento, de plena conformidad con las normas y estándares internacionales”.

“Hoy en Chile, Carabineros de Chile es la institución que contempla la mayor cantidad de denuncias por violaciones a los derechos humanos, incluidas la violación del derecho a la vida, con escasos avances en las investigaciones que permitan acreditar la responsabilidad tanto de los funcionarios involucrados directamente como la responsabilidad de quienes conforman la cadena de mando, incluidas las autoridades políticas, como superiores jerárquicos”, recalca la entidad.

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